Danny Fuentes Espinoza

Un mes después de haber sido condenada por infringir la Ley 20 mil (de drogas), Ana Leiva Salgado fue formalizada ayer por tráfico de drogas, tras ser denunciada por vecinos como la principal comerciante de sustancias ilícitas en la población Óscar Bonilla, en el sector nororiente de Chillán.

La detención de la mujer de 40 años estuvo a cargo de detectives del grupo Microtráfico Cero (MT-0), dependientes de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llegaron a su domicilio cerca de las 21 horas del día miércoles.

Según comentó el comisario Sergio Lara, jefe de la Brianco Chillán, "mediante la investigación y el análisis criminal se comprobó que un grupo familiar se estaba dedicando a la venta de drogas. Ingresando al lugar, se decomisaron mil 400 dosis de cannabis sativa, 2 mil 200 dosis de cocaína base y siete plantas, avaluadas en más de 9 millones de pesos". Además, se encontraron 2 gramos de cocaína.

El oficial dijo que en la familia "tomaban medidas de seguridad con los mismos consumidores, quienes merodeaban el domicilio y actuaban como vigilantes que avisaban cuando se acercaban vehículos policiales o personas extrañas".

La intervención de los detectives se realizó en el domicilio donde existen dos viviendas; en una de ellas se le encontró la mayor parte de la droga a Ana Salgado, junto a elementos de dosificación como una pesa digital, papeles de cuaderno y bolsas.

En la segunda vivienda se detuvo a otro integrante de la red de tráfico, Miguel Ángel Durán, de 29 años, quien sería la mano derecha de Ana Leiva. Asimismo, en el patio de la vivienda se encontraron 7 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento, las cuales supuestamente pertenecían a Ana Salgado, de 67 años, quien es madre de la principal inculpada. De paso, los detectives detuvieron a un cuarto sujeto, quien si bien no tiene nada que ver con el tráfico, mantenía una orden de detención pendiente por el delito de lesiones.

La fiscal Tamara Cuello solicitó en audiencia el arraigo nacional para Miguel Ángel Durán y Ana Salgado, en tanto, para Ana Leiva pidió la prisión preventiva, cuestión que fue acogida por el juez, quien fijó un plazo de investigación de 4 meses. La fiscal, además, señaló que existe una investigación paralela hacia la misma imputada, por lo que se espera que sea reformalizada.

Luego de haber asumido como presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán el día lunes, el ministro Darío Silva Gundelach tomó ayer el juramento de rigor a los tres abogados integrantes designados por el Gobierno para ejercer en el tribunal de alzada durante el año judicial 2018.

La ceremonia se llevó a cabo en dependencias de la presidencia del tribunal de alzada a las 9 horas, instancia en la que prestaron juramento Juan Antonio de la Hoz Fonseca, Gonzalo Barra Palma y Eduardo Peñafiel Peña.

Cabe hacer presente que los dos últimos tendrán el rol de jueces por primera vez, en tanto Juan De la Hoz ya cumple su cuarto año como abogado integrante. En ese contexto, agradeció "la confianza de las autoridades por permitir un nuevo periodo en el cargo".

En la ocasión, además, el ministro Darío Silva planteó los desafíos que tiene por delante: "Hay que seguir trabajando en los mismos términos que lo hemos hecho hasta ahora; el trabajo es mayor cada vez porque aumenta el ingreso de causas, el número de ministros es el mismo desde hace 80 años y por eso estamos gestionando la creación de una Segunda Sala para la Corte y de esa manera hacer más llevadero y fructífero el trabajo".

En ese sentido, agregó que "eso es materia de ley, por lo tanto los parlamentarios de la zona están haciendo gestiones para que concrete esto, sobre todo ahora que vamos a ser cabecera de región".

Por otra parte, Silva tendrá el rol de mantener la gestión en el proyecto de construcción de un nuevo Centro de Justicia para la ciudad, y en ese sentido, se espera que las obras sean adjudicadas el 12 de marzo, para que así se edifique la infraestructura, que estará ubicada en la intersección de las calles Vega de Saldías y Yerbas buenas, albergando a la Corte, tribunales civiles y de familia.

Un amplio contingente policial de la Subcomisaría de Carabineros de Quillón realiza desde ayer un operativo policial en diferentes sectores del área urbana y rural de la comuna de Quillón, siendo esta una de la etapas finales del Plan Verano Seguro, que ya está llegando a su fin.

Elías Kort Arce, Subcomisario de Quillón, manifestó que en este operativo participan cerca de 40 funcionarios, tanto civiles como uniformados, y que pretende dar a la comunidad un sentido de seguridad y confianza para con sus carabineros. "Quisimos en este día realizar un trabajo de unidad con los vecinos, realizar controles de identidad, control vehicular y de algunos locales comerciales, aprovechando que contamos con un importante contingente".

El oficial de Carabineros rescató la cercanía con la ciudadanía. "Nos han entregado su apoyo y colaboración para realizar nuestro trabajo de verano, también hemos recibido de la comunidad mucho apego y colaboración", rescató el teniente Kurt. Los vecinos, por su parte, lamentan que parte del contingente que estaba reforzando se retire pronto.

Temor causó en los funcionarios y usuarios de la oficina del Serviu Ñuble, en pleno centro de Chillán, la alarma que ayer se dio a las 11 horas, indicando un incendio en sus dependencias. Pero muy pronto pasaron a la tranquilidad, una vez que se enteraron que se trataba de un ejercicio de simulacro.

La actividad fue organizada por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene entre sus empresas adherentes a la entidad estatal. Así lo explicó Andrés Poblete, jefe del departamento prevención de riesgos de la agencia Chillán.

"Cada oficina o cada recinto debe tener un plan de emergencia que debe ser conocido por todos los funcionarios y colaboradores de la empresa; eso no es suficiente si no se prueba, y la única forma es a través de estos simulacros que se realizan sin aviso, para así evaluar cómo resulta", dijo Andrés Poblete, manifestando que cada empresa que ellos asesoran tiene su plan de seguridad.

Los técnicos evaluadores de la actividad recrearon un incendio en que personas resultaban heridas, y por ello participó una ambulancia, bomberos y carabineros.

"Los funcionarios de Serviu Ñuble tienen un concepto de cultura de seguridad bastante avanzado, porque vienen trabajando hace bastante tiempo a través de sus comités paritarios, por lo tanto la evaluación preliminar es que funcionó, entendiendo además que es una oficina donde no solo trabajan personas, sino que además hay usuarios que atienden, por lo tanto la preocupación está radicada en ellos también respecto a la evacuación", dijo Andrés Poblete.

La evaluación final será parte de un informe con los tiempos de respuesta medidos. A priori, Poblete manifestó que "hay buenas conclusiones, pero siempre hay cosas por mejorar".