Andrés Mass Olate

A poco menos de tres semanas para que comience a regir la Ley de Inclusión Laboral, que busca que aquellas empresas e instituciones con más de 100 trabajadores reserven al menos el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad, en Ñuble la situación podría mantenerse inalterable.

De acuerdo a los registros del Servicio de Impuestos Internos, en la zona hay 229 empresas con una dotación superior al centenar de funcionarios, sin embargo, de ese total, las firmas de capitales locales prácticamente no contratan al segmento que espera beneficiar la normativa a contar del 1 de abril.

Junto con indicar que existe un grado de desconocimiento por parte de los empresas, Fabián Sanhueza, director de la ONG ñublensina Ingenium, que trabaja en la inclusión laboral de personas con discapacidad -con presencia desde Rancagua a Puerto Montt-, precisó que "en general las firmas locales están bastante cerradas, como que no se meten, no les interesa mucho, contrario a lo que sucede en las empresas con presencia nacional".

"Desde el 2015 a la fecha, Ingenium ha logrado insertar en el mercado a 90 personas, 30 de ellas en Ñuble, mayoritariamente en tiendas de retail con sucursales en todo el país, salvo firmas locales como Fuente Alemanas, Didaktika y algunas frutícolas, que si bien son de menor tamaño tienen conciencia de la importancia de la inclusión laboral", detalló Sanhueza.

Pueden no contratar

La ley señala que las empresas con más de 100 personas deben reservar al menos el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad, aunque la normativa contempla excepciones, que en definitiva terminan poniendo trabas de ingreso al mundo laboral de este segmento de la población.

Andrea Lozano, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en la región del BioBío, puntualizó que "la ley tiene un artículo transitorio que establece un tramo entre 100 y 199 trabajadores, para el cual señala que ésta entrará en vigencia y será obligatorio el cumplimiento del 1% después de un año de su entrada en vigencia. Es decir, desde el 1 de abril del 2019".

Pese a que en el caso de las firmas privadas y entidades públicas con más de 200 empleados, están sujetos al cumplimiento de lo establecido en la normativa desde el 2018, ésta le permite extender los plazos y dilatar su cumplimiento.

"La normativa señala que dentro de los dos primeros años de su entrada en vigencia, es decir hasta el 1 de abril de 2020, las empresas podrán optar por contratar directamente el 1%, o bien acogerse a alguna de las medidas sustitutivas de la ley sin la necesidad de tener una razón fundada, y después del 2020 tendrán que tener una razón fundada para no cumplirla".

Entre las causales que pueden argumentar para no contratar personas con discapacidad están: la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa (se considera que no hay ningún puesto de trabajo que puede ser ejecutado por personas en situación de discapacidad), lo que debiese demostrarse.

Y por otro lado, está la opción de que no se presentasen personas con discapacidad interesados en los puestos de trabajo que las empresas ofrecieron, lo que pudiera comprobarse con el aviso respectivo en portales de empleo.

Buena, pero insuficiente

Nicole Ayala (25) tiene asperger, y hace alrededor de 7 años que trabaja en el municipio de Chillán. Actualmente se desempeña en la Oficina de Partes, donde realiza trabajo administrativo. Si bien, tuvo la suerte que la municipalidad le diera una oportunidad, está consciente que no todos tienen esa opción, razón por la cual valora la pronta entrada en vigencia de la Ley de Inclusión para personas con discapacidad.

"Me parece muy bien que haya una normativa que permita que personas con diferentes capacidades o dificultades puedan trabajar, porque nos cuesta mucho. En mi caso, fue difícil al principio, pero después con la ayuda de mis compañeros de trabajo lentamente fui memorizando las cosas que tenía que hacer", recordó.

El concejal chillanejo Joseph Careaga tiene sentimientos encontrados con respecto a la pronta aplicación de la nueva ley. Por un lado, valora su existencia, pero por otro considera que el 1% que establece para personas con discapacidad es totalmente insuficiente.

Sin duda es un avance, pero insuficiente. Hay una fuerza laboral muy importante entre este segmento que puede ser beneficiada. Está científicamente comprobado que en un trabajo con las mismas características, la persona con discapacidad rinde perfectamente, incluso mejor que una persona normal", remarcó Careaga, quien debe desplazarse a diario en una silla de ruedas debido a la osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) que padece.

Revisión

Respecto a las críticas sobre el 1% que considera la normativa en términos de cupo para las personas con discapacidad, Andrea Lozano, directora regional de Senadis, precisa que se trata de un piso mínimo, y que además se contemplan instancias que permitirían su modificación. "Está establecido dentro de la ley que esta se evaluará al tercer año por parte de los ministerios del Trabajo y Desarrollo Social, tras lo cual cada cuatro años será revisada, por lo que el 1% pudiera aumentar. Antes no había norma que garantizara la inclusión de personas con discapacidad, ahora eso es un derecho", sentenció Lozano en relación a los cuestionamientos sobre la ley que entra en vigencia el próximo 1 de abril.

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