El próximo miércoles 2 de mayo, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, se iniciarán las audiencias por el caso de la muerte de Ricardo Lagos Rivas, el pasado 29 de agosto, en el sector Lucumavida, en la comuna de San Nicolás, quien recibió un disparo por parte de su hijo de iniciales E.L.R, por entonces de 17 años de edad.
La Fiscalía local busca condenar al primogénito (quien hoy tiene 18 años) por los delitos de parricidio y porte ilegal de arma de fuego, con penas efectivas que en la sumatoria alcanzarían los diez años de cárcel.
Por su parte la Defensoría Penal Pública (DPP), intentará probar que el hecho se produjo tras años de vejaciones por parte del fallecido tanto con su hijo como con la madre de éste, de quien estaba separado al momento de su muerte.
"Lo que vamos a intentar hacer es, en definitiva, contar al tribunal cuál fue el contexto en el que sucede todo esto. El acusado vivió con su papá, que por cierto estuvo privado de libertad en algunas ocasiones, y el cual era una persona bastante violenta. Si tuviese que catalogar la vida de E.L a su lado diría que estuvo sujeto siempre a malos tratos tanto físicos como psicológicos. El chico tuvo una vida compleja, muy dura", comenta Rocío Burgess, defensora penal juvenil.
De igual modo, sobre el hecho en sí, la abogada aclara que "algo que nosotros no vamos a controvertir, mayormente, es que efectivamente hay una persona fallecida y que mi representado habría dado muerte a su papá. Es un asunto que no será materia de discusión".
La DPP llevará al juicio a múltiples testigos (la propia madre del joven, vecinos y una ex pareja de Ricardo Lagos Rivas) y presentará expedientes policiales que darían prueba del prontuario del hombre.
De hecho, en la unidad aseguran que frente al juez relatarán episodios de una violencia de "alto calibre", en los que prefieren no ahondar previamente a la espera de confrontar versiones con el Ministerio Público.
Calvario
"Este joven vivió un cautiverio con su padre. En las conversaciones que hemos tenido me ha relatado innumerables ocasiones en las que fue maltratado, sistemáticamente", señala Burgess.
Ambos, padre e hijo, vivían en una especie de media agua ubicada en el sector rural y apartado de Lucumavida, en San Nicolás. El arma (escopeta) que utilizó E.L.R pertenecía a su progenitor y no estaba debidamente inscrita.
Según la defensa, la situación de violencia intrafamiliar era tal, que en cualquier momento el menor pudo haber sido la persona fallecida, a manos de su padre. Las golpizas que propinaba Lagos Rivas habrían sido frecuentes y normalizadas por el agresor.
Tras ser formalizado, el pasado 30 de agosto, a E.L.R se le aplicó la medida de internación provisoria, mientras durara la investigación. Así, fue derivado al Centro de Internación Provisoria (CIP) para menores de Coronel, donde permaneció algunas semanas. La defensa logró que la cautelar fuera modificada por la Corte de Apelaciones de Chillán, por lo que ha esperado el juicio en libertad.
Imputable al momento del hecho
A la fecha del hecho, E.L.R era menor de edad, por lo que se le debe aplicar la legislación contenida en la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes (entre 14 y 18 años). Por ello, desde la Defensoría Penal Pública, solicitaron que se publiquen sólo las iniciales del joven, pese a que actualmente tiene mayoría de edad. El juicio, según adelanta la parte defensora, podría extender por el curso de dos o tres días, al presentar testigos y variadas pruebas. El fiscal a cargo del caso es Mauricio Mieres.
