"Hay algunos concejales que no quieren aceptar su rol y buscan co-gobernar junto al alcalde"
Sergio Zarzar, Alcalde de Chillán, por críticas de ediles a gestión municipal.
"La evaluación es positiva. No hay que olvidarse que el 'Código Azul' es un dispositivo de emergencia"
Alberto Moraga, seremi de
Desarrollo Social del Biobío.
Estudio de la seremi de Salud identificó coincidencias y desaciertos en los vaticinios realizados por el sistema predictivo entre el 27 de abril y el 24 de junio. A la fecha se han vaticinado 24 episodios críticos en las comunas de Chillán y Chillán Viejo; 16 pre-emergencias y 8 emergencias. De ellas solo tres se han producido.
Un total de 120.119 vehículos motorizados registró Ñuble durante el 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas, cifra que implica un 7% por sobre el año anterior. Esto implica un aumento por sobre la media regional. El Seremi de Transportes, César Arriagada, planteó un plan de ciclovías y los ediles piden evaluar restricciones.
Una gran noticia recibieron los habitantes de Chillán Viejo. Lo anterior, ya que ayer el Servicio de Salud Ñuble anunció el inicio de las licitaciones para la habilitación del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Michelle Bachelet de la comuna histórica.
Su primera victoria legislativa tuvo esta semana en la sala del Senado el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el cual fue aprobado en la votación en general, lo que permite que avance en su tramitación en dos comisiones unidas de la cámara alta. En esta instancia, se dio un plazo hasta el 23 de julio para que los parlamentarios puedan hacer sus indicaciones tendientes a enriquecer la iniciativa legal.
Si bien constituye una buena señal el que este proyecto pase a una segunda instancia con el voto unánime de la sala del Senado, en la discusión en particular que se iniciará probablemente a fines de este mes se deberá abordar un aspecto jurídicamente complejo de zanjar, el elemento retroactivo de la ley.
Para explicar este factor es necesario remitirse primero a la Constitución Política de la República, que establece en su inciso octavo número tres del artículo 19 que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señala la ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado". En términos simples, cualquier ley que se apruebe no puede sancionar delitos cometidos en un tiempo anterior a su promulgación y es precisamente ese aspecto el que genera una disyuntiva que debe zanjar esta nueva norma.
Poniéndolo en perspectiva, una vez aprobada la ley, la imprescriptibilidad para los delitos sexuales empezará a correr desde su publicación y no antes. Por ello, si un menor o adulto invoca esta ley para exigir castigo por hechos de los cuales fue víctima y que ocurrieron antes del 2018, allí la norma colisiona con lo establecido en la Constitución Política, y por tal razón el Tribunal Constitucional -órgano independiente que realiza control preventivo y posterior de preceptos legales- podría impugnarla si vulnera un derecho constitucional.
Lo anterior ha sido advertido por el senador Felipe Harboe, quien sobre el tema ha expresado: "Debemos asegurarnos técnicamente de no cometer ningún error en la discusión en particular, ya que esto permitiría al TC echar abajo la norma fundamental de este proyecto de ley".
Por el momento no existen opiniones sobre la forma cómo se zanjará esta discusión, pero lo concreto es que de limitarse el proyecto de ley a ilícitos cometidos de manera posterior al 2018 significaría una decepción y un nuevo golpe para una gran cantidad de adultos que buscan hacer justicia frente a vulneraciones que en muchos casos han prescrito según la ley para ser perseguidas penalmente. En Chile se produce cada 33 minutos un delito sexual contra un menor, un hecho que termina por marcar profundamente la vida de esas víctimas, y por tanto este proyecto es una esperanza de reparación muy necesaria de acuerdo a nuestra realidad actual como país.
Alumnos y alumnas de siete liceos de Santiago completaron 55 días de ocupación de sus colegios. Su preocupación central, en casi dos meses de "estudios", ha sido instalar sillas como "barricadas" y fijar letreros de apoyo a causas feministas, el aborto y otras demandas que nada tienen que ver con su obligación esencial: estudiar.
No se ha tratado de "tomas" pacíficas. El caso emblemático es el incendio intencional del Liceo de Aplicación, que cerró el año escolar después de un siniestro que causó $ 300 millones en pérdidas y destrucción múltiple.
Hasta la fecha, todo se desarrollaba bajo la mirada casi impasible de padres y apoderados. Algunos hasta alentaban o celebraban como audacia juvenil esta actitud de sus hijos (as), sin pensar en el daño socioeconómico que estaban infligiendo al país. Sin embargo, tal actitud parece estar a punto de llegar a su fin. Los responsables de por lo menos tres establecimientos anunciaron que recurrirán a los tribunales para exigir el fin de las ocupaciones y defender el derecho a estudiar libremente de quienes quieran hacerlo. Derecho que, por lo demás, está consagrado en la Constitución.
Sin duda, por conveniencias políticas, en este problema ha habido una sobreabundancia de vistas gordas. Con excepción del alcalde de Santiago, todas las demás autoridades comunales ni siquiera se han pronunciado sobre el tema. Tal parece que no les preocupara que la juventud lleve casi dos meses en situación de ociosidad, en defensa de causas que le son ajenas. Ahora, como reza el título de esta columna, por fin despertaron y se dieron cuenta que la mayoría de los alumnos prefiere estudiar. También se dieron cuenta que el violentismo de los colegios ocupados corresponde, muchas veces, a intereses políticos. Una juventud idealista es estimulada por sectores interesados en alterar la vida nacional. El hecho no es nuevo. Pero en la actualidad está alcanzando proporciones inauditas.
Podrá argüirse que es un tema que corresponde a la capital. Pero sería un error. Se han registrado algunos episodios en regiones. Por fortuna, aislados. No debe ni puede convertirse en asunto nacional. Llegó el momento de que intervengan los tribunales y restablezcan el orden. No puede ser que grupúsculos inspirados por consignas partidistas impidan estudiar a la gran masa de sus compañeros. No puede ser que el gobierno estudiantil, diseñado para defender causas vinculadas a la enseñanza y aprendizaje, se convierta en un gobierno político que hace y deshace ante la mirada impertérrita de quienes deben imponer y mantener la normalidad.
Parece duro, pero es lo que está ocurriendo en el Chile de hoy.
Raúl Rojas, Periodista y Académico.