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Paradocentes de Quillón limpiaron los postes de luz llenos de carteles

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La Asociación de Funcionarios de la Educación de Quillón inició ayer la limpieza de los postes de alumbrado público y luminarias del centro de la ciudad, los cuales se encuentran llenos de papeles pegados de publicidad de eventos o servicios realizados por particulares.

La asociación que dirige Claudio Aburto Carrillo reunió a una veintena de paradocentes, con el fin de dar el ejemplo de educación y cultura, ante una situación que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, que los postes son usados como porta carteles.

La iniciativa de AFE fue elogiada por la comunidad, en tanto que el alcalde Alberto Gyhra pedido a sus inspectores municipales que notifiquen a quienes resulten responsables de ensuciar la ciudad con este tipo de carteles que solo demuestran falta de educación y cultura hacia la comuna.

Staff de chefs de Achiga será jurado en la segunda Fiesta de la Longaniza

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Un staff de chefs de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) actuará como jurado en la segunda versión de la Fiesta de la Longaniza programada para los días 24, 25 y 26 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán. "Ellos nos van a enviar un staff seleccionado para participar en un concurso internacional en Francia", dijo Jeanette Oëhrens, encargada de la Oficina de Turismo municipal.

Los profesionales actuarán como jurado en una "cata a ciegas" para determinar la mejor longaniza 2018.

La encargada informó que una comisión municipal comenzará esta semana con el proceso de selección de los expositores.

"Este año debemos tener, al menos, 150 expositores con la restructuración de las carpas que se instalarán en la Plaza de Armas, dada la gran demanda", dijo Oëhrens.

Taxistas critican "Ley Uber" y se suman a movilización nacional

CHILLÁN. Desde el gobierno señalaron los principales puntos del proyecto de ley, el cual busca también permitir el uso de plataformas a taxistas.
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Más de 100 vehículos participaron ayer de una protesta de taxistas en la futura capital regional. La medida, que tuvo un carácter nacional, busca presionar a las autoridades para que en el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Transporte sean consideradas las peticiones del gremio.

Héctor Aedo, presidente de los taxistas en Chillán, afirmó minutos antes de llegar hasta el frontis de la Gobernación de Ñuble que "en este momento estamos en una caravana por el motivo de que el Gobierno no ha dado respuesta a nuestras demandas. Había un proyecto de ley en el Congreso y se retiró porque iban a colocar una ley corta de suma urgencia, pero resulta que no se cumplió ni lo uno ni lo otro, porque finalmente se mandó un proyecto de ley con urgencia simple, o sea para tener respuestas en cuatro o seis años más", indicó Aedo, molesto por el retraso que podría significar equiparar las condiciones de trabajo entre taxistas y trabajadores de las plataformas Uber y Cabify.

En cuanto a las demandas que le exigen los taxistas a las autoridades, el dirigente priorizó darle un marco legal a la operatividad de las plataformas. "Que se legalicen. Nosotros no queremos que las saquen, queremos que se legalicen para que estén iguales que nosotros. Porque en este momento las diferencias radican en lo monetario y sus prácticas para nosotros incurren en dumping", alertó Aedo en referencia a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado.

Dentro del mismo ámbito, el representante de los taxistas contó que desde la llegada de las plataformas a Chillán, los choferes que funcionan bajo un marco legal han dejado de percibir un 70% de ganancias mensuales. Producto de esto, muchos han tenido que sumar un segundo trabajo ya que varios son padres o madres de familia. "En la temporada de verano casi todos trabajan de temporeros para solventar los gastos del hogar", ejemplificó el dirigente.

Cristóbal Jardúa, delegado del Ministerio de Transporte en Ñuble, sintetiza los puntos del proyecto de ley que presentó su cartera y que critican los taxistas. "Es necesario establecer un marco regulatorio que se haga cargo de esta nueva realidad (…) Tiene tres focos principales: mejorar la calidad, seguridad y experiencia de viaje de millones de chilenos en el transporte público; profesionalizar el sector; asegurar la igualdad de condiciones para todos los involucrados actualizando la calidad de servicio para las personas".

El delegado también informó que la ley que promueve Transportes actualiza y busca dejar en igualdad de condiciones a los taxistas, algo que, dice, ya sucede en países modernos. "Las plataformas son una realidad (…) También se van a fomentar para captar pasajeros o para cobrar", finalizó.

Pamela, Acuña, Taxista, chillaneja"

"Llevo 6 años en este rubro y la movilización se realizó de forma pacífica. Yo soy jefa de hogar y tengo que apoyar esto".

Rubén, Riquelme, Taxista, chillanejo"

"Equiparar muchas cosas: que tengan sus revisiones técnicas, que tengan licencia profesional e igualar número"."

Héctor Aedo, Presidente del gremio taxista en Chillán"

"En este momento estamos peleando con una empresa internacional que tiene muchos recursos incluso políticos"."

Ñuble triplicó casos vistos por el Consejo para Transparencia

ADMISIÓN. La Región registró alza de 150% en los 6 primeros meses de 2018
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Según cifras del Consejo para la Transparencia (CPLT), la Región de Ñuble registró un alza de cerca de un 150% de los casos ingresados al Consejo entre los seis primeros meses de 2018 y el número registrado en igual período de 2017, porcentaje que equivale a 3 veces más.

A este dato se suman las mil 800 peticiones por Ley de Transparencia entre enero y junio de 2018, cifra que muestra un 57% más del total de requerimientos que se realizaron en el mismo período en 2017.

Este incremento de las solicitudes de acceso a la información y de los casos presentados al Consejo habla, en palabras del presidente de este organismo, Marcelo Drago, de "un cambio sustantivo de la relación de los ciudadanos y el Estado a 10 años de la ley de Transparencia". "No hay una relación jerárquica donde la autoridad es dueña de la información y el ciudadano no sólo recibe lo que la autoridad quiere entregarle o quiere informarle", subrayó Drago.

Asimismo, el reporte regional del CPLT mostró que a nivel regional la entidad con más solicitudes de información y con más reclamaciones admitidas por el Consejo para la Transparencia fue la Municipalidad de Chillán, con 1.326 requerimientos y 37 casos respectivamente.

En el caso de las entidades a las que se les presentaron más requerimientos de información a nivel regional aparecen en el segundo lugar la Municipalidad de Chillán Viejo (con 639 solicitudes) y el municipio de Bulnes (con 607 requerimientos). En relación a los casos declarados admisibles por el CPLT siguen al Gobierno Local de Chillán las municipalidades de San Fabián (13 casos) y Ránquil (10 casos).

En relación a Transparencia Activa, la región de Ñuble muestra un retroceso en los últimos tres años en el promedio alcanzado por las entidades fiscalizadas (municipios y órganos centrales). Esto dado que el porcentaje promedio obtenido en 2016 fue de un 73% de cumplimiento y en 2018 bajó al 65, 63%, levemente más alto que el promedio de 2017, que fue de un 65,52%.

Cabe destacar que en el caso de las municipalidades, los mejores desempeños en Transparencia Activa fueron los de San Fabián (89%), San Ignacio (54%) y Portezuelo (85%), todos con variaciones positivas sobre un 15% con respecto a la fiscalización anterior.

Proceso Participativo

El presidente del CPLT visitó Chillán para inaugurar el proceso participativo -correspondiente a la región del Ñuble- que la entidad está desarrollando a nivel nacional y que está pronto a cerrarse. Sus resultados formarán parte de una propuesta que será entregada a representantes de los tres poderes del Estado coincidiendo con la tramitación y debate de la ley de Transparencia 2.0. Asimismo, será un insumo de trabajo para la mesa técnica en la que participa el CPLT en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.