La Conferencia Episcopal se ha comprometido que hará públicas las investigaciones previas sobre acusaciones de clérigos donde se involucran a menores, respondiendo así al deseo de transparencia. Hasta aquí me parece sumamente positivo, pero me surgen algunas preguntas: ¿Qué se entiende por hacer público las denuncias recibidas?, ¿qué intención hay de hacer pública por la prensa y no por oficina de partes a la fiscalía las denuncias, como ha ocurrido durante esta semana?, ¿es la prensa la garante de la justicia?, ¿corresponde que la fiscalía se entere por la prensa?, ¿acaso los medios de comunicación tienen la finalidad de hacer justicia?, ¿es la prensa la que garantiza la presunción de inocencia?
Por tanto, propongo y defiendo la idea de hacer pública las denuncias, pero en el orden lógico de la finalidad de la acción que se persigue. Es decir, primero entregar los antecedentes recibidos al Ministerio Público, luego comunicar y confiar que los entes investigativos, externos a la Iglesia corroboren y hagan justicia con todas las herramientas que ellos sí tienen para investigar y esclarecer la verdad. Así, se cumple el derecho de las víctimas a denunciar y el derecho de los acusados a defenderse.
Con esta lógica de ventilar todo por la prensa es seguir con la misma actitud de salvar la institución y no de preocuparse por las personas. Porque, pareciera que en todo esto más que justicia, es lavarse las manos, aumentando así el morbo que vende.
La colaboración tanto de la Iglesia como de la prensa profesional exige el orden y respeto de la finalidad de lo que se persigue. Si la finalidad es la justicia, corresponde a la justicia hacer justicia, y a la prensa éticamente comunicar lo que la justicia determine. Pero, pareciera que la finalidad es hacer de la justicia un circo popular. En cambio, respetar la institucionalidad del orden público, permitirá investigar en transparencia sin que nadie interfiera y manipule el debido proceso. Los curas también tenemos derechos y deberes como ciudadanos; ni el Papa, ni los obispos, ni la opinión pública, pueden quitarnos la presunción de inocencia y el derecho de un debido proceso que la prensa objetiva debe respetar, comunicar y no interrumpir.
Pbro. Alejandro Cid Marchant Licenciado en Filosofía. Obispado de Chillán.