El Tribunal de Juicio Oral de lo Penal (TOP) de Chillán ordenó cinco años y un día de prisión para Sandra Aurora Aravena Valenzuela (54) por degollar y dar muerte a su pareja José Marcial Lagos (49), hecho ocurrido en octubre de 2017 en un terreno eriazo de la comuna de Coihueco.

Durante cinco días se llevó a cabo el juicio. El abogado defensor Antonio Guerra alegó que no existía responsabilidad penal de la imputada, debido a la discapacidad mental que padece. Mientras que la fiscalía solicitaba 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

"Hay dos cosas importantes, uno es el hecho de que se obtuvo una condena en un caso que estaba bastante complicado desde el punto de vista circunstancial y la segunda es que durante el juicio apareció el problema de su deficiencia mental que obviamente redujo su responsabilidad, por lo tanto no estamos disconformes porque se obtuvo la condena", destacó el fiscal Pablo Fritz.

Agregó que "pedíamos presidio mayor y el tribunal nos dio presidio mayor en su grado mínimo, pero sigue siendo presidio mayor", dijo.

Aravena Valenzuela pagará la condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, donde permanecía en prisión preventiva.

El delito se perpetró la madrugada del 11 de octubre del pasado año "al costado sur del puente ubicado en calle Prat, en el centro de la comuna de Coihueco. Sandra Aurora Aravena Valenzuela agredió a su conviviente, José Marcial Lagos Díaz, golpeando su cabeza con un objeto contundente, provocándole numerosas lesiones cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, falleciendo la víctima en dicho lugar, producto de un trauma cráneo cervical complicado. Atendida la gravedad de las lesiones, el resultado no habría podido evitarse ni aún con atención médica oportuna", detalla el fallo del tribunal.

En el Tribunal Constitucional (TC) se presentaron ayer los alegatos ante el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del exgeneral de Carabineros Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, a quien se le acusa por el presunto homicidio de Gabriel Marcelo Cortéz Luna, ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

Nueve ministros conformaron el pleno, ante quienes los abogados de ambas partes plantearon durante 25 minutos sus argumentos. Maximiliano Murath, representante de Jeldres Rodríguez destacó que el requerimiento responde a faltas en el debido proceso y cuestionó las diligencias realizadas en la causa.

"El presente requerimiento no busca dilatar los juicios criminales sobre los derechos humanos, lo que busca es precisamente que en dichos procesos penales se protejan los derechos esenciales que debe tener cualquier imputado de un delito común o de un delito de lesa humanidad", dijo.

Agregó que "no busca ni persigue la impunidad o dejar sin justicia a las víctimas; muy por el contrario, buscamos que haya verdad respecto a quienes realmente cometieron los ilícitos, a cuál fue realmente el hecho punible y también dar un criterio de verdad a los que se les acusa de victimarios, ellos también tienen derecho a tener esa verdad que solo se consigue respetando una investigación racional y justa, respetando el debido proceso", puntualizó.

Mientras que el abogado del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Patricio Robles, reiteró que "alegamos el rechazo del requerimiento básicamente porque aquí no existió ninguna vulneración a los derechos de Patricio Jeldres", dijo.

El TC tiene un plazo de 30 días para anunciar la admisión o rechazo de la petición, sin embargo, el jurista no es optimista con el cumplimiento del plazo estipulado.

"Ese plazo no se ha respetado porque hemos hecho alegaciones de otros casos de la jurisdicción de Ñuble en los cuales falta dicten que sentencia. Pensamos que tal vez los fallos estén saliendo juntos en fechas simultáneas", destacó Robles.

En caso de que el TC declare inadmisible el requerimiento, la causa de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) continuará el proceso en la justicia ordinaria en la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual se encuentra suspendido desde el pasado 5 de junio.

Hasta Santiago acudieron integrantes de la Afep como de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Chillán, quienes escucharon los argumentos. Denuncian impunidad en las demandas de vulneración de derechos humanos.

"Como agrupación nos hemos movido, denunciado, hemos recurrido a la Cámara de Diputados y de senadores y hemos denunciado esta anomalía, y además es un abierto encubrimiento a la impunidad que tienen los victimarios", aseveró Teresa Retamal, integrante del movimiento.

Robles se suma a las exigencias de retraso denunciado por las agrupaciones. "El trabajo de la defensa en todo este tiempo, más que trabajar una tesis de defensa, se ha centrado en obstaculizar el normal desarrollo del procedimiento, por lo que comparto el reclamo de las agrupaciones al respecto", agregó.