Como veterano periodista, obviamente, soy partidario de la más amplia libertad de expresión. Pero el sentido común indica que ésta tiene un límite cuando comienza a afectar los intereses de la ciudadanía. Valga el preámbulo para comentar lo que está sucediendo en la lucha contra la delincuencia. Los logros, aunque no extraordinarios, son plausibles. Lo que no es plausible es la sobreabundante información que entregan los fiscales, así como altos mandos de Carabineros y la PDI sobre los métodos que emplean para combatirla. En esta tarea también participan autoridades municipales.
Hoy, después de cualquier "diligencia" exitosa, se ha hecho habitual que fiscales y jefes policiales prácticamente se disputen los espacios, sobre todo en TV, para explicar cómo desentrañaron un delito y detuvieron a sus autores. Dan cuenta en detalle de las autorizaciones judiciales que requirieron, la tecnología que usaron. También del itinerario de su trabajo, intercepciones telefónicas, la cantidad de efectivos, cómo se organizaron, etcétera. Hay autoridades comunales que no lo hacen nada de mal e informan de cuántos drones disponen o van a comprar, cómo opera su central, cuáles son sus softwares, cuántos efectivos tienen, tiempo de respuesta ante una emergencia y hasta los más ínfimos detalles sobre su labor.
Todo indica que nadie se ha comprendido la capacitación gratuita que están entregando a los delincuentes, quienes, aparte de sus propósitos siniestros y la violencia que emplean, aprovechan la generosa información para ponerse al día en tecnología. Esto incluye a los fabricantes de alarmas, que también se muestran muy bien dispuestos a explicar cómo se operan, a corta y larga distancia, las aplicaciones y todo lo vinculado con el tema.
Naturalmente, los hampones recogen toda la información y, con los recursos mal habidos, compran nuevos elementos -es fácil hacerlo por internet- para implementar su siniestro accionar. Pienso que llegó la hora de recuperar la sobriedad. Es preciso volver a los tiempos en que las diligencias judiciales o policiales estaban amparadas por el "secreto de sumario", y los responsables de las mismas no vivían pendientes de la pantalla, sino de cumplir sus obligaciones. La ciudadanía no quiere tantos fiscales o policías en televisión. Lo que desea, concretamente, es seguridad, tranquilidad, más delincuentes en la cárcel.
Una frase muy utilizada es que "la cárcel es la escuela del delito". Por lo que sucede hoy, tal parece que existe la intención de crear la universidad del delito, concentrada en los avances tecnológicos y el progreso del mundo actual. Inaceptable.
Raúl Rojas, Periodista y Académico.