Desde tempranas horas de ayer en los puestos "Oba-Oba", "Samoa", "TocompleJil" y otro sin identificación, ubicados en la esquina de Maipón con 5 de Abril, iniciaron los trabajos y adaptaciones exigidas por la Seremi de Salud para el expendio de alimentos, luego de que el viernes funcionarios de la Unidad de Seguridad Alimentaria comprobaran serias deficiencias de higiene, refrigeración y conservación de alimentos, entre otras irregularidades.

Para algunos de los locatarios sancionados, la medida ejecutada por la autoridad fue precipitada. "La Seremi tenía que haber avisado y dar unos días y si al volver las cosas no están hechas, ahí proceder y no decir 'cierren no más'. La seremi fue muy brusca", explicó el propietario de uno de los establecimientos que prefirió no identificarse.

En relación a la presencia de baratas en las instalaciones, el locatario manifestó que "cualquier local de aquí tiene bichos, tendríamos que quemar todos los puestos para que se acaben. Voy a contactar a un fumigador para hacer un tratamiento de 10 sesiones", agregó.

Entre los trabajos que efectúan están el recambio de piso y la instalación de losas.

Sobre el tema, el cajero de la Tostaduría Saldaña opinó que "el cierre de un puesto no se lo deseamos a nadie, porque uno como vendedor tiene compromisos pero la salud de las personas es importante. Por eso no vendo alimentos elaborados ni delicados", aseveró.

Mientras que los dueños de los puestos consideran que la medida tomada por la seremi Marta Bravo les genera pérdidas, otros comerciantes apoyan las fiscalizaciones.

"Estoy de acuerdo con las fiscalizaciones, son un proceso normal porque todas las cosas deben hacerse de acuerdo a las reglas en cuanto a la preparación de alimentos", indicó Fernando Cifuentes, propietario de El Puntillano.

Resaltó la importancia de mantener la limpieza al momento de preparar las comidas que se ofrecen al consumidor.

"Tengo mis maquinarias de acero inoxidable y eso no permite que agarre suciedad, entonces nada tiene por qué estar sucio. Nunca he tenido problemas con las autoridades, siempre mantengo la higiene", dijo, al tiempo que resaltaba que "a mucha gente no le interesa la calidad, lo que les interesa es echarle algo al estómago y chao".

Desde el Mercado Municipal respaldaron los procedimientos dedicados al buen servicio del comercio. "Frente a este tipo de procedimientos, es de total acatamiento a la norma e institucionalidad vigente. En este sentido, el Municipio siempre se ha valido del mecanismo existente y mandatado por la ley para asegurar el buen funcionamiento de los establecimientos ubicados en el Mercado Municipal y la Plaza Sargento Aldea".

María Antonieta Meleán

El pasado 13 de septiembre, el 1° Juzgado de Letras de San Carlos dictó sentencia en favor de la profesora Sylvia Monrroy, quien demandó a la Municipalidad sancarlina por desvinculación injustificada y vulneración de derechos fundamentales, luego de trabajar en calidad de contratada durante cinco años como inspectora general del Liceo Politécnico Ignacio Carrera Pinto de esta comuna.

Monrroy ingresó a la dotación docente en el año 2012 y fue el 29 de diciembre de 2017, en dependencias del Daem, que a la profesora le notificaron de manera verbal la no renovación de su contrato por presunto ajuste de Dotación Comunal en la subvención normal, por baja sostenida de matrícula contemplada en el Padem 2018. Un mes y medio después le enviaron el decreto administrativo que daba cuenta de la no renovación.

"Ha lugar a la demanda por vulneración de derechos fundamentales deducida por doña Sylvia Monrroy Garrido en contra de I. Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde don Hugo Gebrie Asfura, ya singularizados, sólo en cuanto se declara que, el empleador Municipalidad de San Carlos ha vulnerado a la demandante con ocasión del despido su derecho a la no discriminación y a la integridad psicológica, en consecuencia deberá pagara a la demandante las indemnizaciones", establece la sentencia.

Monto de indemnización

Son más de $30 millones los que la municipalidad debe pagar a la exfuncionaria por concepto de indemnizaciones por falta de aviso previo, tras cinco años de servicio, y remuneraciones relacionadas al Código del Trabajo. El hecho marca un precedente por ser el primer caso de empleados bajo la condición de contrato.

"Estaba peleando mis derechos que me corresponden como trabajadora, a pesar de que estaba a contrata, fue un despido injustificado y mal hecho, y me di cuenta desde el primer momento y tomé acciones judiciales", explicó la profesora Monrroy.

El abogado asesor e hijo de la exfuncionaria, Gastón Caro, agregó que "actuaron con vulneración al derecho a no ser discriminada, porque cuando desvinculan sin decreto en primer lugar ya eso es una irregularidad porque el decreto apareció un mes y medio después, y en ese decreto se señala a un déficit presupuestario, cosa que no corresponde con los instrumentos públicos como el Padem, que explica que las proyecciones eran positivas, de manera que no se entendía que una profesional con excelente desempeño se desvinculara si no había un fundamento económico real", dijo.

Desde el momento que la jueza Claudia Vergara dictó sentencia, la Municipalidad tiene 10 días hábiles para solicitar nulidad.

Municipio pedirá anular el juicio

"Vamos a pedir la nulidad porque hicimos todo lo correcto. Esperamos que se haga justicia y se tengan presentes los antecedentes que se acompañaron y que la señora entienda que en una oportunidad se le dio un favor, se le dio la pega y que no venga a argumentar que es política. Yo la contraté sabiendo que era socialista y nunca le pedí que cambiara de opinión", informó el alcalde Hugo Gebrie y añadió que esperan hacer un reajuste de personal de entre 40 a 60 funcionarios.