"Necesitamos alternativas y una de ellas es el tren que es más seguro y más amigable con el medio ambiente"
Jorge Sabag, miembro de Comisión de Transportes de la Cámara Baja.
"Hay que trabajar en conseguir las causas de la violencia que se genera en estos jóvenes"
Manuel Chávez, dirigente del
Colegio de Profesores de Ñuble.
Tras el debate que generó la posible venta de un predio de la Universidad de Concepción en la comuna de San Carlos, el día de ayer fue el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, quien confirmó los dichos del diputado Jorge Sabag, en torno al término de la negociación para que dicho lugar reciba a la futura cárcel biprovincial.
Este jueves en el Diario Oficial, el Ministerio de Educación vía Decreto 240 oficializó declarar Monumento Nacional en la categoría Monumento Histórico al Puente Confluencia. En la publicación, se da cuenta del proceso realizado para lograr que no se destruya el viaducto de madera, ante la construcción de un nuevo puente.
Tras 6 meses de tramitación, el Juzgado de Letras de San Carlos acogió la demanda por tutela laboral que presentó Daniel Sepúlveda, quien hasta el año pasado era director del Departamento de Salud Municipal de San Fabián. El funcionario acusó hostigamiento del alcalde Claudio Almuna y la justicia ordenó que sea indemnizado.
Chile figura como una de las economías más abiertas del mundo, con tratados comerciales que han logrado insertar nuestros productos a nivel internacional y a la vez bajar los precios de productos importados como manufacturas y tecnología donde no tenemos ventajas competitivas. No obstante, dos acuerdos particularmente han afectado nuestra producción agrícola, Mercosur y Nafta , trayendo consigo una baja sustancial en producción y precios de nuestros cultivos tradicionales, como trigo, maíz, leguminosas, carne y leche, debilitando de manera evidente nuestro auto abastecimiento de estos productos, parte de la dieta básica de los chilenos.
La menor superficie y por ende menor producción nacional ha significado que las importaciones de grano hayan aumentado en más de un 38% en 10 años, para así poder satisfacer el consumo interno y hoy el 50% del trigo consumido en Chile es Argentino y el 80% de la lenteja es Canadiense, solo por dar un par de ejemplos. Chile debe tomar medidas para evitar que las siembras de trigo, maíz y cereales terminen desapareciendo y de paso coloquen en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, al estar crecientemente dependiendo de importaciones.
A medida que la tierra y el agua se vuelven cada vez más escasas, a medida que la temperatura del planeta aumenta y la seguridad alimentaria mundial se deteriora, está apareciendo una peligrosa Geopolítica relacionada con la falta de alimentos. Las compras de tierras y de aguas y la compra directa de cereal a los agricultores en los países exportadores se han convertido en partes fundamentales de una lucha global de poder por la seguridad alimentaria. Con el descenso de las reservas de cereal y el aumento de la volatilidad climática, también crecen los peligros.
Tenemos que preguntarnos si el mundo es capaz de ver más allá de los síntomas del deterioro de la situación alimentaria y abordar las causas reales. Si no podemos obtener cosechas más abundantes con menos agua y conservando las tierras fértiles, muchas zonas agrícolas dejarán de ser viables. Y el problema no atañe sólo a los agricultores. Si no somos capaces de actuar con velocidad para estabilizar el clima, es posible que no consigamos detener la escalada de los precios alimentarios, en Chile estos en 10 años se han duplicado.
En la actualidad, también enfrentamos tendencias más nuevas, como el agotamiento de los acuíferos, el estancamiento de los rendimientos de los granos en los países más avanzados desde el punto de vista agrícola y el aumento de la temperatura. El mundo está ingresando a una era de escasez alimentaria crónica, que conduce a una intensa competencia por el control de la tierra y los recursos hídricos. En otras palabras, está comenzando una nueva geopolítica de los alimentos.
Frank Sauerbaum M. Diputado por Ñuble. Ingeniero Comercial-MBA
La sociedad entera se ha visto conmocionada por hechos tan violentos como los que tuvieron lugar en establecimientos educativos de la Región Metropolitana, con menores provocando graves daños y agresiones, inclusive protagonizando ataques incendiarios con bombas molotov.
Sin duda que no es la imagen que los chilenos tenemos de lo que se espera de la educación en Chile. En este contexto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó en días recientes un proyecto de ley denominado "Aula Segura" que abordará este tipo de agresiones más violentas, posibilitando que los directores de los establecimientos municipales y particulares subvencionados actúen prontamente en la expulsión de los estudiantes que sean sorprendidos cometiendo actos violentos en contra de miembros de la comunidad educativa o que porten armamento u objetos explosivos.
Esta iniciativa legal ha generado inmediatas reacciones de distintos actores educativos: docentes, directores y alumnos. Y es que las regiones como Ñuble no están ajenas a hechos de violencia. Según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato de alumnos a docentes se han incrementado casi en un 100% entre 2015 y 2017, como asimismo los casos de agresiones de padres o apoderados a profesores. En el mismo lapso, 257 alumnos han sido sancionados con la expulsión sólo en la Región del Bío Bío por hechos considerados graves.
Las voces desde el profesorado valoran que existan mecanismos que protejan su función educadora, pero estiman que el proyecto no aborda el problema de raíz que se explica en los valores que los niños y adolescentes reciben en sus casas. En este sentido, asimismo, el documento no aborda los casos en que padres o apoderados sean los autores de los ataques físicos a los docentes, por lo que también piden que se les responsabilice por la conducta de sus hijos.
En tanto, desde las organizaciones de alumnos han sido críticos con la "criminalización" del estudiantado y han señalado que el proyecto no instaura el diálogo como herramienta de cambio, sino que se les deja en una desprotección ante el arbitrio de la autoridad educativa. En efecto, el cambio legal sólo considera la facultad del alumno de apelar a la decisión de expulsión, pero deja en manos de una sola persona la facultad de juzgar los hechos y sancionarlos, cuando lo ideal es que se inculque en los recintos educativos el debido proceso, donde exista una adecuada defensa y las sanciones las adopte un cuerpo docente en base a argumentos y pruebas. Finalmente, lo relevante es que estos temas entren en la discusión pública, se analice y debatan las mejores soluciones para abordar un problema que hoy es parte de la sociedad.