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Condenan a oficial en retiro por secuestro calificado de profesor

DERECHOS HUMANOS. Esta es la primera condena dictada en Ñuble por el juez Carlos Aldana, desde asumió como ministro en visita en marzo del 2017.
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Crónica Chillán

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción y de la Corte de Apelaciones de Chillán, Carlos Aldana Fuentes, condenó al oficial en retiro de Carabineros Patricio Orlando Marabolí Orellana a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito de secuestro calificado del profesor universitario Francisco Segundo Sánchez Arguen. El ilícito en cuestión fue perpetrado a partir del 1 de octubre de 1973, en la comuna de Chillán.

En el fallo (causa rol 10-2017), el ministro en visita condenó, además, a Marabolí Orellana a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

En la etapa de investigación, el ministro Aldana estableció que alrededor de las 20.40 horas del 1 de octubre de 1973, en circunstancias que Francisco Sánchez Arguen se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Libertad N°715, en compañía de su mujer y seis de sus siete hijos, fue detenido sin orden judicial o administrativa competente por una patrulla de Carabineros al mando de un teniente, los que vestidos con tenida de combate y portando armas largas lo introducen a uno de los vehículos en que se movilizaban, trasladándose -con el detenido- hasta un departamento de su propiedad, ubicado en calle Libertad N° 39, departamento N°22. Inmueble que fue allanado, mientras Sánchez Arguen permanecía sentado en el móvil policial custodiado por Carabineros.

Una vez concluido el registro, la víctima fue trasladada hasta la Segunda Comisaría de Chillán, en cuyo trayecto también fue detenido Mario Garrido Carrasco, quien fue introducido al mismo jeep en que iba Sánchez Arguen, ambos conocidos de antes por haber trabajado juntos, siendo ingresados a la indicada unidad policial, donde quedaron en celdas separadas. Tras ser sometidos a interrogatorios en ese lugar y fecha, no se tiene noticias del paradero o destino del profesor Sánchez Arguen.

En el aspecto civil, el juez condenó al fisco a pagar una indemnización total de $500 millones a la cónyuge e hijos de la víctima, divididos en $80 millones para la cónyuge y $60 millones para cada uno de los siete hijos.

de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros al mando del teniente Patricio Marabolí detuvo sin orden judicial al profesor. 1

Detienen a dos personas por tráfico de marihuana

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Personal del OS-7 de Carabineros aprehendió a dos personas por tráfico de marihuana y orden de captura vigente, hecho que tuvo lugar en la población Vicente Pérez Rosales de Chillán. Tras previa autorización para inspeccionar el inmueble, los funcionarios encontraron 280 envoltorios de marihuana, también incautaron dinero en efectivo. Por instrucciones del fiscal de drogas y debido a la cantidad de droga incautada, el imputado E.A.G.G. (32) fue formalizado por el delito de trafico ilícito de drogas, mientras que el imputado G.M.T.M.(34) de igual forma pasó a control por las órdenes de detención. Por último, dentro del proceso investigativo se pudo establecer que el investigado comercializaba cada dosis en $5 mil logrando ganancias de $1 millón y medio por la venta de la droga.

Hoy culmina el rastreo masivo de mujer desaparecida

COIHUECO. Las extensas exploraciones no han arrojado ningún resultado.
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Hoy es el tercer y último día de la búsqueda masiva para dar con la ubicación de Idamia Baro Villegas, quien hoy cumple cuatro meses desde que desapareció en la comuna de Coihueco.

Desde el pasado martes un total de 120 personas, pertenecientes a la PDI, Carabineros, Bomberos, Ejército y funcionarios municipales, participan en el rastreo masivo que hasta el momento no ha dado resultados.

El jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), comisario Luis Garrido, señaló que las exploraciones se han mantenido en la ribera del río Coihueco. "Ayer continuaron las labores de búsqueda por parte de todos los equipos que han estado trabajando. Las labores se intensificaron en aquellos lugares que no habían sido vistos el día martes, también tuvimos el trabajo de ejemplares caninos provenientes de la ciudad de Santiago y que fueron muy importantes, ya que cualquier evidencia o cualquier indicio que sea importante estos caninos pudieran detectar algunos olores o aromas que sean de interés criminalístico", explicó.

Manifestó que toda la logística se desplegará nuevamente el día de hoy en las orillas del afluente para buscar intensamente algún indicio que pueda determinar el paradero de la mujer, esto bajo las direcciones del fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz, quien desde el punto comando ubicado en el puente Comercio de la comuna coordinó las faenas.

El Ministerio Público ha recalcado que de no tener resultados con este masivo procedimiento, se mantendrán las investigaciones y diligencias para ubicar a Baro Villegas.

Esperanzas

Idamia Baro vivía con su progenitora, quien se ha mantenido al margen de todos los procedimientos, hablando muy poco con la prensa. Sin embargo, trascendió que rechaza la hipótesis que maneja la fiscalía de un eventual suicidio de la mujer en las cercanías del río Coihueco. Idamia tenía ocho meses de gestación cuando desapareció.

Sanhueza valora aprobación de proyecto para frenar portonazos

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La Sala de la Cámara Baja aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece una serie de medidas destinadas a combatir los denominados "Portonazos". Iniciativa que -a juicio del diputado de la UDI Gustavo Sanhueza- "implica el primer paso para erradicar este ilícito". Sostuvo que "paulatinamente, la comisión de este tipo de delitos se ha intensificado en todo el país, generando incertidumbre y una mayor sensación de inseguridad en la población. Esta medida -que hoy hemos aprobado- apunta a combatirlos de una forma eficiente", dijo.

Según explicó el parlamentario, la iniciativa "fortalece el Código Penal para modificar la forma en que se tratan las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados, entregando además mayores garantías procesales a las víctimas y aumentando las sanciones para los responsables".