Banco Central
Señor director: En las Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central resalta de sobremanera el aumento de la inversión en Chile, la que se puede ver creciendo de forma bastante acelerada en lo que va del año.
Según la institución, durante el tercer trimestre la inversión creció un 7,1% -no se veía un crecimiento así desde 2013-, y con esto se promedia un crecimiento de 5,7% en lo que va del 2018, dejando atrás cuatro años de contracción y con lo que se podría alcanzar, a fin de año, una tasa de crecimiento cercana a 6% (vale recordar que esta cifra no se veía tan auspiciosa cuando corrían los primeros meses del año).
Hay factores y factores a los que se puede atribuir este crecimiento en la inversión, que tan bien le hace a la economía y al empleo de Chile; y quiero reconocer aquí un par de iniciativas que ha hecho el Gobierno que, creo, han ayudado a este crecimiento y ayudarán aún más a futuro, y que a veces quedan olvidadas por la prensa luego de sus anuncios respectivos: la creación de una Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, una Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, un fuerte empujón a la ley de Pago a 30 Días para las Pymes, y una Modernización Tributaria que por el bien de la economía, espero sea aprobada.
Soledad Rodríguez
Escepticismo
Señor Director:Chile vive un escepticismo económico.Desde el primer momento el Gobierno se ha preocupado de ofrecer un programa que genere certeza, confianza, y que promueva reformas que estimulen el crecimiento y la productividad. Asimismo, los datos lo avalan posicionando al país en una expectativa por sobre el 3,7% mundial.
Y es claro, es algo difícil de asimilar después de tantos años con la economía estancada. Y es que Chile está creciendo, aunque aún no confiemos que lo está haciendo.
José Tomás Correa
Responsabilidades políticas
Señor Director:Durante la última semama nos hemos informado del crimen contra Camilo Catrillanca y del proceder de Carabineros, respecto de los cuales día a día conocemos nuevas antecedentes de su pésimo actuar.
Los hechos acontecidos estos días no pueden catalogarse como inesperados. Al contrario, al impulsar una política de militarización en La Araucanía, con una policía preparada para enfrentar una guerra en lugar de un conflicto social, los resultados no podían ser otros sino el completo desastre que hemos presenciado.
Esta pésima política y sus ulteriores consecuencias traen aparejadas responsabilidades políticas que el Gobierno de Sebastián Piñera no ha querido reconocer ni asumir. No basta con que Ministro del Interior Andrés Chadwick, el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y el Intendente de la Araucanía Luis Mayol se desdigan de sus dichos y versiones iniciales, responsabilicen a subalternos y pretendan seguir como si nada. Deben asumir los costos de las políticas implementadas y dar un paso al costado. La permanencia en sus cargos solo sería demostración de que prefieren aferrarse a sus puestos antes que reconocer errores y enmendar el rumbo.
Finalmente, junto con las responsabilidades políticas hoy se requiere implementar políticas que no caigan en los errores reiterados por tantos años, avanzando de esta manera en mayor reconocimiento y autonomía, consultas obligatorias y vinculantes, espacios en los cuales haya real representación y que no queden en meras intenciones, entre otras. Si seguimos implementando las mismas respuestas represivas, los resultados seguirán siendo igual de lamentables.
Gonzalo Guajardo Gavilán
Ley de Pesca
Señor Director: El despliegue mediático de la industria pesquera protestando por los cambios que se vienen a la Ley de Pesca, no es más que una concertada "campaña del terror" para amedrentar al Estado de Chile.
Por una parte, aluden a la pérdida de 37 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Pero lo cierto es que, según la Superintendencia de Pensiones, el total de trabajadores del sector industrial es de 23.358, incluida la acuicultura y, más de la mitad, pertenecen a esta última área que no se ve afectada por la norma.
Lo que la industria pesquera no aclara en su inserto, es que con la ilegítima Ley de Pesca lograron adquirir el 65,5% de la cuota de las principales pesquerías del país, en desmedro del 34,5% para la pesca artesanal (entre 2013 y 2018).
Por lo tanto, el fin de la llamada Ley Longueira, permitirá terminar con los privilegios entregados indefinidamente a la industria. Tema que no solo repercutirá en beneficio de los artesanales, sino que en la sustentabilidad de los recursos y en que éstos queden en manos de todos los chilenos.
Hernán Cortés