Dagoberto Flores Venegas

Cerca de las 7 de l mañana de ayer, vecinos de San Fabián alertaron la presencia de contingente especializado de Carabineros en las inmediaciones de la Subprefectura de la comuna cordillerana. El hecho de inmediato llamó la atención y rápidamente comenzaron a trascender especulaciones y sospechas que apuntaban al eventual desalojo de habitantes del lugar donde serán construidos el embalse Punilla y central Hidroñuble.

Aproximadamente una hora después, las sospechas y trascendidos se hicieron realidad: un contingente de aproximadamente 60 efectivos, provistos de buses, motos y camionetas, llegaron hasta el sector de La Punilla con una única orden, y que contaba además con la firma de Cristóbal Martínez, gobernador de la provincia de Punilla: desalojar a los moradores de cinco hogares distribuidos en tres lotes, terrenos que a estas alturas, como informaron autoridades regionales, serían de propiedad fiscal.

La sorpresa por parte de los vecinos fue evidente. También la tristeza. Y si bien la misión de la policía era concretar la orden al pie de la letra, hasta 20 horas de ayer sólo una casa había sido desalojada, con la evidente amenaza que hasta dicha hora una retroexcavadora esperaba luz verde para demoler la vivienda.

Dolor y rabia

Doce horas antes, Carabineros, junto al receptor judicial a cargo, se presentaron en el hogar de los López-Valenzuela y les notificaron del proceso en curso y que debían acatar. A pesar de la pena, Aliro y Ángela colaboraron con el procedimiento. Pero cuando hasta su casa llegaron trabajadores de la empresa Astaldi para participar en el trámite, el ánimo fue otro y la respuesta de los dueños de casa cambio violentamente, tanto así que Aliro y dos personas más terminaron detenidas y fueron trasladadas hasta la Subprefectura de San Fabián.

Para Ángela Valenzuela el motivo tras la reacción de su marido es claro: Astaldi, junto a otros, es responsable de que hoy sean impedidos de continuar con un estilo de vida que consideran impagable y que ninguna expropiación podrá retribuir.

"Cuando me encuentro dentro de mi casa, en un sector de mi terreno, a la Empresa Astali, porque ellos vienen a ayudar al Mop a sacar las cosas. ¿Por qué tiene que ser la empresa? ¿O sean nadie más podría haber hecho eso? A parte de todo lo que nos ha atropellado la gente de la empresa y la gente del Mop, más encima traen a la empresa para que nos saquen a la calle", apuntó Ángela Valenzuela tras el desalojo y luego que parte de sus cosas hayan sido retiradas y guardadas en containers de Astaldi.

"Nos duele porque nos están sacando de nuestras raíces, y a nadie, ni al Gobierno, le importa. A todos les importa un huevo. Aquí no les importa la salud de nosotros, la sicología de nosotros. O sea a nosotros nos están pateando y 'tení que irte'. Tenemos niños chicos, tenemos animales, tenemos gallinas. Me dice 'la vamos a llevar al lote 5, allá le vamos a llevar sus animales'. 'Oiga', le dije yo '¿qué van a comer mis animales?, si ese terreno es súper chico, cuando ni siquiera está entregado ese lote", continuó la afectada sin esconder sus lágrimas.

"Nadie se hace cargo de nosotros, cuando todo el tiempo hemos estado peleando por nuestro derechos. Mi esposo cría animales. Mi esposo tiene su trabajo arriba en la cordillera. Gana un sueldo espectacular con su trabajo en la cordillera y nos ofrecen llevarnos a la cesantía, que se supone que esto es un megaproyecto, que todos vamos a ser beneficiados ¿Dónde están los beneficios para todos? Es solamente para la gente de abajo", acusó Valenzuela, quien desde hace 25 años vive en La Punilla y antes vivió en Los Mallos, otro sitio cordillerano en la comuna de San Fabián.

"Nos vinimos en busca de una mejor vida. Tuvimos una mejor vida, viene el Gobierno y nos saca así... a patadas (...) Es un abuso de poder", informó por su parte Ángela Valenzuela.

Bases y animales

Según informó Carabineros que concurrió hasta el sector durante la jornada de ayer, tras el desalojo de los López-Valenzuela correspondería la misma acción para las hermanas de Ángela Valenzuela: Silvia Valenzuela y Yexica Valenzuela, quienes viven de allegadas en la casa de sus padres a 1 kilómetro aproximadamente de su hermana.

"Lo único que falta es que nos vengan a violar físicamente", expresó Silvia al interior de la casa de sus padres y esperando la llegada de las Fuerzas Especiales y del receptor judicial.

"La situación que estamos viviendo es vergonzosa. Hemos reclamado cuántas veces. Cuántas cartas mandamos. Mandamos un montón de cartas para que pudieran ver el tema nuestro (…) Mi papá lleva años de comerciante y desde hace años que trabaja para el Sag. Mi mamá también es comerciante. Siempre dijimos que está mal planteado el Plan Social. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos y ahora somos erradicados de forma involuntaria (…) Nosotros estamos pidiendo que se nos compense como corresponde", indicó y apuntó a las bases del proyecto que hoy está ad portas de quitarles lo que han construido durante décadas.

"Nosotros hemos visto lo que dicen las bases de este proyecto: el concesionario va a fijar la cuota del agua de los regantes. ¿En qué va a favorecer a los regantes este proyecto? Este proyecto es un engaño, para la Región es un engaño. Nosotros les pedimos a nuestras autoridades que revisen el proyecto, pero no, siguieron y siguieron, poniéndonos la pata encima (…) Nosotros somos gente de la cordillera, gente de esfuerzo, gente de trabajo. Nosotros no le robamos a nadie, pero ellos nos están robando nuestra dignidad, nos están robando nuestra fuente laboral. Porque esto es un robo", alegó Valenzuela.

Mientras Silvia esperaba y Ángela era desalojada, vecinos del sector se presentaron en el lugar para apoyar a las primeras familias que eran retiradas de sus hogares.

Uno de ellos fue Tomás Labrín, quien desde hace 40 años vive en La Punilla dedicado a la crianza de animales y que eventualmente podría ser desalojado.

Consultado si es que la construcción del proyecto afecta su fuente de ingreso, no duda en responder que "tengo que cambiar todo el rubro. No puedo seguir en lo mismo si me desalojan. Y hasta ahora no tengo nada en mente. Yo les he comentado que quiero seguir dedicado a lo mismo, pero no hemos llegado a ningún acuerdo formal con ellos porque ofrecen una casa y una parcela de 5 mil metros cuadrados. Y yo les digo '¿cómo voy a mantener a mis animales en ese pedacito? Yo hasta el momento tengo como 200 chivos y como 20 vacunos además de los caballos que tengo para moverme. Mis animales recorren como 40 hectáreas. Con eso me muevo y me manejo. Yo no voy a tener a mis animales en 5 mil metros cuadrados. Es imposible, los tendría un día o dos y después se me mueren de hambre. No hemos aceptado ninguna medida compensatoria porque nosotros no estamos de acuerdo porque son muy bajas las medidas de mitigación que nos ofrece el Estado. No nos sirven para seguir haciendo lo que hacemos. No nos sirven esos terrenos", comentó Labrín ante el ir y venir incesante de funcionarios de Fuerzas Especiales, y de camiones y camionetas que retiraron las pertenencias del matrimonio López-Valenzuela.

Versión de autoridades

La mañana de ayer, y mientras se realizaba el primer desalojo, desde la seremía de Obras Públicas se informó que "se realizó la toma de posesión de los terrenos fiscales para dar inicio a la construcción del Embalse La Punilla. Se trata de 3 lotes que implican reubicar 5 hogares debido a que se ha cumplido el plazo para que se entreguen estos terrenos a la sociedad concesionaria y dar inicio a las obras de un proyecto que es prioritario para Ñuble y el país".

A las 18:15 horas de ayer, desde la misma cartera se indicó que el Jefe de la XVI Zona de Carabineros, general Mario Sepúlveda, habría señalado que -a esa hora- "el operativo se continúa desarrollando, donde el receptor judicial está haciendo su trabajo, inventariando las especies que han sido incautadas para posteriormente continuar con la toma de posesión del resto de los lotes, lo cual se está realizando en completa normalidad".

"Siempre dijimos que está mal planteado el Plan Social. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos y ahora somos erradicados de forma involuntaria".

Silvia Valenzuela

Vecina desalojada de La Punilla"

ByF era el nombre de la empresa que llevaría a cabo el proyecto de mejoramiento de espacios públicos, jardineras, sombreaderos y la prolongación Pedro León Gallo y la calle Samuel Muñoz hasta el inicio del puente viejo, todos trabajos a realizarse en la comuna de Coelemu.

Las obras debería haber sido entregadas en el mes de septiembre, pero la empresa comenzó a retirar paulatinamente a sus trabajadores hasta que abandonaron los trabajos.

PREOCUPACIÓN

Alejandro Pedreros, alcalde de la comuna de Coelemu, afirmó que el Serviu comunicó que el motivo de la paralización de las obras era que la empresa tenía insolvencia económica.

"Tenemos preocupación luego que Serviu nos comunicara que el motivo del abandono de obras era por insolvencia económica de la empresa ByF. Tenemos una responsabilidad de que las obras se ejecuten en su totalidad y mientras tanto también podamos asegurarnos del normal desplazamiento de peatones y de vehículos por este sector que ha sido intervenido", afirmó el jefe comunal.

Gilberto Silva, presidente de la Junta de Vecinos Puente Itata, percibió junto a sus vecinos que hace unos meses la empresa comenzó a disminuir el personal que trabajaba en la obra.

En ese sentido, explicó que "nosotros supimos que algo pasaba cuando notamos que la empresa empezó a disminuir personal. Nos complica nuestros estándares de vida, las entradas a nuestros hogares, los vehículos, este es un barrio antiguo y necesitamos tranquilidad, tener accesos en buen estado".

Durante la tarde del pasado martes, el alcalde junto al administrador municipal, la Junta de Vecinos Puente Itata y el Serviu sostuvieron una reunión para tratar el abandono de obras de la empresa implicada.

El alcalde de la comuna afirmó que la respuesta dada por el Serviu "no nos deja tranquilos, al contrario, nos da plazos que son insostenibles y no aceptables, por ello nosotros vamos a interponer todos los recursos necesarios para asegurar que las obras se terminen y que sea en un plazo prudente, razonable y que no implique un riesgo excesivo para las personas".

Según el presidente de la Junta de Vecinos Puente Itata, la empresa no tomó ninguna comunicación con los vecinos.

"No hemos hablado directamente con la empresa, no hay ningún contacto, no dieron ninguna explicación ni respondieron nada, cortaron comunicación y nos dijeron que la empresa habría quebrado", afirmó Gilberto Silva.

De este modo, manifestó que era un lindo proyecto, "siempre imaginamos como sería terminado".

ACCIONES

El alcalde Alejandro Pedreros junto a su equipo de trabajo están analizando las vías judiciales para resguardar la seguridad de las personas y de quienes transiten en vehículos por el lugar.

"Analizaremos las vías judiciales y correspondientes para que esto se resguarde de la mejor manera, no solo del punto de vista de la inversión sino que también por la seguridad de las personas y el tránsito vehicular", concluyó Pedreros.