Crónica Chillán
Siguen los coletazos por el desalojo de las primeras familias afectadas por la construcción del Embalse La Punilla en San Fabián de Alico.
Este miércoles, la diputada del PPD, Loreto Carvajal, expresó su profunda preocupación por la situación de las familias que hoy se encuentran durmiendo en un campamento improvisado en las afueras de las que eran sus viviendas y de paso acusó a que fueron funcionarios de la concesionaria Astaldi quienes ejecutaron materialmente el desalojo y no un receptor judicial, como lo indica la ley.
La legisladora reafirmó la ilegalidad de los desalojos, señalando que "existe un Plan de Desarrollo Social establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Embalse Punilla, proyectado para propietarios y allegados, y que establece 44 medidas de compensación las cuales debían ser cumplidas previamente al proceso de desalojo". Sin embargo, advirtió que, "a sabiendas de que estas medidas estaban pendientes, igualmente la fuerza pública desalojó a los vecinos y vecinas".
Carvajal agregó que "otro aspecto irregular es que este Plan de Desarrollo Social debía ser actualizado 90 días antes de la fecha del inicio de la construcción del proyecto, lo cual no se ha verificado. Por otro lado, hubo un excesivo uso de Fuerzas Especiales de Carabineros y se restringió el acceso a los abogados representantes de las familias para supervisar el acto del desalojo", aseguró.
Finalmente, cuestionó que fueran funcionarios de la empresa Astaldi quienes procedieran a desalojar a las familias. "Si bien existía la orden de desalojo por parte del tribunal, el encargado de hacer cumplir dicha orden es el receptor judicial a cargo del proceso, sin embargo, quienes procedieron materialmente a desalojar fueron funcionarios de la empresa Astaldi. Asimismo, hubo una ejecución simultánea de desalojos sin la presencia del receptor judicial, lo que es improcedente; hubo una falta de prolijidad y detalle en el inventario de los bienes, a la vez que se realizó la demolición de las viviendas con los bienes muebles de los vecinos al interior, y sin exhibir la orden para ello", mencionó.
Sauerbaum precisa plan
No obstante, desde la vereda contraria, el diputado Frank Sauerbaum defendió la legalidad del proceso de toma de posesión material, el que -a su juicio- "se hizo con estricto cumplimiento de la normativa aplicable, resguardando lo bienes y animales de las familias". Asimismo, añadió que "la Sociedad Concesionaria ha entregado documentos que dan cuenta de haber hecho todo lo que está a su alcance para que estas familias reciban los beneficios del PDS. Sin embargo, ellas se han negado reiteradamente a su aplicación".
Sauerbaum informó a su vez que ya se han emitido los Vale Vista con los fondos que corresponden y se ha dispuesto de casas que estas personas pueden usar hasta encontrar una solución definitiva. Sin embargo no han accedido a ellas. "Es lamentable la situación de estas familias, pero se han opuesto en forma persistente a recibir ayuda del MOP y la Sociedad Concesionaria", dijo.
Respecto del Plan de Desarrollo Social recordó que éste contempla muchas medidas que se aplicarán de forma progresiva en el tiempo, "muchas medidas son acompañamiento hasta por 9 años". Y respecto al plan ganadero, aclaró que no se puede precisar mientras los dueños no entreguen el número de animales.
"Me llama la atención tanta imprecisión en las palabras de la diputada Carvajal, sobre todo viniendo de alguien que en el gobierno anterior estaba a favor y ahora en contra", dijo.
