Crónica Chillán
Encontradas reacciones generó en la Región de Ñuble el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que, por ocho votos contra dos, declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales.
La resolución se dio a conocer durante la tarde de ayer, luego de una jornada en la cual los miembros del TC escucharon los alegatos sobre el requerimiento presentado por diputados y senadores de Chile Vamos en contra del decreto supremo que aprueba el reglamento sobre la objeción de conciencia.
De los alegatos participaron en representación de los senadores el abogado Jorge Barrera Rojas; por los diputados, la jurista Constanza Verónica Hube. Mientras que por parte de la Contraloría estuvo el abogado Camilo Mirosevic Verdugo.
A través de un comunicado, el TC informó que estuvieron por acoger los requerimientos de los parlamentarios los ministros Iván Aróstica Maldonado, presidente; Domingo Hernández Emparanza; Juan José Romero Guzmán; la ministra señora María Luisa Brahm Barril, y los ministros señores Cristián Letelier Aguilar; José Ignacio Vásquez Márquez; la ministra María Pía Silva Gallinato y el ministro señor Miguel Ángel Fernández González. En tanto, estuvieron por rechazar dichos requerimientos, los ministros señores Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva.
A nombre de los parlamentarios que propiciaron el recurso, el senador UDI Víctor Pérez Varela expresó que "lo que viene a hacer ahora el TC es a poner las cosas en orden". Agregó que la presentación de los parlamentarios iba en coherencia con lo que el Tribunal Constitucional había dictado hace un tiempo respecto a la objeción de conciencia. "Lamentablemente la Contraloría tuvo una opinión a mi juicio errada en que condicionaba la objeción de conciencia a recursos del Estado y por tanto obligó al gobierno a dictar un reglamento evidentemente inconstitucional", aseveró.
En tal sentido, Pérez Varela enfatizó que "la objeción de conciencia es un elemento esencial en una sociedad libre y por lo tanto no puede ser restringida, no se puede obligar a las personas, a instituciones, a tomar ciertas medidas que van en contra de sus principios, sus valores o su razón de ser".
"Colusión" política
Por su parte, el senador Felipe Harboe manifestó su total rechazo ante la decisión tomada, pues afirmó que "con ello se evidencia la existencia de una colusión entre el gobierno y sus parlamentarios para echar abajo el reglamento que ellos mismos dictaron", agregando que a "Piñera le ganó la derecha totalitaria y conservadora".
Junto con informar que ya se presentó un proyecto de ley para eliminar la objeción de conciencia institucional, el senador Harboe expresó tajante: "No aceptaremos la imposición de moralidad autoritaria del Tribunal Constitucional".
Desde el propio tribunal se informó que la sentencia definitiva será expedida y notificada a más tardar el 18 de enero del 2019, dentro de los plazos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
