Un tribunal saudí celebró ayer la primera sesión contra los once acusados por haber cometido el brutal asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, anunció la Fiscalía General saudí.

De las once personas acusadas, la Fiscalía pidió la pena capital para cinco de ellas "por su implicación en el crimen", durante la primera sesión del juicio, que comenzó en el Tribunal de Sanciones en Riad.

Los encausados, cuyas identidades no han trascendido, escucharon la petición de la Fiscalía junto a sus abogados.

La Fiscalía General saudí anunció el pasado noviembre que 21 personas habían sido detenidas por el asesinato, pero finalmente acusó a once por su implicación en el crimen.

Al término de la primera sesión del juicio, la Fiscalía General informó que continúa la investigación para "varios" de los acusados, sin dar más detalles.

Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, al que acudió para recoger unos documentos que le permitieran casarse con su prometida turca.

Riad admitió el homicidio, pero no ha aclarado qué ocurrió con el cadáver. Las autoridades turcas dicen tener pruebas de que Khashoggi fue asfixiado y su cuerpo descuartizado para hacerlo desaparecer.

Pruebas que no llegan

La Fiscalía de Arabia Saudita anunció que mandó, el pasado 17 de diciembre, dos memorandos judiciales a la Fiscalía General de Turquía para pedir las pruebas que los turcos han ido recolectando a lo largo de la investigación.

Sin embargo, apuntó la institución persecutora, aún no ha recibido respuesta de las autoridades turcas, al igual que con los otros memorandos enviados el 17, 25 y 31 de octubre.

Sin extradición

Riad ha insistido, en estos últimos meses, en que los acusados por el asesinato de Khashoggi no van a ser extraditados a Turquía, país que los reclama por el crimen.

El fiscal peruano José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Odebrecht en su país, anunció ayer que este 11 de enero ya no se firmará el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, ante la crisis generada en el Ministerio Público de Perú.

"El día 11 no nos vamos a constituir (sic) al Brasil, y el 13, 14, 15 y 16, que se iban a tomar las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios, tampoco se llevarán a cabo en esas fechas. Esperemos que sea lo más pronto posible", declaró Pérez.

El fiscal indicó que esta suspensión de la firma del acuerdo, al que se llegó en diciembre pasado, se debe a los retrasos generados por la decisión del fiscal general peruano, Pedro Chávarry, de destituirlo a él y al jefe del equipo especial que investiga el caso, Rafael Vela.

Chávarry anunció esa medida el pasado 31 de diciembre, a pocas horas de la fiesta de Año Nuevo, pero ante el gran rechazo político y ciudadano que generó su decisión, el pasado miércoles dio marcha atrás y repuso a los fiscales en sus puestos.

El equipo de fiscales peruanos alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con los directivos de Odebrecht en diciembre pasado, por el que la empresa se comprometió a entregar información y documentación relevante sobre el pago de sobornos y la entrega de aportes económicos a funcionarios y políticos peruanos. Como parte de ese acuerdo, se habían programado interrogatorios en Brasil relacionados a investigaciones contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, la exprimera dama Nadine Heredia y la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán.

Con el objetivo, dijo, de "hacer justicia con nuestras pymes" y "devolverles el capital de trabajo y la tranquilidad", el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Pago a 30 días, que fue despachada por el Congreso el 19 de diciembre pasado.

La medida surgió como una moción de los senadores Andrés Allamand (RN), Alfonso de Urresti (PS) e Iván Moreira (UDI) y los exsenadores Andrés Zaldívar (DC) y Eugenio Tuma (PPD). El Mandatario les agradeció, así como reconoció "el aporte y la colaboración" de la Democracia Cristiana y el Partido Radical para sacar adelante la iniciativa.

"Alguien dijo que las pymes estaban en boca de todos, pero en manos de nadie. Las pymes no son de izquierda, no son de derecha, no son de gobierno, no son de oposición, son el motor de Chile. Por eso agradezco este gesto, que busca lo que es bueno para el país, más allá de las legítimas diferencias que puedan existir entre nosotros", afirmó Piñera.

"necesitan liquidez"

Acompañado de diversos representantes del mundo pyme, el jefe de Estado expuso que "las pymes necesitan liquidez para poder vivir y a eso apunta este proyecto, porque sabemos que muchas veces las grandes empresas no pagan a tiempo, se demoran mucho y, lo que es mas grave, nunca está claro cuándo van a pagar".

"Esta ley viene a hacer justicia con nuestras pymes, porque va a evitar que las grandes empresas se queden con el capital de trabajo de las pequeñas, medianas y micro empresas de nuestro país", agregó.

De esta forma, la nueva ley establece un plazo de pago certero -impulsado por la obligación de emisión de la guía de despacho electrónica- e instaura la aplicación de intereses corrientes por cada día de atraso en el pago de la factura y comisión moratoria.

El Presidente Piñera explicó que "si alguna persona no paga dentro de ese plazo (30 días), empezará a regir una tasa de interés convencional, pero ademas habrá una sanción por mora".

Pago de intereses

El ministro de Economía, José Ramón Valente, especificó: "Cualquier empresa que no pague sus facturas a tiempo tendrá que pagar intereses, comisiones por mora y, además, va a perder su capacidad de endeudarse en el sistema financiero, porque esa deuda pasará a ser parte de su deuda financiera". Ello significará que la deuda "le comerá' parte de su capacidad de crédito", apuntó Valente.

Entrada en vigencia

Cabe destacar que, para el sector privado, la ley entrará en vigencia en el cuarto mes de publicada en el Diario Oficial, mientras que en el sector público lo hará en el plazo de un año. Para las municipalidades y el sector salud, los plazos se aplicarán a partir del mes 29 de publicada la ley.

Para finalizar, el ministro Valente recalcó que la discusión de lograr una ley como ésta se extendió por 15 años y que más de cuatro millones de chilenos se verán beneficiados con ella.

millones de chilenos se debieran ver beneficiados con esta iniciativa, 4

dijo el ministro Valente. 1