Un nuevo golpe a la credibilidad de una institución del Estado se reveló esta semana, luego que el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconociera públicamente que se investiga una "manipulación del IPC" informado al mercado para los meses de agosto y septiembre de 2018.
Cabe recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios que es representativa del gasto de los hogares urbanos, y sus cifras inciden tanto como medición de la inflación interna del país, como para determinar el valor de la Unidad de Fomento (UF), con el cual se calculan por ejemplo las cuotas de los créditos hipotecarios, o la Unidad Tributaria Mensual (UTM); asimismo el indicador es la base para la indexación de los arriendos o para el reajuste de los salarios, como también es parte del cálculo para ajustar las tarifas de servicios básicos como electricidad y servicios sanitarios.
De tal modo que cualquier variación del indicador mensual tiene efectos directos e inmediatos para el bolsillo de las personas y el presupuesto de las familias. De ahí entonces la gravedad de lo informado por el director nacional del INE y reafirmado por el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien reconoció que el organismo "ha venido mostrando síntomas de debilidad metodológica en sus procesos". Lo anterior significa no solo un golpe directo a la credibilidad de la institución de cara a los propios ciudadanos, sino que asimismo pone en jaque la imagen de seriedad que el país proyecta hacia el exterior. La misma imagen que, bajo reconocimiento de todos los sectores políticos, se vio mermada con el fallido Censo de 2012, que tuvo un costo para el país de $30 mil millones, pero que en definitiva terminó siendo desechado por recomendación de una comisión de expertos citada por el gobierno y su información no se consideró válida para la elaboración de las políticas públicas.
Cabe mencionar que a nivel local, el INE también ha recibido críticas. Las más recientes, con ocasión del Día del Trabajador (1 de Mayo), cuando el presidente de la CUT en Ñuble, Luis Vásquez, afirmó no dar credibilidad a las cifras de desocupación que el instituto calculó para la región en el trimestre enero-marzo 2019, y que se situaron en un 5,5%.
Las palabras del director nacional del INE estuvieron lejos de ser tranquilizadoras, al no descartar que la situación se haya repetido con anterioridad y frente a lo cual se ordenó una revisión completa entre los años 2016 al 2019, y se realizó una denuncia al Ministerio Público. De llegar a determinarse otras situaciones similares, el impacto en la economía y el presupuesto de los hogares difícilmente podrá ser compensado.