Producto de la realización del juicio oral por el "Caso Fraude al Fisco" al interior de la Municipalidad de Chillán Viejo, el Tribunal Oral en lo Penal decidió solicitar la colaboración a otros jueces para llevar a cabo las restantes audiencias y juicios programados por el Tribunal Oral en lo Penal.

Es así como el Administrador del Tribunal Oral en lo Penal, Carlos Rojas, expresó que "debido a que el juicio de Chillán Viejo se extendió, hemos tenido que recurrir a otros jueces de otras jurisdicciones que han venido a apoyar la labor de este tribunal con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo normal de la actividad judicial".

Producto de alargue del juicio, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a otros jueces porque por casi dos meses hemos perdido a tres jueces y los ingresos continúan y deben ser absorbidos por los cuatro jueces restantes y, por ende, nos ha complicado enormemente, haciendo que tengamos una sobrecarga de trabajo de los jueces del tribunal".

En relación a esto, el administrador de tribunal agrego que "esperamos que este problema se resuelva cuando termine el juicio que, según nuestros cálculos, debería ser cerca del 20 de agosto y de esa manera regularizar la carga de trabajo de los jueces y el tribunal", dijo.

Costos

En relación al tema de los costos que ha significado este juicio, la visión del Fiscal Álvaro Serrano es que "estamos frente a delitos bastante especiales, que obviamente requieren una investigación profunda y acuciosa, y por lo mismo es que ha llevado un tiempo más largo en cuanto a su desarrollo".

Sin embargo, el fiscal manifestó que "lo que aquí se está viendo no es una materia sencilla y, por lo mismo, lo más importante sobre los costos, inclusive de carácter monetario, es que estamos embarcados en un delito tremendo como un fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, que afectan a toda la comunidad. Si fuera por ese tema dejaríamos en libertad a todos los políticos y empresarios que han estado involucrados en este tipo de ilícitos; por lo mismo, un juicio de este tipo sale caro, pero entendemos que esto afecta a la comunidad chillanvejana", sentenció el fiscal Serrano.

Álvaro Alarcón B

La Junta de Vigilancia del Río Ñuble espera que el ministro de Obras Públicas cumpla su compromiso de asistir a un encuentro con ellos, para discutir qué medidas, qué perspectivas y cuáles son los planes que el Ministerio tiene en relación al próximo inicio de la construcción del embalse Punilla.

La presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier, sostuvo que "la invitación fue extendida cuando nos trasladamos hasta Santiago para reunirnos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para plantearle nuestra inquietud por el retraso del inicio de las obras del embalse punilla en San Fabián".

La idea, según dijo, es que el ministro pueda venir durante la primera quincena de agosto, ya que por contrato Astaldi debe comenzar los trabajos; "sin embargo, el tema está estancado por una serie de problemas legales, como por ejemplo los recursos presentados ante el tribunal ambiental por parte de las familias desalojadas y para lo cual se realizaría una audiencia para buscar una solución el próximo 11 de septiembre, lo cual deja en claro que no se cumpliría con los plazos establecidos", enfatizó.

Por lo mismo, sostuvo que "para ese encuentro con el ministro de MOP le daremos a conocer cuáles son nuestras pretensiones y lo primero que hay que decir es que queremos que se haga el embalse, ya que llevamos 15 años esperando por ello y la región lleva 90 años batallando porque se haga el embalse".

En este sentido, la dirigente de los regantes fue enfática en señalar que "si la actual empresa concesionaria no puede realizar la obra, ésta deberá realizarse según lo dispuesto por el DFL 1.123, que es lo que nos da la certeza de que realmente se va a hacer, ya que aparentemente por la ley de concesiones tiene sus riesgos el asunto, porque al parecer esto no es tan simple de llevar a cabo , sobre todo porque han sido unos pésimos concesionarios y por lo mismo el gobierno debe hacerse cargo en caso de que la empresa Astaldi no pudiera realizar la obra".

Diputados

Para el diputado Radical, Carlos Abel Jarpa, "el embalse Punilla es una obra que tiene que hacerse sí o sí en la región, porque es la única forma de que los regantes de la región puedan mejorar su actual situación y en general de todos aquellos que se verían beneficiados por la obra".

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza, manifestó que "si bien existen ciertos temores por parte de los agricultores por cómo han venido sucediendo los hechos con la empresa Astaldi, hasta ahora no han incumplido ninguna materia estipulada dentro del contrato y, por lo mismo, por ahora no existe la posibilidad de que esto pueda cambiar".

Código de aguas

Otra tema al cual se refirió la presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier, fue la reforma al Código de Aguas que está actualmente en el Senado, luego que fuera aprobada por la Cámara de Diputados. "Es preocupante para los regantes, pero fundamentalmente para los campesinos y necesitamos que se haga como debe ser, porque yo creo que en Chile estamos aburridos de que se hagan leyes mal hechas, ya que aquí no es novedad que esto pase. Esto, porque no hay gente capacitada para hacerlas y por lo mismo cada artículo queda mal redactado y entonces cuando se hace referencia al espíritu de la ley, al final dependerá de la capacidad del abogado de turno, si es capaz, saca el espíritu del sombrero y es capaz de hacer cualquier cosa con la ley, y por lo mismo no queremos que la ley quede abierta para que hagan cualquier cosa con ella".

Concluyó que "está clarísimo el derecho de agua en el país y esto no significa que nosotros hagamos lo que queramos con ese derecho, ya que no nos permite especular", dijo.

"Lo primero que hay que decir es que queremos que se haga el embalse, ya que llevamos 15 años esperando por ello".

Margarita Letelier, Pta. Junta Vigilancia Río Ñuble