Crónica Chillán

Esta semana, específicamente el lunes, el Ministerio de Obras Púbicas, a través de la Dirección General de Concesiones, presentó ante la comisión arbitral conformada por Mario Barrientos, Carlos Mercado y Jaime Jara, una demanda de extinción de la concesión del embalse La Punilla por incumplimientos graves por parte de la concesionaria.

La presentación de la demanda se basa en que la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A. no cumplió con su obligación de enterar el capital social de $40 mil millones dentro del plazo que venció el 10 de agosto de 2019 -reduciéndose su capital al monto efectivamente suscrito y pagado-, y no reconstituyó la garantía de construcción dentro de los 15 días siguientes al cobro de la garantía original por parte del MOP.

La comisión arbitral deberá dar trámite a esta demanda y pronunciarse sobre la misma conforme a derecho.

Mientras se tramite el arbitraje, el contrato se mantiene vigente y la concesionaria debe continuar cumpliendo sus obligaciones. Una vez que la comisión arbitral declare la extinción, el MOP definirá si relicitará el actual contrato o si lo terminará para licitar el proyecto bajo la ley de concesiones o como una obra directa.

Diputados reaccionan

La información generó una rápida respuesta de parte de los parlamentarios de Ñuble con respecto al proyecto proyectado en San Fabián y que nuevamente sufre un fuerte golpe para el inicio de las obras durante el presente año, tal como lo proyectaron desde el mismo Gobierno.

"Considero que la decisión del MOP es acertada, por los últimos hechos que Astaldi ha tenido, por lo tanto era lo que se tenía que hacer porque se le da un corte a esta situación que era bastante complicada. Ahora bien, esto se ajusta a lo que se conversó con el ministro la última vez que vinom por lo mismo la decisión está acorde a lo que allí se planteó. Además, esto demuestra el compromiso del Gobierno con la región", expresó el diputado Carlos Abel Jarpa.

Quien también abordó el tema fue el diputado Frank Sauerbaum, quien expresó que "me parece que el gobierno tomó la decisión acertada, era lo que nosotros veníamos advirtiendo y por lo tanto no tuvo que esperar que se cumplieran los plazos legales para poder tomar esta medida, ya que Astaldi no tenía ninguna intención de cumplir su compromiso, ya que se encuentra en una difícil situación financiera que no permitía llevar adelante el proyecto y, por lo tanto, en la medida que nosotros aceleremos el término del contrato con Astaldi podremos buscar una alternativa para poder llevar adelante la construcción de este proyecto".

"Hay que acelerar los trámites para que haya una alternativa distinta, sea el Estado o empresa privada la que lleve adelante este proyecto, que es de una gran importancia para nuestra región", dijo sobre el eventual sistema de financiamiento sobre la megaobra de riego y generación eléctrica.

Sobre la real opción de que el Estado se pueda hacer cargo de la construcción del embalse, Sauerbaum proyectó que "a lo mejor si se hace un embalse de menores dimensiones, de características distintas, puede ser; por tanto, no hay que desecharlo, ya que aquí hay que buscar la forma de que se modifique la Ley 1.123 que permite la construcción de embalses por parte del Estado en obras de riego, y como es un decreto con fuerza de ley, se puede modificar de manera unilateral por parte del Presidente de la República, teniendo como base lo importante que es para la región tener este embalse para dinamizar la agricultura".

Cabe recordar que el inicio de las obras estaba programado para agosto, además, cuando el Estado cobró la boleta de garantía a la empresa Astaldi, solo tenían $14 mil millones disponibles de un total de $40 mil millones.

Los trabajadores de Buses Línea Azul todavía esperan por el pago de los dos meses de sueldos que les adeudan en la empresa, situación que en un principio habían acordado con los responsables de la compañía de transportes en Chillán.

Es así como los trabajadores de las distintas áreas no han tenido una respuesta clara, ante lo cual uno de sus dirigentes, Cristino Saavedra, manifestó que "en estos momentos la situación en la que estamos está bastante mal, ya que la empresa se había comprometido al pago del mes de julio hace dos semanas; sin embargo eso no ha acontecido y es por eso que esperaremos hasta mañana (hoy), de lo contrario tomaríamos la vía legal para realizar demandas colectivas contra la empresa a contar del viernes".

Afirmó que esta actitud se debe principalmente a que, "si bien en un primer momento sentimos el respaldo de la empresa, ésta con el paso de los días se ha diluido; por lo tanto, hemos llegado a esta decisión que es dolorosa para los más antiguos, que llevamos entre 15 a 20 años en la empresa, pero las circunstancias que estamos viviendo nos llevan a plantear este escenario", agregó.

cambio de fecha

Ayer se esperaba revisar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Garantía de Graneros a los dos formalizados por la tragedia ocurrida en San Francisco de Mostazal, sin embargo la audiencia se aplazó para el 10 de septiembre y los imputados se mantienen con las medidas impuestas, como es la prisión preventiva que cumple Marcelo Hernández.