Sigue la incertidumbre en la comuna de Coihueco con la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., por el plantel porcino Santa Josefina que -en rigor- se encuentra en proceso de cierre. Sin embargo, vecinos del sector Bustamante manifestaron que esta vez la empresa se va a reinstalar en tres espacios distintos para "evadir las leyes", dicen.

Los vecinos acusan que estaría reubicándose a menos de 500 metros de sus viviendas, lo que significa volver a vivir un problema que se arrastra hace 14 años (2005-2019), pero que hoy está en proceso de cierre por incumplimientos y causar serios problemas ambientales.

Al respecto, el concejal de Coihueco, Raúl Martínez, acusó que "es el mayor problema que tenemos la mayoría de los coihuecanos, sabemos que la empresa tiene pensando arrendar un terreno en la localidad de Niblinto y también Primera Hijuela, donde contemplan fraccionar o dividir ese plantel porcino con el objeto de salvaguardar la norma en realidad; hoy día tiene 7.500 cerdos y podría perfectamente redistribuir los mismos en lugares distintos a los que están ocupando para no tener que sacar ellos (la empresa) una resolución de calificación ambiental y sea más fácil. Este plantel nos ha dado nuevamente una bofetada en la cara a la gente que cumplimos con la ley", sostuvo el edil.

De igual forma, el concejal manifestó que han sostenido reuniones con diversas autoridades, pero hasta ahora no han logrado una respuesta. "Se han tocado todas las puertas y la verdad de las cosas es que ellos (la empresa) siempre buscan de alguna u otra manera para poder infringir la norma, teniendo cero respeto por la comunidad y con la ley. Estamos muy atentos con lo que va a ocurrir y se tomarán las medidas del caso que sean pertinente. Ellos han visto en los vacíos que deja la ley una forma de poder seguir dañándonos como comuna y seguir llenando sus bolsillos", expresó.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Bustamante, Teresa Lumán, explicó que "vinieron los dueños a decirnos que no habría mucho olor por el sistema que ellos trabajaban, pero eso no será así, por eso estamos unidos con los juntas de vecinos para seguir trabajando en el rechazo de esta situación. Nuestras casas están con lienzos, banderas negras y letreros que expresan el sentir de cada uno, queremos un aire limpio sin contaminación, no podemos volver a vivir esta pesadilla. Es inaceptable, la ley ahora los respalda porque ellos (la empresa) hicieron las cosas para escapar de las obligaciones. Las autoridades vinieron al lugar, sacaron fotos, pero dijeron que mientras no estén los cerdos allí no se puede hacer nada, y no es la idea porque nosotros no queremos que esto pase, así que seguiremos insistiendo en que no ocurra de nuevo. Estamos organizando una manifestación en las calles de la comuna para expresar nuestro sentir", sostuvo.

Crónica Chillán buscó una respuesta por parte de la empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda, sin embargo el representante legal Luis Cantellano solo declaró: "no hay reinstalación, están siguiendo el protocolo de cierre" sin hacer más referencias respecto al caso.

La Autoridad Sanitaria inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar el origen de 19 casos de gastroenteritis que afectó a 19 trabajadores (de un universo de 517 personas) de la empresa Alifrut.

La Unidad de Seguridad Alimentaria fiscalizó el casino de la empresa ubicada en el km 5 del camino a Coihueco, constatando algunas problemáticas relacionadas con espacios reducidos para la elaboración de los alimentos "lo que dificulta el flujo del proceso, y puede ocasionar contaminación cruzada, ya que se manipulan productos cocinados y crudos en la misma área", explicó Marta Bravo, seremi de Salud.

Alejandro Torres Caamaño

A raíz de una decisión tomada por el Consejo de Defensa del Estado, específicamente a través de su presidenta María Eugenia Manaud, es que el consejero Daniel Martorell visitó la procuraduría de Chillán. La decisión fue transversal, en el sentido que distintos consejeros han visitado asimismo distintas procuradurías del país, lo cual obedece a constatar el estado del personal en dichas oficinas, a raíz del estallido social que se ha desarrollado por más de un mes a lo largo del país.

En dicho contexto, el abogado Martorell, según explicó, tuvo como labor la de conocer la realidad local. Según precisó a este medio, la iniciativa tuvo el objetivo de "conocer las realidades de cada una de las distintas regiones, contener a las personas en la medida que lo necesiten, conocer si han tenido algunos eventos que ameriten acciones".

-¿Con qué realidad se ha encontrado en Chillán respecto a las manifestaciones y el llamado estallido social?

-Me he encontrado, afortunadamente, con una realidad buena, en que no han existido mayores problemas. Han tenido un pasar bastante tranquilo, con algunos inconvenientes respecto de las relaciones con los servicios públicos que se han visto afectados, servicios públicos respecto de los cuales pueden no tener la dotación de personal adecuado, por ejemplo, producto de algunos problemas. Pero en la procuraduría misma, ningún tipo de inconvenientes. En general, la situación es de tranquilidad, contento con que no haya ocurrido ningún evento perjudicial para la procuraduría.

-En el contexto actual del país, ¿cuál es su visión acerca de lo que ha ocurrido en Chillán?

-El personal ha señalado que han existido manifestaciones, algunos eventos de saqueos puntuales, pero que en general ha sido comparativamente en relación al país, de bastante menor intensidad. Ellos observan comparativamente con lo que se puede apreciar en las noticias en Santiago, Concepción, y observan que en Chillán ha sido una ciudad más tranquila.

-¿El CDE maneja casos considerados como graves en cuanto al actuar policial en medio de las manifestaciones?

-No. En Chillán puntualmente no existen denuncias de uso ilegítimo de fuerzas policiales, por lo menos la procuraduría no ha recibido comunicaciones de que existan investigaciones en curso en el Ministerio Público dentro de esa línea, sin perjuicio de que eso puede estar siendo explicado por las demoras que pueden tener en la remisión. Pero lo concreto es que nosotros hoy en la procuraduría de Chillán no tenemos antecedentes respecto de denuncias en contra de las fuerzas policiales.

-¿Se reunió con el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble?

-No, no tuve la posibilidad y tampoco está dentro del contexto de mi visita, la que está focalizada en la procuraduría nuestra, del CDE, no tiene por propósito interactuar o tener relaciones con otras instituciones como el INDH.

-¿Tampoco con el intendente Arrau?

-No, tampoco, ni con ninguna otra autoridad.

-¿Por qué?

-El propósito era una visita corta, una visita que buscaba conocer la realidad de la procuraduría de Chillán, sin perjuicio de que, con posteridad, si la presidenta lo estima bien y si existiera o ameritara la necesidad de interactuar con otras autoridades, no cabe ninguna duda de que así se va a hacer. Hoy (ayer) se planteó una visita muy rápida, para efectos de conocer la realidad de la procuraduría de Chillán.

-¿Tienen conocimiento de casos de daños a inmuebles públicos en Chillán?

-En general, en la procuraduría, no. No sé si han existido, me da la sensación que puede existir, aunque haya sido con una intensidad menor. Pero por un asunto de simple deducción, entiendo que algún grado de daño de servicios públicos puede estar presente. Pero nosotros en la procuraduría no tenemos oficios o información regular que algún servicio público al interior de nuestra gestión haya denunciado daños.

Chillán y el país

-En Chillán no se han registrado hechos de violencia tan fuertes como sí ha ocurrido en Concepción, Valparaíso o Santiago. Estas situaciones, ¿podrían poner en riesgo el Estado de Derecho?

-Pienso que todos los estallidos sociales tienen características especiales de saber cuándo empiezan, pero de no saber cuándo ni cómo terminan. Claramente hay un riesgo que tanto las autoridades políticas y no políticas deben ir evaluando y tomando las mejores decisiones. Ojalá nunca ocurra que nuestro Estado de Derecho entre en una zona de riesgo, pero presagiar u observar un quiebre, es algo que nadie sabe. Lo que sí sé es que el Estado de Derecho se ha mantenido.

-¿Colabora el acuerdo político por la paz?

-Como ciudadano, tiendo a pensar que sí.

"Me he encontrado, afortunadamente, con una realidad buena, en que no han existido mayores problemas".

Daniel Martorell, Consejero del Consejo, de Defensa del Estado

19 de octubre