El Senado boliviano aprobó ayer el proyecto de ley de convocatoria a nuevas elecciones tras lograr un acuerdo consensuado con todas las fuerzas políticas el viernes en la tarde, que procura devolver la paz al país luego de un mes de convulsión social que ha dejado al menos 32 personas muertas y 700 heridos.

Los senadores aprobaron la iniciativa por unanimidad y pasó a la Cámara de diputados, que llamó a sesión en la misma jornada. En las calles de localidades como El Alto y Cochabamba, mientras tanto, se pudo observar que el acuerdo logró hacer retroceder las protestas y los choques entre partidarios y detractores de Morales.

En el proyecto de ley no se prevé que el expresidente Evo Morales, ya que se estipuló un artículo en el que se establece que "los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo".

Morales, quien renunció el 10 de noviembre en medio de las protestas de opositores que denunciaron fraude en los comicios del 20 de octubre, estaba por culminar su tercer periodo consecutivo. El militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) también fue cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que confirmó las irregularidades. El exmandatario recibió asilo de México tras su dimisión y denunció un golpe de Estado.

La bancada del partido de Morales pidió que las elecciones sean realizadas en un plazo de 120 días una vez sean convocadas y tuvo el apoyo del pleno.

El senador por el MAS Ciro Zabala, parte de la Comisión de Constitución que presentó el anteproyecto, dijo que "esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros".

Aterrizaje sin asilo

Mientras en La Paz el Congreso buscaba una salida política a la crisis mediante un nuevo proceso electoral, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que los hijos del expresidente Evo Morales, Evaliz y Álvaro, habían salido del país con destino a Argentina.

"Por instrucciones de la señora presidenta (interina) Jeanine Ánez dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Morales para salir del país, esta madrugada abordaron un avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres", escribió Murillo en su cuenta de Twitter.

Altas fuentes de la Cancillería de Argentina informaron a The Associated Press que los hijos de Morales se quedarán en Buenos Aires sin recibir ningún asilo político. A la capital trasandina arribaron después de las 17 horas, cuando recién había comenzado en Perú la final por Copa Libertadores que jugaba River Plate y Flamengo, por lo que los bonaerenses estaban volcados a seguir el encuentro.

Morales, quien se asiló en México tras renunciar el 10 de noviembre en medio de las protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, dijo en las redes sociales que se generaron acusaciones contra su hija Evaliz.

"Es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto 'enriquecimiento ilícito'. íQue más inventarán para intentar defenestrarnos!", escribió.

En la víspera, un grupo de abogados -liderado por Eduardo León- señalaron que "hay millonarias cantidades de dinero que se ha apropiado la hija de Morales" y por eso tiene que ser investigada y procesada, señalaron.

Evaliz, de 24 años, es hija de Evo Morales y Francisca Alvarado, una antigua dirigente de un movimiento indígena, mientras que Álvaro es un año menor y su madre es Marisol Paredes.

La hija del exmandatario estaba refugiada en la embajada de México desde el 11 de noviembre, a la espera del salvoconducto del asilo en ese país, donde se encuentra su padre. Sin embargo, la canciller de Bolivia Karen Longaric, informó el viernes en la noche que Evaliz Morales había retirado su pedido de asilo.

Al menos tres policías resultaron muertos y siete heridos en un atentado con explosivos perpetrado el viernes por desconocidos contra una comisaría del municipio de Santander de Quilichao, en el convulso departamento colombiano del Cauca.

"Aproximadamente a las 9.10 de la noche se presentó un impacto explosivo contra la estación de Policía del municipio de Santander. El reporte es tres policías muertos y siete policías heridos", afirmó a periodistas el secretario de Gobierno del Cauca, Jaime Asprilla.

Este ataque se produjo en un momento de máxima tensión en Colombia por la ola de disturbios y vandalismo que siguió a las protestas del jueves contra la política económica y social del presidente Iván Duque, y que motivaron la declaración del toque de queda ese día en Cali y la noche del viernes en Bogotá. Ante los saqueos y luego de detenerse a 170 personas violando la disposición, el mandatario ayer dispuso que al menos 7..000 milotares se mantuvieran patrullando Bogotá en forma preventiva, mientras en las calles hubo nuevas manifestaciones.

El secretario Asprilla agregó que los criminales instalaron una rampa frente a la estación y desde allí "dispararon los cilindros que cegaron la vida de estos tres policías", aunque no atribuyó a ningún grupo el ataque, del que inicialmente se informó de que era con auto-bomba.

El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de la disuelta guerriilla de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos deñ narcotráfico.

La rivalidad entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene un mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según el centro de investigación InSight Crime.

La violencia en el Cauca se ensaña con las comunidades indígenas: a finales de octubre la autoridad de la tribu neehwe'sx Cristina Bautista y los guardias Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto fueron asesinados por disidencias de las FARC, que según el Gobierno les dispararon en el caserío de Tacueyó.

Hasta junio de este año, al menos 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, diez de ellos en el Cauca.