En mi experiencia de vida bajo el modelo cooperativo, he comprendido lo necesario que éste puede resultar para el desarrollo de una sociedad global justa, solidaria e igualitaria. Luego de la reciente participación que tuve en el XIX Congreso de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, tengo una perspectiva que deseo compartirles y que fundamento en el quinto principio del cooperativismo: la educación; que por cierto, está establecida en el primer artículo de nuestra Ley General de Cooperativas.

En la permanente búsqueda de lograr el bienestar común, es imprescindible la promoción de una enseñanza cooperativa, en los colegios y universidades, incluso en las comunidades.

Al comparar nuestra realidad en Chile con Argentina, observamos que ellos tienen 250 cooperativas eléctricas y nosotros apenas 7. ¿La razón de esto? Pues, hay cátedras de educación cooperativa en las universidades de ese vecino país. Cuando hablo de instaurar en las aulas el concepto de la asociatividad, tenemos que hacerlo partiendo en la básica, a fin de crear la base sólida de una estructura, que a futuro, se consolidará y crecerá. Ejemplo de ello es el programa pedagógico cooperativo que ofrece la Universidad de La Pampa, además de la multiplicidad de ofertas académicas en universidades e institutos argentinos para capacitarse en esta materia. En Chile solamente puede mencionarse la Universidad de Los Lagos, que enseña cooperativismo a estudiantes del último año de Ingeniería Comercial, gracias a la gestión realizada desde la Asociación de Cooperativas del Sur.

Debemos romper el estereotipo individualista e incorporar la praxis cooperativa, esto sin duda, implicaría un cambio de actitud en el que los monólogos se convertirían en diálogos solidarios, en el que se unirían fuerzas, se trazarían proyectos, se minimizarían las barreras geográficas, se avanzaría hacia la descentralización, se impulsaría así la economía local y en definitiva se atenderían las demandas sociales que nosotros como sociedad hemos estado haciendo desde hace muchos años, ejerciendo nuestros derechos a tener mejor educación, salud, una canasta familiar regulada, acceso al agua potable y en definitiva: el bienestar común.

Con esto quiero referirme a que el cooperativismo debe enseñarse y practicarse hasta que se convierta en un estilo de vida que permita al final de una carrera universitaria, prestar un servicio en base a la asociatividad. Pero, precisamente esto es lo que no tiene Chile, pues sólo ofrece oportunidades individualistas. Si esto dejara de ser un sueño y se materializara, lograríamos un mundo asociativo profesional.

Manuel Bello Núñez Presidente de Cooperativa Copelec y Fenacopel.

Una encuesta del Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Universidad de Chile, reveló que el 62% de los chilenos declara que se prepara poco o nada para la vejez, mientras un 73% considera que este grupo etáreo se encuentra marginado de la sociedad. Un factor que explicaría el descontento que reina en este sector de la población -que hoy suma más de tres millones de personas y que el 2025 representará el 20% de los chilenos- con el anuncio del Gobierno de incrementar un 50% la Pensión Básica Solidaria a aquellos mayores de 80 años, mientras que para los mayores de 65 años el beneficio se podría aplicar gradualmente, beneficiando a más de 65 mil jubilados en Ñuble.

Desde el estallido social del 18 de octubre, el Gobierno ha centrado buena parte de sus respuestas a las demandas de la calle hacia este estrato más vulnerable. Cabe recordar que, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2020, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció la rebaja del 50% en la tarifa del transporte público para todos los mayores de 65 años, sean o no pensionados. A lo anterior se suma la medida anunciada por BancoEstado de no cobrar comisiones para las primeras tres transacciones que realicen al mes en su CuentaRUT, donde se depositan las pensiones de vejez.

Esta semana tuvo un avance legislativo la Ley de Fármacos II, que permitirá la importación directa de medicamentos, ayudando a bajar su alto costo. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP) la compra de remedios representa el 35,8% del gasto de los chilenos en salud y cada adulto mayor consume un promedio de 8 medicamentos distintos al día. Por ello, otro proyecto de Ley que impulsa el Minsal autorizará a Cenabast a vender medicamentos a farmacias independientes y así mejorar el acceso a fármacos más baratos.

Con el aumento de la esperanza de vida, que hoy promedia los 85 años, y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, que indican que la población de adultos mayores crecerá más del doble dentro de los próximos 30 años, el impacto del envejecimiento de los habitantes del país crecerá a un ritmo acelerado. Sólo considerando el gasto hospitalario en pacientes de la tercera edad, al año 2050 le significará al Estado $1,9 billones, similar a todo el gasto hospitalario 2018. Por ello, "invertir en la tercera edad, en el largo plazo, es un ahorro", sostiene académico de la U. Católica y coordinador de la Unidad Geriátrica de Agudos de la Clínica San Carlos de Apoquindo, Homero Gac. Una política que debiese expresarse en inversiones concretas en la Región de Ñuble, donde según el Censo 2017, el 18,8% (es decir 90.777 personas) pertenece a este estrato, y el 33% de ellos -según el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores de la UDD- tiene algún problema de salud permanente.

Hace más de un mes que como país estamos viviendo una crisis de esas que parece que son muy difíciles de superar. Más que nunca aparecen ideas y sectores muy polarizados que lejos de pensar en los demás se endurecen en sus posiciones o se vuelven intransigentes dejando de lado la capacidad de mediar o de llegar acuerdos y deslegitimando a quienes sí los buscan, acusándolos con frases hechas y populista que buscan el desprestigio de los pocos líderes que van quedando.

Sin lugar a dudas que nuestra sociedad requiere de cambios profundos, de mover ciertas estructuras, de ensanchar pensamientos y por qué no decirlo también de crecer en el respeto y solidaridad entre unos y otros.

Claro que existen derechos que deben asegurarse, el tener acceso a una salud digna, a vivir con pensiones que permitan satisfacer no sólo necesidades básicas, etc, esto nos debe mover a todos, no sólo como una opción política, pues el anhelo de ver una sociedad realizada y cohesionada por la búsqueda de la dignidad de las personas no es patrimonio de un sector sino que de toda persona bien intencionada.

La mirada cristiana es así; cree también en las personas, y enseña a que cada uno allí donde esté debe hacerse responsable de la construcción de una sociedad para todos; Dios no excluye aunque a él lo excluyan.

El cambio no sólo es social sino que debe ser personal, el buscar el bien de los demás no se decreta constitucionalmente, sino que requiere de personalidades maduras, con conciencia social y respeto absoluto a quienes nos rodean.

Justificar la violencia como una forma de expresión de las necesidades sociales es producto de una retórica perniciosa que puede hacernos transitar hacia un camino de desencuentro sin retorno, y nosotros quienes tenemos fe no podemos amparar esto. Estamos llamados a ser constructores de vida, sal de este mundo. Quien tiene una misión debe cumplirla y la nuestra no es otra que traer nuevamente a Dios a nuestras vidas y a nuestra Patria.

Paulina Benavente Vargas, Psicóloga, Obispado de Chillán.