Álvaro Alarcón Bustamante.

Casi 40 años de militancia en el Partido Radical podrían llegar a su fin luego que el pleno del Consejo General del Partido Radical aprobará por unanimidad un voto político de rechazo a la actuación del diputado Carlos Abel Jarpa, al votar favorablemente la llamada "cuestión previa" en la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El parlamentario por Ñuble, Carlos Abel Jarpa, dijo que "me lo esperaba". "Lamentablemente cuando hay intolerancia y no aceptan las discrepancia, y menos las derrotas, se producen este tipo de situaciones pese a que en los casi 40 años de militancia uno ha demostrado cumplir y respetar los valores de radicalismo; además, ninguna decisión administrativa, por dolorosa que sea, hará que deje de ser radical porque llevo los principios de libertad, democracia y tolerancia en mi fuero interno".

El diputado agregó que "la decisión tomada por el Consejo General del Partido, de pasar nuestros antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad, atentan contra los principios de la libertad que tenemos los militantes para que en este tipo de hechos se vote a conciencia; por lo tanto, es contradictorio que ahora nos quieran echar del partido", apuntó Jarpa.

Asimismo el exgobernador de Ñuble expresó que "durante mi militancia he dado muestras suficientes de mi compromiso con la defensa de los derechos humanos, tanto en democracia como en los tiempos de la dictadura de Pinochet, por lo tanto que se dude de mi compromiso es no conocer mi historia como radical. Tanto así, que para la acusación contra el ex ministro Andrés Chadwick, voté a favor de ella porque sí consideré que era procedente en ese caso; sin embargo la acusación, contra el Presidente no tenía los fundamentos jurídicos según mi opinión".

Visión regional

El presidente regional de PR, Cristian Ortiz, sostuvo que la actuación de ambos parlamentarios, sumada al diputado independiente y miembro de la bancada, Pepe Auth, "no se condice con los principios del radicalismo, ni con el contexto social y político del país".

Del mismo modo, dijo, el "Consejo General resolvió pasar los antecedentes del episodio al Tribunal Supremo de la colectividad para que evalúe la expulsión de los legisladores Jarpa y Meza, ya que es inaceptable haber sostenido una reunión previa con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y luego haber aprobado la cuestión previa en el hemiciclo".

Finalmente, recalcó que "esta decisión no es antojadiza, ya que en ella votaron de manera unánime los 120 consejeros nacionales del partido, debido a que los principios y valores relacionados con la defensa de los derechos humanos se defienden siempre y con su votación lo único que hicieron fue avalar las violaciones a los derechos fundamentales".