Redacción

En el sitio de compras estatales Mercado Público apareció un aviso para realizar una "campaña comunicacional masiva a nivel nacional" y entregar, con tono "directo, positivo e inspirador", los mensajes "paz para Chile" y "juntos podemos mejorar Chile". La iniciativa se la adjudicó la agencia de Walter Thompson, por $ 202 millones. Ante ello, el exministro vocero, Marcelo Díaz, afirmó "lo que necesitan (en La Moneda) no son campañas ni declaraciones, sino que hechos".

"El Gobierno siempre equivoca el camino, porque con sus campañas ni las alocuciones presidenciales logran el efecto buscado. Lo que necesitan no son campañas ni declaraciones, sino que hechos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el descontrol de Carabineros, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos o la conducta del nuevo intendente de la Región Metropolitana (Felipe Guevara) es exactamente la antítesis de cualquier convocatoria a la paz", señaló el exministro de Michelle Bachelet en Radio Biobío.

"Directo y cortito: es mejor que (el Presidente) Sebastián Piñera) esté por la paz a decir que estamos en guerra. Si está por la paz, no siga atropellando los derechos ciudadanos, los derechos humanos y, si está por la paz, la base de toda paz es la justicia social; entonces que haga las reformas estructurales a la salud, a las pensiones, que haga una nueva reforma tributaria donde paguen más los que tienen más", agregó el diputado.

En paralelo, la economista del centro de estudios Mori, Marta Lagos, se refirió en su cuenta de Twitter a la decisión de tomar los servicios de una agencia de publicidad: "La paz no es un 'producto' al que se pueda 'adherir' como consecuencia de una campaña comunicacional. El Gobierno al contratar una campaña por la paz entrega un duro mensaje de que cree que esta crisis no es lo que es. Muy tremendo".

El director de la escuela de publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati, señaló al respecto que "plantear una campaña 'por la paz' hoy en Chile, financiada por todos y firmada por el actual Gobierno, tiene una efectividad igual a cero. Para que se entienda el punto, ¿usted le creería a una 'campaña por la paz' auspiciada por Carabineros?".

El contrato adjudicado por Walter Thompson contiene la "omisión de procedimiento de grandes compras de Convenio Marco", con causal de urgencia, publicó el diario "El Mercurio".

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS), anunció ayer a través de un video la creación de una comisión investigadora para establecer si algún militar chileno participó de los abusos contra mujeres y menores de edad durante la Misión de Paz (Minustah) de la ONU en Haití.

De acuerdo a una investigación que fue publicada en el sitio de periodismo de investigación "The Conversation", en Haití hubo cientos de casos en los que los cascos azules habrían abusado y explotado sexualmente a mujeres, incluso niñas de hasta 11 años de edad entre 2004 y 2017. El informe, que incluyó entrevistas a más de 2.500 mujeres, fue reproducido también por diarios como "The New York Times" y señala que muchas de las afectadas tuvieron hijos de estos militares, pero fueron abandonadas con ellos en la miseria.

"Los hechos denunciados son de extrema gravedad y deben ser investigados en profundidad. Durante el desarrollo de la misión de paz, cerca de 12 mil efectivos chilenos estuvieron en Haití y no podemos dejar pasar abusos contra menores de edad, violaciones y quizás qué otra irregularidad nos encontremos", señaló el diputado Naranjo.

"Es fundamental investigar estos abusos a menores que han ocurrido en Haití, por eso creo que lo que corresponde por parte de la Cámara de Diputados es iniciar una comisión investigadora de estos hechos, donde podamos esclarecer si efectivamente hay involucrados de las Fuerzas Armadas y de Orden", agregó el legislador.

El día anterior, tanto la Asociación de Mujeres Haitianas en Chile y la Organización Sociocultural Haitianos en Chile pidieron a la ONU investigar la denuncia.

El estudio fue realizado por Sabine Lee, docente de la Universidad de Birmingham; y Susan Bartels, científica de la Universidad de Queen, Canadá, y ubica a los militares chilenos en el cuarto lugar de las nacionalidades que habrían cometido los abusos, como al menos 20 casos reportados.

Mientras el Gobierno ha dicho que no posee antecedentes oficiales y el Comando Mayor Conjunto ha señalado que está a la espera de alguna notificación formal y oficial para poder iniciar cualquier investigación, legisladores han pedido que se investigue incluso con exámenes de ADN las denuncias y oficiaron al Ministerio de Defensa para que entregue todos los antecedentes que pueda tener en su poder.

Desde el lunes la diplomacia entre Chile y Argentina ha visto algo de erosión, luego de que el presidente del país vecino, Alberto Fernández, dijo en un canal de televisión que "cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando Maduro, después de una manifestación apresó 800 personas. Piñera metió presas a 2.500 personas y nadie dijo nada".

A la reacción del canciller Teodoro Ribera, quien se contactó con Felipe Solá, su homólogo argentino en el recién asumido gobierno de Fernández para manifestarle "la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de otros países", ayer se sumaron opiniones de legisladores y actores políticos como el diputado Issa Kort (UDI).

"No podemos permitir que un líder de cualquier país, da lo mismo de qué tendencia política, pretenda hacer algún tipo de empate entre situación política que se vive en Venezuela y la que se vive en Chile. Ha habido vulneración de derechos humanos y ha sido el propio presidente de la República quien ha motivado la visita de observadores de derechos humanos. Chile no vive una dictadura y esperamos que el señor Alberto Fernández se retracte de sus dichos", declaró a radio Biobío Kort.

Antes, el ministro Ribera explicó que "en Chile existe un pleno Estado de Derecho y que, en ese marco, no es el presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos".

En el mismo comunicado Chile manifestó "sorpresa y extrañeza" por las declaraciones televisivas del presidente Fernández, quien junto con criticar la forma en que el Gobierno chileno ha enfrentado las protestas y la violencia, dijo que "tengo el mejor trato con Piñera y si puedo ayudar en algo, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Pero seamos justos, digamos todo".

La tensión diplomática se da en el contexto previo al nombramiento de un nuevo embajador en Buenos Aires que debe realizar el presidente Piñera, luego de la renuncia en agosto pasado de Sergio Urrejola, quien adujo "dificultades" para desempeñar su cargo y dimitió por carta.