La Dirección Regional de Onemi en Ñuble ya cuenta con su Centro de Alerta Temprana en marcha. Así lo dieron a conocer las autoridades locales, quienes aseveraron que el centro en cuestión funcionará a tiempo completo, es decir, los siete días de la semana, a toda hora durante todos los días del año, con la finalidad de reunir toda la información técnica para transmitirla en forma de alerta, y que de dicha manera se adopten los mecanismos específicos de ser necesarios.

La implementación del CAT significó una inversión de $200 millones de pesos, y considera los sistemas de comunicación, computadores, el respaldo energético, las antenas, las torres, entre otros aspectos relevantes para el correcto funcionamiento.

El intendente Martín Arrau, al respecto, comentó que "esto implica que habrá personal 24/7 los 365 días del año, monitoreando las variables que a Ñuble le interesan, antes dependíamos de Biobío, si bien seguían monitoreando Ñuble, es diferente cuando se hace desde acá y enfocándonos en las variables que percibimos como más sensibles e importantes. Esto es para darle tranquilidad a la población, pero por sobre todo para estar más preparados, lo que se ha visto en simulacros por ejemplo. Estamos con buenos indicadores en respuestas".

La directora regional, Gilda Grandón, explicó que "el Centro de Alerta Temprana en Ñuble reúne toda la información técnica para transmitirla en forma de alerta o información para que todo el resto del Sistema de Protección Civil, es decir la comunidad e instituciones, adopten el comportamiento necesario para enfrentar ciertas situaciones de riesgo".

El CAT se centra en las situaciones de riesgo que puedan ocurrir en una región. "Hay que tener claro que las amenazas específicas las manejan los organismos técnicos especializados, pero esa información es necesario canalizarla y analizar cuál es la consecuencia que puede tener, como también lo medios que hay que activar para enfrentar una posible situación de riesgo (...) Significa que hay redes de comunicación que van a permitir mantener el flujo de comunicación", agregó Grandón.

Alejandro Torres Caamaño

En 26% aumentó el número total de personas y empresas del país que en 2019 se acogieron a la Ley 20.720, también conocida como Ley de Insolvencia y Reemprendimiento o ex Ley de Quiebras, según información brindada por Defensa Deudores. El privado, en total, asegura que fueron 7 mil 750 personas y empresas que optaron por usar la normativa para ordenar su caso de morosidad. Un 46,2% corresponden a la Región Metropolitana (3.580) y un 53,8% a las otras regiones del país (4.170). En la Región de Ñuble, el año pasado hubo 124 casos, entre personas y empresas, que se acogieron a la ley de Insolvencia y Reemprendimiento, esto es un aumento de 44% respecto al año 2018.

En detalle, fueron 70 personas que optaron por liquidar sus bienes en 2019, esto es un aumento de 30% respecto al año anterior, según Defensa Deudores. Para el abogado socio Ricardo Ibáñez, estos números reflejan que la ley 20.720 está siendo más conocida por las personas para ordenar sus deudas, pero considera que "aún es baja su utilización si consideramos que en la región hay más de 100 mil morosos", dijo el especialista.

Ahora bien, y según este medio pudo corroborar a través de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, a través de su coordinadora regional, se estableció que a saber fueron 123 los casos en cuestión la zona. Si bien la Región del Ñuble entró en vigencia el 2018, se consideran casos iniciados con anterioridad, debido a que los procedimientos que se encontraban vigentes al 5 de septiembre de 2018 se traspasaron de la región del Biobío a la de Ñuble.

En detalle, y según consignaron desde la superintendencia citada, la liquidación de empresas en Ñuble tuvo un alza del 25% durante 2019, en relación a 2018; y en cuanto a la liquidación de personas, el incremento fue de un 29,6% comparando 2019 con 2018.

La coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Karima Becerra, eso sí, respecto al alza en cuestión, dijo que "que las empresas y personas tengan problemas de sobreendeudamiento y de insolvencia, se debe a factores tales como problemas en la gestión financiera, que habitualmente es deficitaria en negocios de menor tamaño, que son los que mayormente se acogen a los procedimientos (liquidación, que es la más masiva) y que tiene como base una falta de educación financiera y así lo indica la Prueba Internacional PISA, que situó a Chile como país analfabeto financiero (423 puntos versus los 486 promedio de la OCDE), y la "Radiografía del Emprendimiento en Chile 2018", realizada por la Asech, donde un 17,4% de los emprendedores consultados reconoció que el fracaso en sus negocios fue por una mala administración".

A ello se suma el factor que la ley ha sido conocida por distintos sectores. Por ejemplo, la superintendencia ha realizado cada año más convenios (97 en los últimos 3) con distintos órganos del Estado, como Sernac, Corfo, Sercotec, gobernaciones, municipios, entre otros, además de entidades gremiales como Propyme y Asech, para dar a conocer la Ley 20.720.

Estallido social

Karima Becerra, respecto de relacionar el alza con el estallido, dijo que "primero, hay que consignar que estos procedimientos se solicitan ante Tribunales y, posteriormente, se les notifican a esta Superintendencia. En ese contexto, si bien hubo un incremento en las liquidaciones de empresas de un 25% en el comparativo 2018-2019, estos corresponden a procesos iniciados antes de la crisis, por lo que no existe evidencia aún de que este aumento sea atribuible a las movilizaciones sociales, pero es un tema que como institución estamos monitoreando en forma permanente", sostuvo la coordinadora regional.

"Estimamos que estos efectos comenzarán a ser evidentes a partir del segundo trimestre del año. Y el efecto se verá en el alza de las quiebras ".

Ricardo Ibáñez, Defensa Deudores