Este año el país está convocado a manifestar su opinión respecto a importantes acontecimientos. El más próximo es un plebiscito fijado para el próximo 26 de abril, en que se hará dos preguntas a través de dos células. En una de ellas se preguntará si se quiere una nueva constitución y en la otra acerca del mecanismo para su redacción, que será Convención Mixta Constitucional (formada por parlamentarios y delegados constituyentes) o Convención Constitucional (solo delegados)

Luego, el 07 de junio habrá primarias para definir los candidatos a Gobernadores y Alcaldes y luego el 27 de octubre se realizará una mega elección de Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Delegados constituyentes.

El punto es que para lo anterior, todas decisiones muy importantes, con todo un proceso y ceremonial complejo que busca salvaguardar la soberanía popular que se expresa a través del voto, a una mayoría de chilenos nada les dice, pues el derecho a voto a partir del año 2009, en virtud de una ley constitucional, se convirtió en un asunto voluntario, aunque con inscripción automática en los registros electorales. Esto ha tenido el resultado de que quienes concurren a las urnas son una minoría. No olvidar que en las últimas elecciones presidenciales de 2017, votaron 7.032.588 de chilenos, sólo el 49,15 % de los que tenían derecho. El parlamento a raíz del llamado estallido social, ha tomado conciencia de esta situación y de las implicancias que ello tiene para la estabilidad democrática, por lo que se está legislando aceleradamente para devolver al voto su carácter obligatorio que desde 1958 tenía nuestro sistema electoral. No obstante es muy difícil que ello se alcance a corregir para aplicarlo ya en el plebiscito de abril próximo. Aquí cabe tener presente lo que la Iglesia enseña en su doctrina social que la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente de modo responsable y con vistas al bien común que es cuando se actúa a favor de la creación de un ambiente humano en que se ofrece a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes.

Por lo tanto, y mientras no haya cambio de la ley, no queda más que invitar, promover y motivar a que todos ejerzamos el derecho a votar, que por lo dicho, es también un deber que unos a otros debemos exigirnos en pos de una mejor democracia.

Guillermo Stevens

Diácono Obispado de Chillán

El pasado 27 de diciembre, entró en vigencia la Ley N° 21.120, la cual reconoce y da protección al Derecho a la Identidad de Género, lo cual nos enorgullece mucho ya que no solo dignifica al ser humano, sino que también significa que como sociedad hubo un verdadero cambio en el paradigma en lo que se entiende para con las personas trans. La Ley de Identidad de género, dispone en su artículo segundo que, tiene por objeto regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo correspondiente (Servicio de Registro Civil e Identificación) cuando se tratare de personas mayores de 18 años de edad y que no tenga vínculo matrimonial vigente o, judicial correspondiente (Tribunales de Familia) cuando tratare de personas mayores de 14 años y menores de 18 años, cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género. Lo anterior, significa que, toda persona, por el solo hecho de ser persona, tendrá el derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, una vez realizada la rectificación que regula esta Ley, pues se debe respetar la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se perciba a sí misma, la cual puede o no corresponder con el sexo o nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento. Frente a su entrada en vigencia, es indiscutible que vamos en el camino correcto, debido a que, permite dar un paso más en materia de Derechos Humanos, ya que logra que la base de los derechos fundamentales sea respetada y protegida por el Estado de Chile, cuyo principio también lo estipula la Ley en su artículo quinto.

Ahora bien, es evidente que la Ley de Identidad de Género no solo busca que las personas trans sean tratadas por el Estado con un trato digno (artículo 5° de la Ley), sino que lo más poderoso de esta Ley se encuentra en el mensaje entre líneas, y que resulta ser sumamente positivo debido a que, vela por esa dignidad humana que debe ser entendida como la autonomía personal de las personas, la que muchas veces se vio vulnerada, sin embargo, a partir de hoy, eso ya dio un giro de 180 grados, y podemos dar fe de que dicho derecho será respetado y aplicado por el Estado de Chile, no solo para con los mayores de edad sino que también respetando a nuestras/os adolescentes, en virtud del principio de interés superior del niño y el derecho a ser oído.

Por tanto, como SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de la región de Ñuble, hago un llamado a aceptarnos y avanzar en distintas materias, ya que no es solo la legislación chilena la que nos convoca, sino que también las fuentes internaciones de Derechos Humanos, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien en su artículo primero prescribe que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".

De igual Forma es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su segunda parte, quien estipula que no debe existir ningún tipo de exclusión a un individuo por razones sociales, personales, entre otras, de modo que, como Estado y sociedad que somos, debemos integrar a todos los grupos de personas, y debemos rechazar absolutamente todo tipo de discriminación, principio que también se puede ver reflejado en el artículo 2° de la Convención Sobre los Derechos del Niño, el cual se refiere a que debe existir una aplicación igualitaria, y es precisamente esa obligación que el Estado asumió en materia de Identidad de Género.

Jacqueline Guiñez

Seremi de Justicia

La Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el límite de reelección para parlamentarios y otras autoridades, tales como consejeros regionales y alcaldes. El proyecto considera el efecto retroactivo, por lo cual aquellos alcaldes que hoy lleven dos o más períodos en el cargo, así como también en el caso de los diputados, no podrán repostularse. La iniciativa debiera ser ratificada en votación en sala y se especula que los legisladores de la Cámara Alta podrían ratificarlo, votando el favor el proyecto.Si bien hay detalles que afinar o derechamente discutir, de acuerdo a la mirada política, esto puedo ser positivo o negativo. Sin embargo, hay que establecer que la elección de las autoridades responden a naturalezas distintas, ya que generalmente por las autoridades comunales la gente vota por aquel que ve más cercano y que tiene la posibilidad de ver en terreno.

Si el alcalde o el concejal se queda encerrado en su oficina y no cumple con su labor, es la misma gente la que le que va a dar la espalda, no repetirá un nuevo período, tal como ya ha pasado con varios ex candidatos. Pero también está como contraparte aquellos que ya suman varios períodos y que de acuerdo a la visión de la ciudadanía pudo haber cumplido con las expectativas y como tal ser digno de cumplir con un nuevo período. Habría que darle una segunda mirada a los cargos, ya que no necesariamente alguien tendrá que dejarlo porque ha pasado una década en el sillón municipal, lo cual de paso implica experiencia.

Distinto es lo que ocurre con senadores o diputados, quienes muchas veces representan a una zona simplemente porque un determinado partido político los puso ahí y que en muchos casos salen electos por el arrastre de otro parlamentario como consecuencia del cuestionado sistema binominal.

Además que son ellos mismos los que dan curso a las leyes que, a propósito de lo mismo, de seguro favorecerán a quienes tienen la intención de repostularse.

En Ñuble hay casos que no podrían repostularse como el alcalde Sergio Zarzar de Chillán, el de Chillán Viejo Felipe Aylwin, el de San Nicolás Víctor Toro, mientras que el diputado Carlos Abel Jarpa, tampoco, aunque manifestó su intención de dar un paso al costado .