El Gobierno argentino dispuso ayer la prohibición de los despidos sin justa causa y la suspensión de trabajadores por las causales de falta o disminución de trabajo durante un plazo de 60 días, entre otras medidas para limitar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo resolvió asimismo prorrogar hasta el 12 de abril, cuando terminará el aislamiento social obligatorio en Argentina, el cierre de fronteras a extranjeros, aunque decidió flexibilizar un ingreso paulatino y escalonado de argentinos por pasos limítrofes terrestres y por vía aérea y marítima.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial junto con otras resoluciones vinculadas con la prórroga de la cuarentena total obligatoria hasta después de la Semana Santa.

Argentina superó el millar de casos confirmados de coronavirus, con un total de 1.054, de los cuales 28 fallecieron.

El decreto presidencial dispone la prohibición por 60 días de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y de las suspensiones por estos mismos motivos, en momentos en que la economía en recesión hace dos años se encuentra ahora casi paralizada por la cuarentena obligatoria dispuesta el 20 de marzo. A ello se suma que la pobreza aumentó al 35,5% de la población en el segundo semestre de 2019, frente al 32% del mismo período del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Gobierno justificó la medida, pues "resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras" e "indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social en todos los niveles y no con medidas unilaterales".

La prohibición se conoció días después de que Fernández llamó "miserables" a los empresarios que despiden trabajadores en medio de la cuarentena e instó a la empresa Techint, uno de los principales grupos económicos del país, a reconsiderar la desvinculación de unos 1.400 operarios del sector de la construcción. Por la cuarentena obligatoria, solo cerca del 40 % de los sectores económicos sigue funcionando de manera casi normal, entre ellos el agro, la producción y comercialización de alimentos y medicamentos, hidrocarburos, la generación y distribución de luz, agua y gas y la administración pública.

Si hasta ahora en Italia el coronavirus se ha ensañado especialmente con las regiones del norte, su impacto en el sur, más pobre y con más desempleo, puede ser más grave ante el riesgo de que las mafias extiendan su poder allí donde las instituciones públicas no alcanzan a dar una respuesta a la crisis.

"Si no llega el Estado llega el crimen, que se disfraza de benefactor y te hace comer, y después te pide la cuenta", explica en declaraciones a EFE el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris, que advierte del peligro real de que "el virus desencadene un contagio criminal".

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo e histórico de la lucha antimafia, lo expresa de otra manera: "Si un enfermo llama al médico y este no le responde, llamará al hechicero". Ambos avisan que las organizaciones criminales tienen una liquidez de la que carecen las instituciones públicas y, como dice De Magistris, "no tienen burocracia".

La crisis interminable

"La crisis sanitaria llegó primero al norte y se extendió después al sur, pero la crisis económica ha empezado en el sur", cuenta Orlando, alcalde de la capital de Sicilia y una de las ciudades más pobladas del país, pero también una de las más pobres.

El paro económico prolongado decretado por el Gobierno, que ha puesto en una situación delicada a trabajadores de todo el país, se enfrenta con un agravante: los millones de trabajadores "en negro" que tienen muy difícil acceder a las ayudas estatales.

En Italia hay 3,7 millones de trabajadores irregulares, según datos del Instituto Nacional de Estadística Istat, "de los cuales una buena parte están en el sur", señala Angelo Colombini, secretario confederal del sindicato CSIL, con gran presencia en estas regiones.

En Sicilia, Campania o Calabria, la crisis de 2008 provocó que muchas empresas cerraran y no volvieran a abrir, sigue Colombini, por lo que la gente se enfrenta ahora "la imposibilidad de trabajar cuando ya tenían muchos problemas antes".

Ante esta situación el Gobierno ya ha adelantado medidas, como ayudas de 4.300 millones a los municipios y 400 millones en bonos-compra, además de anunciar que extenderá la renta para la ciudadanía, un ingreso mínimo del que dependen muchas familias en el sur.

Para De Magistris, que antes de alcalde de Nápoles fue fiscal contra la mafia, estas medidas son "un primer paso", pero hacen falta más recursos, sobre todo para los municipios, "al borde del colapso".

El peligro del día después

Las alarmas saltaron el fin de semana pasado, cuando un grupo de personas asaltaron un supermercado de Palermo y en las redes sociales se extendieron llamadas a la revuelta, algo que Orlando despacha como "un episodio aislado que no ha tenido más recorrido".

Aun así, la ciudad ya llevó a cabo una "durísima acción preventiva" para impedir que la necesidad se transforme en un aumento de la violencia.

En Palermo las familias que acudían a los servicios sociales pasaron de 600 a 10.000 en estas semanas, sigue Orlando, que alerta de la "nueva pobreza" de trabajadores hasta ahora acomodados y que han perdido cualquier ingreso.

"Después de una crisis como esta va a haber mucha fragilidad social, y ese es el terreno propicio para las mafias", explica Vincenza Rando, abogada y vicepresidenta de la asociación antimafia Libera, quien teme que las organizaciones criminales entren a sectores profesionales nuevos como el sanitario.

Todos los entrevistados coinciden en que el mayor peligro se dará cuando pase la crisis sanitaria y haya miles de empresas en la quiebra y con necesidad de liquidez. "Al principio vienen con el rostro humano de quien te quiere ayudar, y esto les sirve para volver a ganar un consenso que han perdido", apunta De Magistris.

"A las mafias que van con su dinero a una empresa en dificultad no les interesa tanto la restitución sino controlar el territorio y el consenso", sigue Rando.

"En 1985 le quité todas las contratas a las empresas operadas por la mafia y los trabajadores despedidos se manifestaron contra mí llevando mi ataúd", recuerda Orlando, que asegura querer evitar absolutamente volver a esa época. "El problema es hoy para quien quiere comer, mañana será el día de los usureros".

13.155 fallecidos registraba ayer Italia, tras reportar 727 nuevas muertes. El total de contagios era de 110.574.