Defensores buscarán revertir medida cautelar de funcionarios imputados por presunto cohecho
JUDICIAL. Entre hoy y mañana presentarán un recurso ante la Corte de Apelaciones para que revise la prisión preventiva.
Varios son los reparos que tienen los abogados defensores de los dos imputados por delitos de supuesta corrupción que implica al administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, y al Juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos, tras la decisión del tribunal de dejar a ambos con prisión preventiva en San Carlos.
En concreto, Giovanni Gotelli, defensor de Campos, manifestó su incomodidad al estar frente "a una investigación y carpeta reservada, eso me molesta desde el punto de vista profesional, no debiese haber secretos para el abogado defensor", comenzó.
"Por legal que sea me parece que este secreto no se ha llevado con la legalidad que debió ser, tan secreta era la investigación que el Ministerio Público ha dejado que haya muchas versiones dando vueltas", expuso.
Asimismo, Gotelli, discrepó de "la calificación jurídica que el Ministerio Público le ha dado a los hechos que podría tener acreditado y creo que esa calificación jurídica antojadiza del Ministerio Público tenía como misión obtener la prisión preventiva. Creo que lo hicieron a propósito para generar en el tribunal la idea de que la prisión preventiva era necesaria".
"Se le han imputado a mi representado dos delitos, uno de los cuales, que es el de violación de secreto con grave daño a la causa pública es impresentable, no hay ninguna razón para aquello y no hay ninguna evidencia para aquello, y respecto a un cohecho calificado no entendemos que se encuentre descrita ninguna acción para encuadrarlo en el tipo legal", dijo.
Defensa de Vallejos
En la misma arista se encuentra Ricardo Robles, abogado defensor de Ricardo Vallejos, quien afirmó que durante la audiencia de formalización "peleamos el levantar el secreto, y no dieron lugar, quedan aún unos veinte días de secreto y luego de eso podremos tener información de las declaraciones".
"En el caso de mi representando no quedé conforme porque las defensas hemos estado limitadas, casi anuladas, en primer lugar, las detenciones fueron todas verbales, no hay constancia por escrito, cuáles fueron los fundamentos, las entradas de registros también fueron verbales, o sea, puras situaciones excepcionales. Finalmente se accedió a entregar copia de eso. La investigación es secreta por lo que nosotros no podemos controvertir y la información que da el fiscal en la audiencia es o no efectiva, nosotros podemos rebatir, pero no tenemos la carpeta para ver eso, por lo que defenderse en esas circunstancias es difícil. Tampoco podemos entender por qué tiene origen en el juzgado de garantía de san Carlos, nosotros pedimos las explicaciones al fiscal y se negó a darnos la explicación.
"No entendemos por qué esta investigación se lleva en una ciudad como san Carlos, donde no están acostumbrados a ver este tipo de causas. De todas maneras, preferiríamos que esté radicada ante el juez natural aquí en Chillán".
Sobre este último punto, Giovanni Gotelli, también expresó su oposición a que el Tribunal de Garantía de San Carlos para conocer la causa. "Creemos que el tribunal es incompetente y en la audiencia del sábado no se dio ninguna razón valida para la defensa que justifiquen que la causa haya estado radicada en San Carlos desde el punto jurisdiccional, porque desde el punto de vista del Ministerio Público puede hacer lo que estime conveniente, por lo menos, por lo que sabemos porque como esto está limitado, no existe ninguna razón para que este allá. Los motivos los desconozco".
Sobre los pasos a seguir, Giovanni Gotelli, dijo que "está corriendo el plazo para poder interponer el recurso de apelación o bien de amparo, lo estamos analizando. Yo estoy muy disconforme, porque en el caso de mi representando (Marcelo Campos) se le imputó un delito, él no tiene antecedentes penales entonces, la imputación de la cual se funda la prisión preventiva es muy débil", dijo.
En el mismo hilo, Ricardo Robles, defensor del administrador municipal de Chillán, dijo que "lo más probable es que entre este lunes y martes presentemos una apelación para que en la semana sea la Corte de Apelaciones la que revise si la prisión preventiva de nuestro representado es la única que cautela el proceso. Nosotros estimamos que no es la única, no estamos en presencia de personas que se vayan a fugar o cometer delitos, estamos hablando de personas con irreprochable conducta anterior y que además hay un principio de inocencia".