Las policías municipales de Piñera
El reciente anuncio presidencial de otorgar vía decreto potestades de seguridad a guardias municipales, es altamente inconveniente por un cúmulo de razones. Primeramente, radicar en los municipios una parte relevante de la seguridad es endosar una enorme responsabilidad en instituciones que no tienen competencias, capacidades ni presupuesto para ello. En efecto, se trata de una medida socialmente regresiva, ya que sólo podrán contar con estas protecciones adicionales, los ciudadanos que habiten en comunas con altos ingresos municipales que les permitan contratar guardias de seguridad. Así, una gran mayoría de municipios de escasos presupuesto no podrán hacer lo mismo incrementando los niveles de desigualdad entre comunas. Luego, es de dudosa legalidad que el presidente vía decreto intente dar potestades que la constitución reserva a la ley, aun en situación de estado de catástrofe.
Por otra parte, es un hecho que carabineros pasa por la mayor crisis de su historia y estamos iniciando un proceso de reforma, pero el camino no es su desmembramiento en cientos de policías municipales de escasa eficacia en la experiencia comparada, sino que apurar la reforma policial para adecuar a la institución especializada (carabineros de chile) a la nueva realidad. Mejorando sus estándares de formación, gestión, transparencia, despliegue en el territorio, respeto a derechos fundamentales y sistemas de control externo. Así entonces, entregar potestades de limitar la libertad ambulatoria de ciudadanos, detenciones de flagrancia e incluso fiscalización de espacios privados a personas que no poseen necesariamente la formación para ello y donde además existe alta rotación laboral es un riesgo demasiado elevado que pone a los ciudadanos en una esfera de desprotección inaceptable.
¿Se imagina usted lo que sería si cada alcalde tuviera su propia policía? ¿cuál podría llegar a ser el rol de dicha policía frente a un eventual caso de corrupción municipal? ¿qué actitud tomarían en medio de procesos electorales? Los riesgos son infinitos, ya que se podrían constituir verdaderos grupos de choque de autoridades políticas. Eso resulta aún muy complejo de enfrentar, pero no muy lejano si analizamos experiencias comparadas.
Necesitamos a un gobierno y municipios trabajando juntos, que duda cabe, pero ese trabajo coordinado debe ser dentro del ámbito de competencias de cada uno sin poner en riesgo la seguridad de las personas ni generar daños institucionales difíciles de revertir.
Creo necesario advertir algunos de los que creo pueden ser riesgos de crear cuerpos de seguridad municipales en un país en que aún no somos capaces de resolver temas de desigualdad estructural en financiamiento municipal y donde lamentablemente la preparación, control y fiscalización de la función de guardia municipal no posee una legislación adecuada para contar con personal profesional especializado que otorgue garantías de respeto a los derechos humanos, probidad e independencia política.
Chile requiere mayor paz social y seguridad, pero ello no se logra con policiamiento municipal, sino con políticas públicas de carácter social focalizadas y coordinaciones interinstitucionales que den garantía a sus ciudadanos.
Felipe Harboe Bascuñán
Senador