La Cámara de Diputados aprobó ayer por 149 votos a favor el proyecto del Ejecutivo que aumenta y extiende el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las familias que están siendo afectadas por la pandemia del coronavirus, pasando de $65.000 a $100.000, junto con aumentar su cobertura.

Al ser aprobado el proyecto del nuevo IFE por la Cámara, tras una jornada en que también fue revisado por el Senado, quedó listo para ser promulgado por el Presidente Sebastián Piñera y convertirse en ley.

Esta iniciativa aumenta el monto del beneficio en $35.000, llegando a $100.000 por persona, de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares, además de incrementar la cobertura desde el 60% al 80% de la población más vulnerable.

El proyecto busca, asimismo, que el segundo y tercer pago del beneficio tenga el mismo monto del primero y que no sea decreciente como ocurre actualmente, junto con incorporar un cuarto pago correspondiente al 80% del monto del tercero, e incluye la posibilidad de un quinto y hasta un sexto pago, dependiendo de la evolución que tenga la pandemia en el país.

Complemento a ingresos

La Cámara señaló en su página web que a la propuesta aprobada previamente por el Senado se incorporó que el IFE va en la línea de beneficiar a los hogares que carecen de ingresos, "pero también a aquellos que perciben montos por otras vías y que son inferiores a los aportes contemplados en el presente instrumento".

"La idea es que los montos aportados por el IFE sean un complemento a aquellos dineros percibidos en virtud de otros mecanismos o leyes, como son el seguro de cesantía, los beneficios para trabajadores independientes a través de la ley de la renta y los pensionados de cualquier naturaleza en algún régimen de seguridad social o sistema previsional", destacaron los diputados.

A raíz, de esto, también serán beneficiarios los hogares del 80% más vulnerable que tengan como integrantes una o más personas con pensión básica solidaria de invalidez, o que tengan 70 años con pensión básica solidaria.

La aplicación de la nueva ley que aumenta las sanciones para quienes infrinjan las medidas sanitarias en medio de la pandemia, ayer suscito diferencias entre el Poder Judicial y el Legislativo, a causa del endurecimiento de la persecución penal y la necesidad de salir para generar recursos para la sobrevivencia, respectivamente. Además, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un requerimiento contra la normativa.

"Espero que la ley que promulgó el Presidente (Sebastián Piñera) ayer (jueves), que sanciona duramente a los que infringen (medidas sanitarias como la cuarentena), empiece a regir en un par de semanas. Sería bastante equivocado empezar a aplicarle grandes sanciones al vecino de Lo Espejo o de Pudahuel que necesita salir o si no, no come", dijo ayer el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, en Radio Universo.

"El proyecto era necesario, pero no lo aplicaría hoy. En la calle hay miles de personas que salen sin salvoconductos y no es de patudo, no es de fresco, necesitan parar la olla, así de simple", agregó el legislador de Chile Vamos.

"implacables"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, también tuvo palabras frente a la nueva ley, advirtiendo en radio Cooperativa que desde el Ministerio Público serán "implacables" en la persecución penal de quienes infrinjan las disposiciones sanitarias.

"Aquí lo que hay que hacer es aumentar la fiscalización y, por otro lado, el aumento de las sanciones a las personas que infringen la órdenes de las autoridad también contribuye en esa medida", dijo el persecutor.

La normativa promulgada el jueves aumenta las penas hasta 3 años de cárcel en caso de las infracciones más graves a las medidas para controlar la pandemia que afecta al país, y hasta 5 años de presidio en caso que se compruebe que la persona actuó en forma maliciosa, es decir, sabiendo que ponía en riesgo la salud de los demás.

La ley también eleva las multas hasta $12 millones en los casos más graves, e incrementa las sanciones a quienes organicen eventos masivos, así como a las empresas que obliguen a una persona a trabajar infringiendo las normas sanitarias: arriesgan hasta 3 años cárcel y multas por hasta $10 millones.

El fiscal nacional señaló que, sin embargo, "nos hemos encontrado con personas que son detenidas varias veces y es necesario ir endureciendo la respuesta penal. Y esa una instrucción que estamos entregando a todos los fiscales".

Abbott explicó que cuando se detiene por primera vez a una persona no contagiada se puede optar por una requerimiento, mientras que en la segunda instancia el fiscal pide a tribunales el arresto domiciliario total, y a la tercera, prisión preventiva.

"Creemos que hoy día la irresponsabilidad de las personas ha derivado a la situación que nos encontramos. Y en consecuencia, desde el punto de vista de la amenaza penal, del reproche penal, tenemos la obligación endurecer nuestra respuesta", afirmó el jefe del Ministerio Público.

No obstante, "los fiscales tienen instrucción de ver la situación personal de cada uno de los infractores para los efectos de fijar el reproche penal respectivo, la pena que van a pedir. Si es una pena de multa, el mínimo es bastante alto, pues bien se verá la posibilidad de sustituir esta multa por trabajos comunitarios".

Recurso inadmisible

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el diputado PS Marcos Ilabaca junto a otros 42 legisladores de oposición, contra el proyecto que aumenta las sanciones a quienes no respeten las disposiciones sanitarias.

El TC argumentó que la decisión fue tomada "por haberse deducido (el recurso) fuera de la oportunidad legal", es decir, una vez concluido el plazo para presentar observaciones a la nueva ley.

El diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez señaló al respecto que "una vez más los pobres pierden por culpa de nuestra Constitución. No basta 'rechazar para reformar'", escribió en su cuenta de Twitter aludiendo a la campaña del Rechazo a la posibilidad de una nueva Carta Magna.