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Hace 3 años | 9 de julio de 2017

Hay 61 proyectos por aprobar ante elCore

Ránquil y Bulnes no han presentado iniciativas. En FRIl y FNDR, Ñuble debe recibir $20milmillones.

Hace 2 años | 9 de julio de 2018

Apuñalan y matan a un comerciante en el Persa

Carabineros intensifica la búsqueda del autor del homicidio. Exigen una mayor presencia de seguridad.

Hace 1 año | 9 de julio de 2019

Ejecuciónpresupuestaria ajunio es del 35,3%x

Intedente salió al paso de críticas de la oposición y aclaró que diferencias en cifras se debe a la metodología.x|

La responsabilidad es el tema a debatir

"Los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley", precisó el contralor en marzo, a pròsito de este tema.
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Esta semana ha estado marcada por los múltiples cruces de declaraciones en relación a si es necesario o no adoptar medidas más restrictivas para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Se trata de una discusión que se inició mucho antes, prácticamente desde la aparición de los primeros casos de contagios a nivel nacional. En medio de ese debate, a fines de marzo la Contraloría General de la República, representada por Jorge Bermúdez, se pronunció en relación con diversas denuncias vinculadas con medidas que habrían adoptado diferentes alcaldes de todo el país a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta a Chile por el brote del coronavirus, entre las cuales se cuentan el intento de cierre de los correspondientes límites comunales, declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos.

Al respecto, Bermúdez precisó que "los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y solamente en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".

El Estado de Catástrofe, por lo mismo, es declarado por el Presidente de la República y las zonas respectivas bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional, quien asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala.

Siempre será mejor abogar por el diálogo para hacer frente a estas controversias. Sin embargo, no hay duda que se debe aceptar también que hoy en día la preocupación de las autoridades está puesta en una visión global de todo el territorio nacional.

Una emergencia de las desconocidas dimensiones que tiene la que vive nuestro país y el mundo, obliga de nuestros representantes políticos una actitud de absoluta responsabilidad, seriedad y templanza.

Respeto por la muerte

Un velatorio y una inhumación no pueden convertirse en un pretexto para dar rienda suelta a lo peor de algunos.
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La mayoría de la opinión pública nacional piensa que la pandemia del coronavirus ha desarrollado una mayor conciencia y comprensión sobre la importancia de la vida y el significado de la muerte.

Sin embargo, parece que no es así. De otra forma no se explican las nuevas costumbres y el irrespeto creciente que han ido estableciéndose en relación con los que partieron.

Los ejemplos son muchos. Entre las personas normales, se convirtió en rutina la costumbre de aplaudir, portar globos blancos, vestirse con camisetas de diversos clubes de fútbol profesional y lanzar gritos y entonar cánticos más propios de un estadio que de un funeral. No faltan los que contratan mariachis y entonan canciones de dudoso buen gusto. Hace poco, en la Región de Ñuble se llegó al colmo de un huaso entusiasta: bailar cueca en torno a un féretro. ¿Así se honra a los muertos en el mundo 2.0?

En los últimos tiempos, también irrumpieron los velatorios y funerales de narcotraficantes. Caracterizados por disparos de armas cortas y largas, generoso lanzamiento de fuegos artificiales, amenazas a los vecinos y desafíos a las autoridades, alteran en forma creciente la solemnidad y la paz de la población. Son una grosería abierta con el que partió, bajo el pretexto de honrar su memoria.

Lo singular es que los narcovelatorios y narcoinhumaciones gozan hoy de escolta policial. No está claro si es para sumarse a los supuestos dolientes o para proteger a la población. Nadie parece darse cuenta de los funcionarios deberían estar en las ca1nalles cumpliendo otras tareas que requieren mucho más su atención.

Es cierto que en 373 funerales de "narcos" del último año se ha detenido a alrededor de 70 personas. ¿Pero no será poco? ¿Acaso se olvida que portar y disparar armas sin permiso alguno es un delito? ¿Y qué sanciones han recibido>? Tal vez, con suerte, una multa por alterar el orden público.

No faltará el que afirme que "estos son los nuevos tiempos y todo cambia" Pero igual abundan los que reclaman, crecientemente, el retorno del antiguo respeto por la muerte, que en el fondo implicaba no sólo inclinarse ante su realidad, sino también evocar las mejores etapas de la vida del fallecido.

Un velatorio y una inhumación no son temas de delincuentes y de barras bravas. No pueden convertirse en un pretexto para dar rienda suelta a lo peor de algunos. Nadie puede honrar al que deja este mundo disparando en todas direcciones, gritando groserías y desafiando a las personas normales.

Me quedo con los viejos tiempos, cuando la muerte era una ocasión para expresar cariño y afecto, cuando los amigos eran dolientes, y los deudos realmente velaban a los suyos y daban un ejemplo de respeto. Era lainstancia de despedida, cuando se hablaba en voz bajaba y se evocaba lo mejor del que se fiue.

Juan Carlos Rojas Periodista y académico