Por los delitos de homicidio frustrado e infracción a la Ley de Armas eran formalizados, al cierre de esta edición, dos personas detenidas ayer en la madrugada por su presunta responsabilidad en el envío y la colocación de bombas en distintas comunas del país entre julio de 2019 y febrero de este año.

Mónica Caballero y Francisco Solar fueron detenidos por Carabineros en el marco de una investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Sur por el envío de una bomba a la oficina del exministro del Interior y gerente legal del grupo Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, que fue desactivada, y de un artefacto similar que sí detonó en la 54 Comisaría de Carabineros de Huechuraba y que dejó a ocho uniformados heridos.

Ambos ataques ocurrieron el 25 de julio del 2019. La indagación también cubre la colocación de otros dos artefactos explosivos en un edificio comercial ubicado en Vitacura, el pasado 27 de febrero.

Querella

La bomba despachada a la comisaría era un cilindro con pólvora industrial, mientras que la enviada a Quiñenco -holding del grupo Luksic- contenía cerca de medio kilo de dinamita.

Entones, el presidente Sebastián Piñera calificó ambos ataques como actos de carácter terrorista, lo cual fue ratificado más tarde en una querella que presentó el ministerio del Interior.

Ayer en la tarde, personal del departamento OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros levantó evidencia en los domicilios de Santiago y de Estación Central donde los indagados fueron capturados, ella en la primera comuna y él en la segunda.

Fiscal regional

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, dijo que Francisco Solar habría participado en todos los hechos, mientras que Mónica Caballero sólo en el de Vitacura. Planteó que la Fiscalía ha reunido "cuantiosa evidencia" biológica, fotográfica y fílmica, y que hay "una serie de otras evidencias que dan cuenta de manera clara y precisa de la participación que tuvo cada uno de ellos en los hechos".

Los detenidos, vinculados a diversos grupos anarquistas, fueron acusados en el caso conocido como "Bombas 1", que incluyó diversas situaciones de ataques explosivos e incendiarios (en el caso de Solar y Caballero, entre 2006 y 2009). En el año 2012, fueron absueltos, pues la Fiscalía no logró acreditar su concurrencia en los hechos.

En 2013, además, participaron en la instalación de un aparato explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, España, y fueron condenados a 12 años de prisión. En marzo de 2017, tras conmutar lo que les quedaba de condena por la expulsión del país, retornaron a Chile.

Consultado sobre la calidad de los antecedentes recopilados y si podrían permitir una condena, a diferencia de lo ocurrido en el caso "Bombas 1", el fiscal Barros aseguró que "este es un caso completamente diferente. Nosotros estamos hablando de evidencia biológica, de un estándar mucho más alto del que se exige normalmente y con evidencia fílmica".

"Esperamos que la Justicia evalúe esto con el máximo rigor y pueda establecer las mayores sanciones".

Gonzalo Blumel, Ministro del Interior

"Estamos hablando de evidencia biológica, de un estándar mucho más alto del que se exige normalmente...".

Héctor Barros, Fiscal metropolitano sur

La Corte de Apelaciones de Temuco decretó ayer prisión preventiva para Martín Pradenas Dürr, acusado de violar en 2019 a la joven de 21 años Antonia Barra -quien posteriormente se suicidó-, y revocó así la medida cautelar de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantía de esa ciudad había establecido. Pradenas fue llevado ayer mismo a la cárcel de Temuco y luego a la de Valdivia.

El tribunal de alzada acogió en forma unánime la petición de la Fiscalía y de abogados querellantes "por estimar que su libertad (la de Pradenas) es un peligro" para la seguridad de la sociedad y de las víctimas y para el éxito de la investigación. Además, acreditó la existencia de tres delitos que fueron desestimados en primera instancia.

El fiscal Miguel Rojas comentó: "(Estamos) satisfechos porque puede representar un primer paso para la reparación de las víctimas". Valoró que el tribunal consideró la perspectiva de género en su decisión, al haber "episodios reiterados de violencia contra la mujer", y agregó que en las próximas semanas debiere verse la apelación que presentó respecto de los dos delitos declarados prescritos por el Juzgado de Garantía y que implican a otras mujeres.

El miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco negó la petición de la Fiscalía de decretar prisión preventiva para Pradenas, dejando en su lugar las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, lo que provocó un gran rechazo e indignación en parte de la sociedad.

En su fallo de ayer, la Corte de Apelaciones concluyó que "la sola ebriedad o el consumo de sustancias tóxicas no puede considerarse como un consentimiento anticipado para sostener una relación de connotación sexual; tal condición disminuye, afecta o limita la capacidad volitiva de la víctima". También determinó que las agresiones "afectaron diversos derechos de las víctimas".

La Corte de Apelaciones también consideró "el número y naturaleza de los delitos cometidos contra los derechos humanos de la mujer" (la Fiscalía lo acusó por delitos contra cinco mujeres, cometidos entre 2010 y 2019) y cuestionó su conducta tras denunciados los hechos, como la presunta destrucción de un celular días después del suicidio de Antonia Barra y la eliminación de archivos de su computador.

El chileno Nicolás Zepeda, sospechoso de haber matado a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, fue inculpado ayer de asesinato, informó el fiscal de Besançon (este de Francia), Etienne Manteaux. El joven de 29 años, extraditado el jueves por Chile, niega hasta ahora haber asesinado a la estudiante japonesa, que desapareció de la residencia universitaria de Besançon, donde residía en diciembre de 2016. Su cuerpo nunca fue hallado. Según la Fiscalía, Zepeda habría viajado a Francia especialmente para cometer el crimen tras enterarse de que Kurosaki tenía una nueva relación amorosa. Zepeda fue interrogado ayer por la jueza Marjolaine Poinsard, quien decidió dejarlo en prisión preventiva.