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Focalización del gasto social

Es central que municipios y organismos del Estado encargados de canalizar la ayuda dispongan de canales efectivos de comunicación, sobre todo para la clase media. Para ayudar a la clase media se requiere de estrategias distintas a las usadas frecuentemente por los organismos estatales.
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Considerando que los municipios constituyen la puerta de entrada por la cual los ciudadanos se relacionan con el Estado, cada tipo de ayuda que se prodigue desde las corporaciones edilicias, como también los recursos que se les asignen desde el nivel central para cumplir con su función, es particularmente relevante en el actual contexto de la pandemia del coronavirus, que está tensionando de forma inédita las capacidades de los países para ir en auxilio ya no sólo de los grupos más vulnerables, sino que también de una amplia clase media que está viviendo un progresivo proceso de empobrecimiento. El debate nacional que ha habido en torno al retiro del 10% de los fondos de las AFP es un indicativo de la magnitud de la crisis económica que sacude tanto al país como al resto del mundo.

El Estado, tan proclive y habituado a destinar ayuda a los sectores más frágiles de la ciudadanía, ha tenido dificultades para hacerse cargo de las demandas de una clase media que como nunca antes, necesita de programas sociales ágiles y efectivos que le ayuden a paliar la pérdida del empleo, la reducción de los salarios y un mercado laboral que está prácticamente paralizado. Las familias de clase media no acostumbran acudir a los municipios ni a los organismos gubernamentales, por lo que es indispensable que los municipios y organismos gubernamentales tomen nota de esta diferencia y generen estrategias de comunicación claras y asertivas que les permitan conocer en detalle los tipos de ayuda que se están implementando.

En este mismo ámbito, es fundamental que el Estado, a través de sus distintas reparticiones, se preocupe de aplicar el máximo de rigor a la focalización del gasto social. De poco servirá anunciar recursos que se entreguen a través de los municipios u otros organismos, si éstos no logran llegar, por falta de información o entrampamiento burocrático, a las familias que lo necesiten. La información de los tipos de programas y su pertinencia debería estar ahora en el centro de la acción estatal.

Inclusión en educación durante la pandemia

Se hace un llamado a implementar procesos de acompañamiento para los familiares y cuidadores.
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La emergencia sanitaria producida por el COVID-19 ha generado considerables desafíos para asegurar la continuidad y calidad de los procesos educativos de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. En este contexto, los estudiantes con discapacidad se han visto desproporcionadamente afectados debido a la aparición de nuevas barreras para el aprendizaje y la participación, especialmente por el uso de plataformas virtuales y la interrupción de clases o servicios de apoyo.

Luego de que Chile ratificara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008, se ha avanzado en la transformación hacia una educación inclusiva mediante la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar y el Decreto N° 83, pero a pesar de estos esfuerzos, aún persisten prácticas que segregan a este grupo de personas. Esto se refleja en que, según los datos del II Estudio Nacional de la Discapacidad, sólo el 88,2% de los estudiantes con discapacidad asisten a un establecimiento educacional de modalidad regular, mientras que esta cifra asciende al 99,3% para quienes no tienen discapacidad.

A nivel internacional, diferentes organizaciones y entidades como UNESCO, UNICEF, International Disability Alliance y Plena Inclusión, han elaborado una serie de propuestas y recomendaciones para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad durante la pandemia.

En este sentido, se señala que es necesario capacitar a los docentes y a los estudiantes en el uso de las funcionalidades de accesibilidad que poseen las plataformas al realizar clases de manera remota para generar instancias formativas inclusivas. Otra recomendación consiste en ajustar el currículo y las metodologías de enseñanza en este contexto, priorizando el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), el aprendizaje por proyectos y la educación personalizada. También, se hace un llamado a implementar procesos de acompañamiento para los familiares y cuidadores de estudiantes con discapacidad.

La pandemia por COVID-19 se ha traducido en considerables desafíos para los sistemas educativos alrededor del mundo, pero también ha entregado la oportunidad de repensar nuestras comunidades educativas e intencionar el tránsito hacia una educación más inclusiva.

Para lograr este propósito, es necesario contar con información actualizada e indicadores desagregados de acceso y permanencia, como los que se pueden encontrar en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, sobre educación e inclusión que publicó UNESCO este año. Otro valioso recurso es el Reporte de Educación Inclusiva de Zero Project en español, el cual será lanzado en nuestro país este 28 de julio. Este documento, reúne las mejores 86 prácticas y políticas en Educación Inclusiva de 56 países y tiene como objetivo compartir las soluciones más innovadoras y efectivas para derribar las barreras que impiden o dificultan la inclusión de las personas con discapacidad.

Carola Rubia directora ejecutiva de Fundación Descúbreme

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