Innegable resulta que nuestros adultos mayores han sido el grupo etario que más se ha visto afectado por esta pandemia. En primer término, cuando la madeja recién comenzó a enredarse, este grupo se vio obligado a dar un paso al frente como el segmento de mayor riesgo de muerte ante la eventualidad de contraer el virus.

Luego, en una medida que perdura hasta hoy y que no tiene otro fin que su resguardo, quienes permanecen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) o casas de reposo, vieron reducidas sus visitas a cero.

El resto se vio obligado a confinarse en sus viviendas. Ahora recién pueden salir por períodos breves de tiempo, pero de todos modos la mayoría se mantienen alejados de sus familias, de cualquier contacto, y si bien existen quienes poniéndolos en riesgo aún mantienen contacto físico, en un acto de absoluta irresponsabilidad, el impacto psicológico para ellos se suma como una nueva carga en esta ya pesada mochila.

De acuerdo a las cifras del último censo, en la provincia de Punilla más del 14% de la población es adulta mayor, superando el promedio regional de 13,5%.

De este modo, cobran relevancia iniciativas como la del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), en la que hemos colaborado como gobernación, y que consiste en entregar tecnología como teléfonos y tablets en los Eleam, para que los adultos mayores puedan mantener contacto virtual con sus seres queridos.

Muestra de lo necesario que se torna asistirlos es el buen resultado que ha tenido Pedidos Adulto Mayor, una iniciativa conjunta entre nuestra Gobernación y jóvenes voluntarios de la Parroquia San Carlos Borromeo, que llevan pedidos de mercadería o medicamentos a quienes así lo requieran, tanto en el sector urbano como rural.

Además, como Gobernación, hemos ido a todas las comunas, a sus lugares de pago, para asistirlos en consultas online sobre el Ingreso Familiar de Emergencia o postulaciones del mismo beneficio. Muchos de ellos se enteran ahí que tienen dinero sin cobrar en sus cuentas.

Más allá de este tipo de instancias propiciadas por nuestro Gobierno como una manera de aliviar ese impacto, todos y cada uno de nosotros tenemos una desafiante labor por delante: incluirlos más que nunca en nuestras vidas y estar pendientes de sus requerimientos.

Como miembros de una sociedad, como vecinos, como hijos o nietos, debemos tomar un papel más activo. No hagamos a un lado a nuestros adultos mayores, preocupémonos de ellos, tomemos el teléfono y llamémoslos o tratemos de asistirlos para hacer sus compras o algún trámite.

Cristóbal Martínez Ramírez Gobernador de la Provincia de Punilla

Entre las labores que se deben efectuar en terreno cada invierno para mantener la seguridad de las redes eléctricas y el alumbrado público, se encuentra la poda de árboles, cuyo objetivo es evitar que las ramas caigan sobre las líneas de energía. Con relativa frecuencia, los lectores plantean en cartas o fotografías, los problemas que se generan con especies que alcanzan grandes dimensiones y cuyos ganchos interactúan con el tendido, o bien las frondosas ramas neutralizan la efectividad de las luminarias.

De acuerdo a lo establecido en la normativa eléctrica vigente, la responsabilidad de mantener las instalaciones en buen estado siempre es de la empresa concesionaria, lo que incluye la poda de los árboles, que debe ser comunicada a las municipalidades cuando se trate de especies que se encuentren en espacios públicos. De esta manera se garantiza que ambas entidades puedan coordinarse para determinar las condiciones en las que se deberán hacer los recortes de ramas o tala de especies en mal estado.

Por ello, son importantes los operativos de invierno y la eliminación de riesgos potenciales que hacen o deberían hacer los municipios, empresas concesionarias y servicios públicos. Pero éstos deben realizarse previo a la temporada de lluvias, sin necesidad de esperar que se produzcan emergencias para reaccionar, y luego se deben hacer las mantenciones necesarias.

Hace unos meses, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) envió un oficio a las empresas eléctricas para que desarrollaran planes de invierno, con todas las medidas necesarias para evitar cortes de suministro durante esta temporada, ya que en un escenario como el actual, donde el llamado es a quedarse en casa, es importante que los usuarios cuenten con un suministro eléctrico que les permita seguir conectados a sus trabajos, estudios o calefaccionar sus inmuebles.

En ese sentido, es importante que la comunidad sepa que las empresas tienen la obligación legal de mantener sus redes eléctricas despejadas, lo que incluye la poda de árboles si es que ello es necesario.

En estos últimos años, la trata de personas en nuestro país es un hecho que se ha podido evidenciar a través de noticias de prensa y televisión. Sin embargo, no es posible contar con cifras que den cuenta del fenómeno real, sino más bien ciertas aproximaciones aisladas de la situación.

La trata de personas es definida por la ONU, como un proceso de captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción. Todos estos elementos desarrollados con el fin de la explotación de las personas como seres humanos, pudiendo ser sexual, de trabajos o servicios forzados, de extracción de órganos, etc.; y en general tiene que ver con todas aquellas prácticas análogas a la esclavitud.

Muchas de las personas que son parte de la red de trata de personas, son migrantes, y llama la atención, la escaza capacidad de incidir en una ley de regulación migratoria, robusta y actualizada que permita detener esta forma de neo esclavitud, tan presente en la actualidad.

¿Es lo mismo trata de personas que trata de migrantes?

No, no es lo mismo. Trata de migrantes se refiere a la facilitación de la entrada ilegal de migrantes a un país y/o a un Estado, para obtener un beneficio material; sin embargo, puede o no ser sujeto de trata de personas.

¿Y en el caso de los niños? En este se considerará trata de personas a cualquier traslado, transporte, acogida, y/o recepción de un niño con fines de explotación, incluso aunque no se recurra a ninguno de los medios de coerción antes mencionados.

Hay que tener especial cuidado con las condiciones de migración, ya que es un espacio incipiente para la trata de personas, donde se presenta un aprovechamiento hacia quien deciden migrar y que son presa fácil de terceros frente a su desarraigo. A pesar de que la ley prohíbe la esclavitud, de manera fáctica esta sigue existiendo, fundada en la condición de un individuo sobre el cual se ejecutan los derechos de propiedad, permitiendo trabajos forzados y condiciones de servidumbre, en tanto se obtiene un goce soberano sobre la fuerza laboral de estas personas bajo la amenaza de una pena cualquiera, y donde la persona "tratada" no logra desmarcarse de esta situación (se suprime su voluntad).

El trabajo social, como disciplina, está inmerso en las distintas problemáticas sociales presentes en el contexto actual. En este sentido, la trata de personas es una de las peores formas de esclavitud, que sufren muchos a nivel mundial. El conocimiento, la conceptualización y visibilización de esta problemática, es una obligación de cada uno de nosotros, pero, sobre todo, es un imperativo ético y moral para nuestra profesión.

Teresa Lazcano Solís Directora de carrera de Trabajo Social,

Universidad de Las Américas