Tatiana Aular Aguirre

El magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, Adolfo Montenegro, dictaminó prohibición de salida del país para el alcalde de esa comuna, Richard Irribarra y para los funcionarios municipales que fueron formalizados por los delitos de interrumpir sin autorización, la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, hecho acaecido el pasado 31 de marzo en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Además, tanto el alcalde como el concejal de Quirihue, Iter Stuardo Malverde, quienes fueron acusados por la fiscal jefe (s) de Quirihue, Cecilia González Palacios por bloquear el acceso a su comuna e impedir atención a pacientes portadores y posibles vectores del coronavirus, deben cumplir con régimen de presentación y firma mensual en la Quinta Comisaría de Carabineros, mientras duren las diligencias de investigación.

En este sentido el abogado defensor, Nelson Villena solicitó al magistrado Montenegro, luego de acogerse las medidas cautelares solicitadas por la fiscal jefe (s), González, un plazo de investigación de 9 meses, el cual fue aceptado por las partes defensa, querellante y Fiscalía. Tiempo considerado prudente para que los involucrados puedan realizar las diligencias del caso.

La Fiscal Jefe expresó que Irribarra y Stuardo, fueron también formalizados por "el delito de trato degradante, pues con sus acciones, además, atentaron en contra de la dignidad y la condición de vulnerabilidad de las 6 adultas mayores víctimas de estos hechos".

La representante de la Fiscalía, agregó que "aquí el bien protegido es la integridad moral y dignidad de las personas, lo que se vio vulnerado por el actuar de los imputados. Lo que ellos lograron es que las víctimas no tuvieran una atención médica necesaria" y que debieran regresar en la noche a Chillán para ser derivadas a otros centros asistenciales.

Este caso que tuvo como escenario la ruta 126 en el sector Vegas Verde de Quirihue, reseñó la presencia del alcalde de Quirihue, concejales y personas naturales, que de acuerdo a lo sostenido durante la sesión de formalización realizada este miércoles, el abogado defensor de los formalizados alegó que "la obstaculización no fue completa, no fue total y se hizo solamente con el propósito, con el objeto, no de prohibir el libre tránsito, sino para proteger la salud de la población de la comuna de Quirihue".

Sostuvo, que "ese fue el propósito, el elemento subjetivo con el cual se ejecutó la conducta por parte de mis representandos, considerando las condiciones sanitarias del Hospital de Quirihue".

Otros de los argumentos considerados antes las autoridades por la parte defensora "fue que el segundo vehículo, ni siquiera llegó a las inmediaciones de la comuna de Quirihue, sino muy lejos de la misma".

En tanto el abogado querellante de la Intendencia de Ñuble, Diego Sepúlveda, presentó que "estos hechos han afectado el bien jurídico del orden público, lo que hace necesario perseguir y sancionar a los responsables de estos hechos que causan una grave alteración pública", bajo este alegato y otros, la parte querellante solicitó al magistrado las medidas cautelares, arraigo nacional para todos los formalizados y arresto nocturno para Irribarra y Stuardo.

Es necesario recordar que estos hechos que sucedieron la pasada noche del 31 de marzo y que se prolongaron hasta horas de la mañana del 1 de agosto de 2020, de acuerdo a lo relatado por los testigos, que involucran a funcionarios municipales, Carabineros y a la directora del Hospital de Quirihue, el alcalde de la comuna en cuestión hizo uso del vehículos que pertenecen a la Ilustre Municipalidad de Quirihue, además de una camioneta de uso particular, para bloquear el paso de personas que debían ser atendidos en el centro asistencial de esa localidad.

Las afectadas directas, de acuerdo a lo leído por la fiscal jefe (s), tomando como base los relatos de los testigos, fueron 5 pacientes femeninas, adultas mayores que eran trasladadas en un furgón y que provenían de un Establecimiento de Larga Estadía en Chillán y más atrás venía una ambulancia con una paciente positivo a Covid- 19, quienes ameritaban atención médica asistencial y las mismas tuvieron que ser derivados a otros centros asistenciales en la región.

A los dos primeros imputados se les sumaron el concejal, Luis Fuentes Alarcón; el encargado municipal de Movilización, Silvio Palma Torres; el encargado comunal de Emergencia, Abel Pérez Huichalaf; el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Juan Patricio Sepúlveda Espinoza; siendo todos formalizados por poner en riesgo la salud pública, pues el día de la manifestación participaron en ésta y estaban incumpliendo el horario de toque de decretado a lo largo del país a causa del virus pandémico.

"Aquí el bien protegido es la integridad moral y dignidad de las personas, lo que se vio vulnerado por el actuar de los imputados. Lo que ellos lograron es que las víctimas no tuvieran una atención médica necesaria".

Cecilia González Palacios, Fiscal Jefe (s) de Quirihue

"Se hizo solamente con el propósito, con el objeto, no de prohibir el libre tránsito, no de interrumpir el libre tránsito, sino para proteger la salud de la población de la comuna de Quirihue".

Nelson Villena Castillo, Abogado Defensor