El 18,4% de las denuncias por maltrato físico y psicológico recibidas en el primer semestre del presente año, correspondieron a ciberacoso escolar, esto es, molestar en forma persistente a compañeros en clases online, u hostigarlos a través de redes sociales como WhatsApp e Instagram, un problema que afecta más a las mujeres que a los hombres, apuntó la Superintendencia de Educación.

Debido a la pandemia de covid-19, los establecimientos educacionales han realizado sus actividades académicas a través de teleclases y, por lo mismo, el acoso presencial entre estudiantes parece haberse incrementado en las redes sociales.

El ciberbullying o ciberacoso muestra un alza persistente en los últimos años, ya que da cuenta de los conflictos de relaciones entre los estudiantes, que al no ser resueltos por el colegio, se trasladan a los espacios virtuales. Una encuesta de tipo nacional realizada el año pasado por la Fundación para la Convivencia Escolar y la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, arrojó que un 24% ha visto cómo otros han sufrido bullying en la forma de mensajes crueles e hirientes o fotografías ofensivas por medio de internet o redes sociales.

La Superintendencia de Educación dispuso que los sostenedores de los colegios incluyan este tema en sus protocolos, actualizando sus manuales de convivencia, con el fin de que la comunidad escolar tenga claro cómo enfrentarán situaciones de hostigamiento a través de las redes. Asimismo, la página de ese organismo recoge las denuncias que pueden realizar los padres y el seguimiento que se debe hacer de los respectivos casos, con el fin de que haya soluciones.

Es obvio que la intimidación sicológica y hostigamiento provoca daños insospechados en los niños, junto con vulnerar sus derechos como personas.

Ante esta realidad y la crueldad con que actúan algunos menores en contra de compañeros, es necesario guiar a los escolares en el buen uso de las tecnologías. Si bien casi todas las familias tienen acceso a estos adelantos, es necesario instruirlos sobre sus beneficios cuando son bien utilizados y también los perjuicios que provoca su mal uso.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo en Chile subió a 13,1% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2020, la más alta desde el año 2010, cuando comenzó la actual forma de medición. Estos datos muestran el profundo deterioro e impacto que está dejando esta pandemia en el empleo, y actividad económica de nuestra región, la que vemos reflejado en la tasa regional de desocupación que alcanzó un 12,1%, aun cuando se ubica por debajo de la media nacional. No obstante, el escenario hubiera sido peor de no mediar la vigencia de la ley de protección del empleo que en marzo de este año despachamos del Congreso con celeridad para ir en ayuda de las familias de Chile desde el mes de abril 2020. Actualmente, la Ley de Protección del Empleo está dando protección, a través del Seguro de Cesantía, a más de 730 mil trabajadores formales en todo el país. En la región de Ñuble se han acogido más de 10 mil trabajadores, permitiéndoles recibir un ingreso mediante la figura de suspensión, pero sin perder el vínculo contractual. Sin embargo, dada la evolución que ha tenido la pandemia y la necesaria continuidad de las medidas de confinamiento para proteger la salud de las personas, se hizo necesario el fortalecimiento de esta herramienta y otorgar mayores flexibilidades para quienes lo necesiten puedan acogerse al seguro de cesantía. La iniciativa que logramos despachar del Congreso flexibiliza los requisitos y aumenta el número de trabajadores que pueden acceder al Seguro de Cesantía. También, este proyecto de ley mejora los beneficios de la Ley de Protección del Empleo y aumenta los montos del Seguro de Cesantía que reciben los trabajadores. A ello se suma la compatibilidad de este beneficio con otros de la Red de protección Social y la implementación del Plan de Recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, un Plan Extraordinario de inversión en Obras Públicas y Viviendas, un Plan de Fomento a la Creación de Empleos y un Plan de Recuperación de nuestra economía. Finalmente, se trata de iniciativas del acuerdo logrado por el Ejecutivo con distintos sectores políticos y expertos para recuperar la economía y en especial proteger los ingresos de las familias, medidas que jugarán un rol fundamental para que las personas sean capaces de encontrar trabajos cuando se relajen las medidas sanitarias. Y es que en estos tiempos de adversidad y dolor la principal . La tarea y misión del Gobierno es proteger, con toda la voluntad y todos los medios disponibles, a todas las familias chilenas, y este proyecto responde a la necesidad de concentrar los esfuerzos y focalizar los recursos en quienes más lo necesitan.

Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble

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