Una propuesta para aplazar las elecciones de gobernadores regionales está siendo estudiada por el gobierno, e informalmente, también en el Congreso. El planteamiento es postergarlas desde el 11 de abril (cuando sí se harán las municipales) hasta el 21 de noviembre de 2021, para coincidir con el proceso presidencial, parlamentario y del Core (Consejo Regional).

A la luz de declaraciones de ministros y algunos legisladores, la idea está bastante avanzada hacia un consenso de cambio y el argumento para aplicarla es que aún no se encuentran suficientemente definidas las atribuciones y los recursos que las nuevas autoridades tendrían, algo que se ha venido advirtiendo públicamente hace varios meses y en lo cual no se avanza. Además, se mantiene la escasa claridad que hay respecto a las diferencias de responsabilidades que existirían con el nuevo "delegado regional", figura que nombraría el gobierno de turno, para -se supone- mantener las políticas nacionales unificadas.

Por otra parte el proyecto de dar más plazos también incluye terminar con inhabilidades para autoridades diversas interesadas en postular a nuevos cargos (no solamente éste), conversación surgida luego de la aprobación al límite de reelecciones.

La discusión y opiniones respecto de los gobernadores se encuentran ahora produciéndose, pero no han tenido tantas miradas sobre ellas; quizás por las urgencias creadas por la pandemia, o por la cercanía de Fiestas Patrias, período que genera una especie de paralización colectiva del país, aún en las actuales circunstancias.

Este debate ha activado alertas. Especialmente entre los movimientos sociales regionalistas, los cuales han mantenido una posición crítica frente a los cambios de fechas y han manifestado su inquietud respecto a una fusión de votaciones, lo cual podría generar confusión severa en la comunidad y hasta "restar brillo" al primer paso de descentralización más profunda que tendría el país.

Pese a que nada está definido aún, desde La Moneda han señalado que "nadie olvidará el compromiso" adquirido con este proceso, que permitiría a las comunidades locales definir a sus líderes democráticamente, por primera vez. Y en eso se confía.

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Este 08 de septiembre entra en vigencia la Ley de Portabilidad Financiera, un proyecto que debería redundar en mayor competencia y, por ende, mejores condiciones para los clientes bancarios. En ese sentido, el objetivo de esta columna es realizar una reflexión sobre el impacto que esta nueva normativa tendrá en los ciudadanos comunes.

Para comenzar, se debe precisar que las cifras no son muy alentadoras, puesto que hay estudios que indican que la tasa de endeudamiento de las familias chilenas bordea el 75%, medida en términos de ingresos. En ese sentido, la deuda es una realidad patente y potente en nuestra sociedad. De la misma manera, cambiarse de banco no es tan sencillo y habitualmente implica costos bastante altos, por lo que no existen incentivos a moverse o, dicho de otra manera, las barreras de salida de un banco a otro son (o eran) muy altas. Eso explica las agresivas campañas de los bancos por captar clientes jóvenes no bancarizados, por ejemplo, estudiantes universitarios de últimos años, puesto que se sabe que ya siendo clientes de un banco es difícil moverse a otro.

En ese sentido, la ley de portabilidad financiera establece una serie de mecanismos, simples y baratos, que permitirán a un cliente mover "sus deudas", de una institución a otra, con un trámite expedito y a costos razonables. A modo de ejemplo, con la ley el trámite se reduce de 75 a 30 días en promedio y los costos de 600 mil a 250 mil, para el caso de un hipotecario de 2.000 UF.

Esta ley faculta al cliente para solicitar una o varias cotizaciones de tal forma de poder elegir la mejor alternativa dentro de lo que el mercado ofrece en su caso particular. Claramente, esto es un tremendo avance en términos de empoderar al consumidor financiero el que muchas veces se siente retenido en su banco, dado que los costos de cambio son altos.

En términos económicos, se espera que estas facilidades generen una mayor competencia en los actuales actores, los bancos principalmente, pero también en el retail, dado que, la nueva ley considera a todos los organismos tutelados por la CMF, Comisión del Mercado Financiero, vale decir, no solo bancos, sino que también se incluyen compañías de seguro, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras.

Como consumidor, hay que esperar la reacción de los bancos, en términos de reducción de costos, pero también en mejoras en el servicio, tal y como pasó en el mercado de la telefonía móvil con la implementación de la portabilidad numérica y que, a la larga, generó mayor dinamismo y modernidad en esa industria.

José Navarrete Oyarce Director de Ingeniería en Administración de Empresas

Universidad Andrés Bello