Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 176 proyectos de vacunas en curso en el mundo, de los cuales 34 están en ensayos clínicos, lo que significa que empezaron a ser probados en seres humanos. Entre estos, ocho se hallan en la fase 3, la más avanzada, etapa que requiere la participación de al menos 30.000 voluntarios, para extraer la información sobre la eficacia del producto y confirmar que es seguro.

La carrera de las vacunas ha desatado una competencia entre países, que están aportando miles de millones de dólares a las investigaciones, y también de los grandes laboratorios farmacéuticos que quieren encontrar la inmunización. El director general de la OMS ha dicho que ese organismo no avalará una vacuna contra el coronavirus si no es segura y eficaz, y que si bien hay unas cuantas que son prometedoras, no serán utilizadas hasta que se haya establecido que superaron exitosamente todas las pruebas.

Estos ensayos clínicos no son nuevos, pero en este caso plantean el dilema de cuán ético es infectar a un grupo de personas voluntarias con un virus que produce una enfermedad para la cual no hay cura y de la que se desconocen sus efectos a largo plazo, aunque esto sea para acelerar la producción de una vacuna. Hace unos meses se señaló que tres mil chilenos podrían participar voluntariamente en esas pruebas y que será el Instituto de Salud Pública, junto con un comité ético, que determinará los requisitos para tomar parte.

La estrategia de participación de Chile en estas pruebas se basa en buscar alianzas internacionales para realizar estudios clínicos de fase 3, luego de haberse aprobado las fases anteriores para ver la efectividad de la inmunización. Se quiere garantizar el suministro oportuno de una vacuna que sea segura y efectiva.

Pero es importante no alimentar falsas esperanzas respecto de estas vacunas aún en ensayo, porque esto puede aumentar la complacencia frente al virus y hacer que se descuiden gestos básicos de prevención, como la distancia física, el uso de mascarillas y el lavado de manos.

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. En esta oportunidad, se efectúa en un difícil contexto de crisis en el mercado laboral producto de la crisis económica causada por el coronavirus. Las medidas de contención sanitaria tales como cuarentenas totales o parciales y el distanciamiento social han permitido contener el avance del virus, sin embargo, han causado un importante deterioro de la actividad económica. Se espera que la contracción a nivel mundial alcance un 4,9%, ubicándose 8,2 puntos porcentuales menos de las estimaciones realizadas a principio de año. En el caso de Chile, el Fondo Monetario proyecta una contracción de 7,5% durante 2020, mientras que el último Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile estima que la contracción se ubicará en un rango de -5,5% a -4,5%. El aumento en la tasa de desempleo ha significado que cerca de un millón 900 mil personas hayan perdido sus empleos. Desde 1990 el crecimiento del salario mínimo ha estado alineado con el crecimiento económico, el crecimiento se ha traducido en un aumento del salario mínimo acorde sin embargo el salario mínimo aumentó 6,5% en 2020, pese a que el PIB se contraerá en torno a 5% este año. Adicionalmente, los trabajadores que ganan el salario mínimo reciben un complemento de $45.352, que van directo al bolsillo del beneficiado sin ningún tipo de descuento. Los receptores del salario mínimo se concentran en los puestos de trabajo más afectados por la pandemia, jóvenes y mujeres sin calificación o escasa capacitación y experiencia. Subir su costo de contratación podría ser contraproducente para la reactivación, y es evidente que mas que el reajuste los trabajadores necesitan un sueldo, considerando que 3 de cada 4 trabajadores lo hacen en una pequeña empresa. Paradójicamente hoy el Estado es quien gana si se sube el salario mínimo y no el trabajador, ya que, al subir el salario mínimo, baja el monto que paga el Estado por el Ingreso Mínimo Garantizado por ejemplo si el salario mínimo sube $1.000 pesos, el Estado deja de pagar $910 que lo paga la pyme y el trabajador recibe sólo $90 adicionales. Se espera una tramitación responsable que permita despachar con celeridad este proyecto sin afectar la protección y generación de empleos atentando contra las pymes y contra los propios trabajadores, generar y recuperar empleos es sin duda es la principal política social que se puede aplicar post pandemia, además se requiere que pronto el gobierno active el subsidio de contratación masivamente y enfocada en pymes y así darle soporte a quienes generan el 80% del empleo en Chile.

Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble

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