Cuestionado beneficio
¿Cuándo vamos a entender que en nuestro país el tema de los derechos humanos se escapó de las manos? Hoy vemos cómo delincuentes, tanto asesinos como violadores y narcotraficantes, etc., hacen y deshacen, creyéndose los dueños de barrios y calles, y cuando son detenidos por sus delitos, sus defensores (abogados) a lo primero que aluden es a los derechos que le corresponden al imputado, pero no ven el gran daño que estos delincuentes le han hecho a la sociedad.
El caso de Ámbar ha golpeado a todo nuestro país, una niña que fue asesinada por Hugo Bustamante, un psicópata que estaba en la cárcel por haber cometido un doble homicidio y por el cual se le dio una pena de 27 años. Sin embargo, recibió el beneficio de libertad condicional cuando llevaba 11 años de presidio. Todo esto pasó porque los jueces dijeron que este hombre ya tenía derechos y beneficios. Si hubiese cumplido su condena, Ámbar estaría viva.
Esperemos que ahora el Gobierno, los parlamentarios y jueces no den más derechos o beneficios a asesinos y violadores y que cumplan la pena que se les dicta completamente.
Marco Castillo Abarca
Defensa
Ante la defensa que hicieran 36 abogadas, profesoras de derecho penal, criminalística y defensoras de derechos humanos de la decisión de la jueza Silvana Donoso, que presidía la comisión que le otorgó la libertad condicional al único imputado en el crimen de Ámbar, cabe preguntarse si las mismas 36 abogadas estarían hoy haciendo la misma firme defensa de la decisión de la magistrada si hubiese sido un familiar la víctima de este asesinato.
Luis Enrique Soler Milla
Libertad condicional
Ante un crimen horroroso, además de lamentar lo sucedido, resulta urgente tomar medidas para prevenir situaciones similares y esperar que se haga justicia y que el autor o autores de los delitos sean sancionados como corresponde. Sin embargo, por más que las emociones puedan nublar los pensamientos, sería una crueldad, una injusticia y un error estratégico utilizar el dolor de las víctimas para impulsar políticas criminales inútiles con la única finalidad de generar una sensación de seguridad.
Numerosos estudios han demostrado que mientras más largas son las penas privativas de libertad, mayores son los niveles de reincidencia. Por lo mismo, esperando bajar los índices de delito, se ha optado en casi todo el mundo occidental por buscar mecanismos que permitan una liberación anticipada de las personas encarceladas. Estos sistemas alternativos a la cárcel, mediante el cual una persona condenada puede cumplir parte de la condena fuera de la prisión, supervisados y bajo condiciones adicionales, han demostrado tener índices de reincidencia más bajos en comparación con quienes cumplen una pena completa.
Lo señalado anteriormente, respaldado con cifras y estudios científicos, es lo que justifica una institución como la libertad condicional. Si bien no existe sistema alguno que pueda eliminar la delincuencia, y que casos puntuales tan horrorosos como el crimen contra Ámbar pueden hacernos pensar que la culpa la tiene una liberación anticipada de un condenado o condenada, lo más probable es que sin libertad condicional, los índices de homicidios, violaciones y de otros delitos violentos serían aún mayores.
Dr. Silvio Cuneo Profesor Derecho Penal Universidad Central de Chile
Pena de muerte
La subsecretaria de la Niñez ha emitido declaraciones muy desafortunadas a propósito del caso Ámbar. En tal sentido, creemos que es una irresponsabilidad de la autoridad proponer reabrir el debate sobre la pena de muerte, pues ello es política y jurídicamente incorrecto, al haber sido derogada por la Ley 19.724. Plantear su reposición contraría profundamente tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, acarreando la responsabilidad internacional del Estado.
Además, en materia de DD.HH. el principio de no reversibilidad (que la autoridad debe conocer) impide retroceder en ese sentido. Plantear un tema cerrado hace dos décadas y pretender legislar por un caso puntual, por terrible que sea, olvida el profundo debate que se dio para poner fin a una pena que afecta profundamente la dignidad del ser humano, desconociendo un avance humanizador de siglos.
De otro lado, su pretensión de sanción a la ministra Donoso de la I. Corte de Valparaíso, pues "por su ideología o por sus ideas, se transforma en un peligro para la sociedad", revela un gravísimo peligro al principio de separación de poderes y al régimen democrático, impulsada sólo por el afán de sintonizar, malamente, con el reclamo por justicia que ha esgrimido la ciudadanía.
Brigada de Abogadas y Abogados Socialistas Francisco Alvarado, Rodrigo Medina y Romanina Morales