Debido a los cambios demográficos que ha experimentado el país, los adultos mayores se han convertido en un segmento de consumidores bastante relevante que ha obligado a las empresas a enfocarse en este grupo etario. Y es que la generación de los baby boomer's hoy requiere una serie de productos y servicios, quizás impensados en décadas anteriores.

Por ello, ya las empresas del retail los han tomado como sujetos de crédito, situación en que la banca ha sido más cautelosa. Por eso mismo este tramo etario va apareciendo en las estadísticas no sólo de ventas, sino también en aquellas de morosidad o reclamos, según lo evidencian el informe de morosidad realizado por la USS y el estudio del SERNAC en alianza con el SENAMA. Este último arrojó que los reclamos en este grupo aumentaron, entre enero y agosto de este año, casi un 50% respecto del mismo periodo de 2019. En tanto, de acuerdo con el último Informe de Deuda Morosa, un 13% de las personas morosas de la Región del Biobío corresponde a mayores de 60 años con una mora promedio que sobrepasa el millón de pesos.

En ese contexto, teniendo claro que este segmento es importante en cuanto a número de personas y considerando que, dada la mejora en la esperanza de vida que se registra a nivel global, será cada vez más preponderante, resulta imprescindible establecer desde ya medidas regulatorias al respecto. Por ejemplo, las líneas de crédito disponibles, los costos del crédito o condiciones de repactación son aspectos que se deben revisar con especial atención.

No debemos olvidar que lamentablemente los adultos mayores, por lo general, experimentan significativas mermas en sus ingresos, por lo que, si bien deben tener acceso al crédito, éste debe ser mesurado y con la necesaria educación financiera. Es recomendable que se realicen campañas informativas con el objeto de que internalicen el compromiso financiero al que se exponen. El crédito es la vía para acceder a bienes y servicios, pero también puede transformarse en una pesada carga para personas que deben vivir con tranquilidad esta etapa.

Karin Bravo Fray Directora de Postgrados, Universidad San Sebastián

El 30 de septiembre ingresó al Senado el proyecto de ley que "fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica". Se trata de una normativa esperada desde las regiones y que en principio se esperaba que correspondiera a una "ley de rentas regionales", aunque -por su contenido- no alcance para ser definida de esa forma.

En relación a esta iniciativa, se deben hacer dos consideraciones iniciales. Primero, que se enmarca dentro del concepto de descentralización fiscal, mediante la cual se busca traspasar poder, funciones o responsabilidades desde el gobierno central a los niveles subnacionales, en este caso en particular, vinculadas al ingreso y gasto público.

La segunda consideración es que el proyecto complementa el proceso de democratización de la elección de la autoridad regional, que se realizará por primera vez en abril del año próximo.

Entre las novedades que incluye el texto ingresado para su discusión en el Parlamento resaltan varios puntos que dan cuenta de la forma en que suele asumirse el proceso de descentralización en el país.

La propuesta define que será el gobernador regional quien elabore cada año el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Se trata de una medida positiva, en consideración a que este es el principal instrumento de planificación regional, y representa una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios públicos efectúan en cada territorio.

Es indudable que la iniciativa mantiene varios de los principios que rigen la forma en que se lleva adelante la descentralización en Chile, es decir, con un férreo foco en el control desde el centro. Pero no hay que olvidar una realidad que pocas veces se considera desde nuestras regiones y que merece particular atención si queremos tomar en serio la batuta del proceso de transferencia de poder. Y es que éste puede significar muchos beneficios, pero también algunos riesgos, asociados a elementos como la captura política, el clientelismo y los efectos redistributivos negativos.

Con todo, contar con las cartas sobre la mesa es un punto de partida necesario e importante para seguir avanzando en la tarea de dotar de un mayor poder de decisiones a las regiones.

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