Afines de septiembre ingresó al Senado el proyecto de ley que "fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica". Se trata de una normativa esperada desde las regiones y que en principio se esperaba que correspondiera a una "ley de rentas regionales", aunque -por su contenido- no alcance para ser definida de esa forma.

Con relación a esta iniciativa, se deben hacer dos consideraciones iniciales. Primero, que se enmarca dentro del concepto de descentralización fiscal, mediante la cual se busca traspasar poder, funciones o responsabilidades desde el gobierno central a los niveles subnacionales, en este caso en particular, vinculadas al ingreso y gasto público. La segunda consideración es que el proyecto complementa el proceso de democratización de la elección de la autoridad regional, que se realizará por primera vez en abril del año próximo.

Entre las novedades que incluye el texto ingresado para su discusión en el Parlamento resaltan varios puntos que dan cuenta de la forma en que suele asumirse el proceso de descentralización en el país. La propuesta define que será el gobernador regional quien elabore cada año el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Se trata de una medida positiva, en consideración a que este es el principal instrumento de planificación regional, y representa una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios públicos efectúan en cada territorio.

Es indudable que la iniciativa mantiene varios de los principios que rigen la forma en que se lleva adelante la descentralización en Chile; es decir, con un férreo foco en el control desde el centro. Pero no hay que olvidar una realidad que pocas veces se considera desde las regiones y que merece particular atención si se quiere tomar en serio la batuta del proceso de transferencia de poder. Y es que éste puede significar muchos beneficios, pero también algunos riesgos, asociados a elementos como la captura política, el clientelismo y los efectos redistributivos negativos.

Con todo, contar con las cartas sobre la mesa es un punto de partida relevante para seguir avanzando en la tarea de dotar de un mayor poder de decisiones a las regiones.

Hace un año, las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre significaron no sólo el levantamiento de demandas sociales, sino que también de violencia y una polarización que impedía cualquier tipo de entendimiento, limitando los avances para alcanzar lo que todos queremos, un Chile más justo y menos desigual. Una situación que se ha visto complejizado por la pandemia del COVID-19 que ha extendido en el tiempo la delicada situación económica con la que han debido lidiar miles de familias chilenas y sus bolsillos.Durante estos tiempos difíciles y violentos, mientras se ejercía el deber de restaurar el orden público y la seguridad ciudadana, el gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos humanos de todos, pero también promovió una rápida política del diálogo y los acuerdos para avanzar en una agenda social que los ciudadanos pedían hace más de 30 años. En esa dirección, y a cuatro días del comienzo de la crisis, el Presidente Piñera dio a conocer las primeras medidas de una Nueva Agenda Social, medidas para reducir el costo de la vida de las familias, que pese sus propios esfuerzos ven difícil cosas simples como comprar medicamentos, desplazarse en la ciudad o tener una mejor vejez. Entre ellas destacan: el logro de acceder a remedios más baratos con la ley que amplía la facultad de la Cenabast, el convenio para usuarios de Fonasa para acceder a descuentos en farmacias, como hoy existen para isapres, igualdad de planes de salud entre hombre y mujeres; Rebajas inmediata al transporte público para adultos mayores y también el pago en las contribuciones de los mismos. También se impulsaron medidas concretas para mejorar los ingresos de las personas. La creación del Ingreso Mínimo Garantizado, el cual permitió en 2020 el mayor aumento en 30 años del salario para quienes ganan el mínimo y la mejora inmediata y contundente de las pensiones de quienes pertenecen al Pilar solidario. Esta permitió subir en hasta un 50% las pensiones de adultos mayores de 80 años y progresivamente para todos, logrando beneficiar en 2020 a 1.6 millones personas. Algo que, en las manifestaciones, pero también por décadas se había demandado, subir las pensiones hoy es realidad para los más vulnerables. Falta la clase media. En forma paralela a la agenda que permitió abordar urgencias sociales, se promovió un acuerdo fundamental por una Nueva Constitución que buscaba, mediante el diálogo y la amistad cívica y no la violencia ni la destrucción, promover un proceso democrático en que la ciudadanía definiera si quiere darse una nueva constitución o no. Cuando se veía difícil que el diálogo primara, firmamos el oficialismo y parte importante de la oposición un acuerdo que trazaría la hoja de ruta, con un hito claro como es el plebiscito, que hoy estamos ad portas de vivir.

Frank Sauerbaum

Diputado por Ñuble

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