El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, afirmó ayer que durante las manifestaciones posteriores al 18 de octubre de 2019 "efectivamente se incurrió en violaciones o transgresiones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas policiales", aunque no se trató de una "planificación organizada".

Una entrevistada realizada por la agencia española de noticias Efe al canciller, donde también fue consultado por asuntos económicos, puso el foco en las acusaciones formuladas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y Human Right Watch, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros contra cientos de personas que salieron a las calles tras el 18-O, así como posibles violaciones a sus derechos humanos en las manifestaciones.

"El Gobierno acogió todas las misiones, de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y varias organizaciones", señaló Allamand, agregando que en "el proceso, donde efectivamente se incurrió en violaciones o transgresiones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas policiales, fue objeto de un escrutinio amplio y abierto a organizaciones (de DD.HH.) internas e internacionales".

Estas entidades, continuó el secretario de Estado, "entregaron unas recomendaciones que se han hecho parte del proceso profundo de reforma a la Policía y las organizaciones policiales, que está muy avanzada".

En esta línea, la autoridad destacó que "no ha habido margen alguno para la impunidad: cada vez que se ha evidenciado que ha habido una transgresión, se han adoptado inmediatamente las sanciones administrativas y se han abierto los procesos judiciales para sancionar con el rigor de la ley a los culpables. Esa ha sido la reacción del Gobierno".

"Quiero señalar de forma muy categórica que, si bien han existido estas transgresiones a los derechos de las personas, bajo ninguna circunstancia esto ha sido una suerte de política institucional", sostuvo el titular de Relaciones Exteriores, agregando que "nunca ha existido ni de parte del Estado ni del Gobierno, ni de los cuerpos policiales, una suerte de planificación organizada" sobre los hechos cuestionados.

Investigaciones

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a las palabras del canciller afirmando que "hay diversos informes, incluso internacionales, de organismos importantes, y también lo ha dicho el Gobierno, que en Chile a partir del estallido social no ha existido una política sistemática de violación de los DDHH".

Actualmente "lo que tenemos son denuncias que se están investigando, que tanto el Gobierno como las mismas policías, en este caso Carabineros, han puesto a disposición todos los antecedentes para que pueda llegar a esclarecerse", explicó el jefe de gabinete.

"Si hay hechos puntuales, hechos que están siendo investigados, vamos a ser respetuosos de aquellas responsabilidades que ocurran, pero como política sistemática de derechos humanos ha sido descartado", puntualizó Delgado.

La académica de Derecho internacional en la Universidad de Concepción (UdeC), Paulina Astroza, escribió en su cuenta de Twitter: "Imagino que el ministro Allamand sabrá que en el Derecho internacional las declaraciones de una autoridad pública son expresiones del Estado, y que pueden dar argumentos para generar responsabilidad internacional y nacional".

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, afirmó ayer que el jueves 10 de diciembre se abrirá la plataforma para que las personas afiliadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan solicitar el segundo retiro del 10% de sus ahorros. Esto, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el viernes, durante la promulgación de la iniciativa, que el proceso empezaría mañana lunes 7. Pizarro agregó, además, que el dinero estará disponible el 17, no como explicó el presidente de las AFP, quien dijo que quizás no sería posible antes de Navidad debido a la falta de liquidez bancaria.

Las solicitudes para el segundo 10% podrán realizarse a partir del 10 de diciembre, sólo de manera online durante las dos primeras semanas, como una medida para evitar aglomeraciones y posibles nuevos contagios de coronavirus. De esta forma, el proceso se desarrollará a través de los respectivos sitios web de las AFP.

Sin embargo, tanto el Presidente como el gerente general de la Asociación de AFP (AAFP), Fernando Larraín, dijeron este viernes que los formularios se abrirían mañana 7 de diciembre, lo que ayer fue enmendado por el subsecretario de Previsión Social, ya que faltan algunos trámites para la ejecución del proyecto, como su publicación en el Diario Oficial.

Larraín, además, señaló que si el proceso empezaba mañana lunes "no puedo comprometer que el pago (del 10%) va a ser el 15, 16 o 17", pese a que "eso no quita que algunos pagos se puedan realizar antes", atribuyendo este plazo a la disponibilidad de dinero circulante, que el Banco Central advirtió una posible falta de liquidez, así como los trámites propios de cada banco para traspasar dinero.

Pizarro, no obstante, dijo ayer que para el primer retiro del 10%, a mediados de agosto, "se comenzaron a hacer las primeras transferencias y pagos una semana después de iniciado el proceso. Como el proceso se inicia con las solicitudes en las páginas (web) de las administradoras el jueves 10 de diciembre, todas las coordinaciones realizadas nos permiten señalar que las primeras transferencias se estarían realizando el 17 de diciembre y las primeras transferencias o cuotas van a estar antes de la Navidad".

Las dos primeras semanas del trámite serán exclusivamente de forma virtual, luego se informarán las condiciones para el resto del proceso.

Seguridad

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió a las medidas de seguridad que acompañarán al proceso de retiro de fondos, para el que ya el Gobierno se ha coordinado con las entidades involucradas, "de manera tal de tener presencia policial en todos los lugares, y en los horarios de mayor conglomeración de personas, y también vamos a estar con mecanismos tecnológicos buscando y verificando que las personas puedan estar seguras, de manera de poder actuar en forma muy rápida si es que ocurre alguna situación delictual".

"Las AFP no les pedirán claves ni tampoco las claves bancarias", sostuvo Martorell, recordando "que este es un proceso que puede realizarse en un largo tiempo y, por lo tanto, puede planificarse".