Ayer se inició la tramitación de varias iniciativas que podrían permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones para atenuar los efectos de la pandemia de covid-19. La Comisión de Constitución decidió fusionar los cinco proyectos presentados: por un lado las tres reformas transitorias y por otro, las dos permanentes, estas últimas propuestas como una forma de evadir el Tribunal Constitucional.

Los diputados visaron la idea del presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS), por una cuestión de quorums: las primeras requieren tres quintos y las segundas, dos tercios.

Durante el debate el diputado Jaime Mulet (FRSV), impulsor de una de las iniciativas, dijo que ante "la inacción del Gobierno frente a necesidades de la ciudadanía, que solo ha respondido con pequeñas ayudas, es muy importante buscar una solución inteligente, constitucional, para adelantar pensiones futuras y después compensarlas".

Camila Vallejo (PC), quien propuso otra de las mociones, afirmó que para que haya un confinamiento efectivo, considerando que desde mañana jueves (hoy) habrá 171 comunas del país en cuarentena, "se requiere un apoyo económico real y urgente".

Matías Walker (DC), integrante y ex presidente de la misma comisión, planteó que "si de verdad queremos que prospere el tercer retiro" se debe buscar una "fórmula que pase todos los test de constitucionalidad" y que sea "lo más simplificado posible".

Jorge Alessandri (UDI), por contraparte, opinó que el hecho de que "se hable de un reembolso", significa que se "reconoce que el daño que se está haciendo a las pensiones es muy grande e irreversible, reconoce ese forado".

Ministra zaldívar

En su intervención la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reiteró que "como Ejecutivo nos oponemos a la idea de un retiro de los ahorros previsionales. No es una buena solución para las personas". Además instó al Congreso a tramitar rápidamente el fortalecimiento y extensión de la Red de Protección Social anunciada esta semana por el Presidente Sebastián Piñera.

La secretaria de Estado se reservó por esta ocasión la oportunidad de dar una opinión más detallada hasta tener "a la vista cuál será el texto" que discutirá la instancia.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que plantea establecer una compensación por la explotación del cobre y el litio en favor del Estado de Chile, denominada royalty minero.

Por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, la polémica iniciativa dio el primer gran paso de su tramitación, tras ser debatida no solo con argumentos políticos y técnicos sino que otros ideológicos: en general apoyada por la oposición y resistida por el oficialismo.

La iniciativa presentada en 2018 por diputados de oposición fue aprobada por la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en la comisión de Hacienda, con el voto en contra del oficialismo más el diputado DC José Miguel Ortiz, quien, no obstante, votó a favor en sala.

El debate comenzó este martes, pero se votó recién ayer y al haber sido objeto de indicaciones en la comisión de Hacienda, la iniciativa debe volver a la comisión de Minería y Energía de la Cámara.

Argumentos

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que presentó la moción en 2018, el diputado Esteban Velásquez opinó que en la actualidad "hay una revalorización de la riqueza mineral, un nuevo concepto en la propia ciudadanía".

"En la medida que hemos dejado que haya extracción de los recursos, tiene que ver también con un despojo y empobrecimiento del patrimonio de la nación. Hoy hay una oportunidad para revertir aquello, y suscribimos esa mirada económica de país", afirmó.

Desde el Partido Comunista, la diputada Camila Vallejo afirmó que "empresas privadas, que ni siquiera son chilenas, se llevan toda la plata, todo el sueldo de Chile, hacia afuera. Eso no es digno. Esos recursos no solo deberían estar usándose para compensar el impacto medioambiental, sino que también para permitir el desarrollo del país".

En la contraparte, el diputado Patricio Melero (UDI) dijo que "de aprobarse esto, Chile tributaría un 54,3%, afectando la competitividad y la inversión. No matemos la gallina de los huevos de oro; hagamos bien el tema en materia tributaria y hagámoslo en proporcionalidad a lo que Chile puede, sin afectar la inversión y el crecimiento futuro".

Reacción del Gobierno

Tras esta votación el Gobierno hizo uso de la reserva de constitucionalidad del proyecto, debido a que crea un tributo, facultad que, según la Constitución, está entregada de manera exclusiva al Ejecutivo.

"Este es un proyecto de ley que es inconstitucional porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República. Nuestra Constitución entrega esa facultad al Ejecutivo. Sobre esto ya se refirieron varios constitucionalistas. Como Gobierno estamos obligados a actuar bajo la institucionalidad vigente", aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, añadió que "el litio en Chile ya paga al Estado, de cada 100 pesos de precio del litio, entre el 40% y el 45%. Eso lo recauda el Estado vía contratos de Corfo e impuestos. Es el porcentaje más alto que cualquier país del mundo. Además, aunque la demanda proyectada de litio va a aumentar en los años que vienen, las proyecciones que nosotros tenemos, es que Chile va a seguir perdiendo participación de mercado".

Críticas de la industria

También reaccionó en contra de este proyecto la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Su presidente, Diego Hernández, dijo que los diputados se dejaron llevar por argumentos populistas.

"Es lamentable que los diputados y diputadas hayan preferido atender argumentos populistas y poco realistas, en lugar de argumentos técnicos que avalan el efecto negativo que tendría para el sector la aplicación de un royalty a las ventas", dijo el dirigente.

"Esperamos que en los siguientes procesos de tramitación de este proyecto, de discutida constitucionalidad, prime la cordura y se mantengan las reglas para recuperar la inversión en este periodo post pandemia", concluyó Hernández.

91 votos a favor tuvo el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados; 36 legisladores lo rechazaron.

2018 fue el año en que se ingresó esta iniciativa y recién en las últimas semanas se inició su tramitación.