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Las elecciones que se desarrollaron |este fin de semana son las terceras de un largo calendario electoral que comenzó el 25 de octubre de 2020, con el plebiscito en el cual se decidió hacer una nueva Constitución y la creación de una Convención como fórmula para ese cambio.

La segunda llamada a las urnas fue el 29 de noviembre, para definir a los candidatos a gobernadores regionales y a alcaldes.

Después de este fin de semana, vendrán otros cuatro procesos importantes. El más cercano es el del 13 de junio y corresponde a la segunda vuelta de los gobernadores, si es que no hay ganador con más del 40% de los votos en estas jornadas.

Luego, el 18 de julio, habrá primarias presidenciales y parlamentarias (los participantes deben inscribirse el 20 de mayo). Después, el 21 de noviembre, se realizará la elección de Presidente de la República, congresistas y consejeros regionales. La segunda vuelta presidencial será el 19 de diciembre.

El calendario también contempla que los nuevos alcaldes y concejales asuman el 28 de junio y los gobernadores, el 14 de julio. Los constituyentes debieran comenzar el 6 de julio, aunque esa fecha puede cambiar, pues depende del Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. En la región serán cinco.

Aunque la pandemia vaya cediendo, todas estas tareas cívicas deberán realizarse en el marco de estrictas medidas sanitarias y, seguramente, varias no despertarán tanto interés de los electores, aunque con ellas se define el futuro nacional para los próximos años.

Es de esperar, entonces, que a nivel público se insista con la entrega de información para que las personas participen e incidan con su voto en decisiones que son profundas y de largo plazo.

En Ñuble diversos actores sociales, políticos y religiosos han llamado a participar a los electores, pues en el voto existe una alternativa real de hacer conocer su opinión y evaluar el desempeño de los que ostentan el poder. Es necesario responder a ese llamado y participar y para quienes se presentan a estos cargos se debe hacer presente -como lo dijo el Papa Francisco- que la política es "un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre".

Muchos países, sobre todo europeos y Estados Unidos, han optado por no consagrar derechos económicos y sociales a nivel constitucional. En nuestro país, la política ha sido riesgosa y desafortunadamente "capturada" por el lenguaje de los derechos , y lo que se observa es que se ha prometido afrontar las demandas sociales desde y a través de la discusión constitucional, cuestión que no corresponde al no ser la constitución el instrumento para aquello.

La hipertrofia de derechos sociales en la constitución y el hacerlos justiciables no garantiza la correcta satisfacción de las necesidades sociales, como sí lo es la implementación de políticas públicas adecuadas a cargo de las autoridades electas para esta misión.

En el entendido que nuestra constitución actual contempla determinados derechos sociales que serán sometidos a revisión, y en caso de que la convención decida por los 2/3 de sus miembros incluir otros derechos económicos y sociales en la nueva constitución, es pertinente reiterar que ellos suponen prestaciones materiales para su goce y ejercicio, las que han de otorgarse y ser exigibles, de acuerdo con las condiciones fijadas por la ley, la cual dispone en el marco de los recursos disponibles. Así, su configuración corresponde al legislador, respetando su núcleo esencial, ya que la deliberación política es la llamada a articular la multiplicidad de demandas sociales con la disponibilidad de recursos fiscales. Así, es el legislador quien, debido a la necesaria deliberación política que suponen las prestaciones sociales, determina las obligaciones precisas que emanan de ellos.

El juez ha de aplicar y hacer exigible estos derechos de acuerdo con la configuración que ha otorgado el legislador y no a través de una acción constitucional directa. Por su parte, y considerando el principio de servicialidad del Estado, resulta fundamental que estos derechos admitan una provisión mixta, esto es, que tanto el Estado como los particulares puedan participar en la provisión de estos bienes respetando las regulaciones aplicables al efecto.

La inclusión de derechos económicos y sociales en las constituciones ha sido una tendencia mundial en las últimas décadas, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, no se han consagrado en forma homogénea, difiriendo en número, estatus formal, naturaleza y ámbito. En resumen, la evidencia muestra que la inclusión de derechos económicos y sociales en la constitución no se traduce en un mayor acceso a estos. Por el contrario, traducir todas las demandas sociales en lenguaje de derechos, como expusieron candidatos a la convención constituyente de diversos sectores, genera expectativas ilusorias.

Frank Sauerbaum Diputado