Protección a personas mayores
En las últimas semanas se han conocido historias lamentables de adultos mayores; el caso del señor que lleva 20 años jubilado, pero que a diario debe viajar más de 100 kilómetros para ir a trabajar porque su pensión es insuficiente; y la situación de la señora de 100 años a la que se le negó el ingreso a un supermercado por no contar con su permiso de desplazamiento.
Sabemos que la pandemia ha afectado a cada uno de los hogares chilenos, que existen serios problemas económicos y sociales en muchas familias, sin embargo, hemos olvidado a las personas mayores. Si bien ha habido medidas del Gobierno que privilegian y resguardan especialmente la salud de este grupo etario, cabe preguntarse ¿son suficientes?, ¿se entrega una apropiada cobertura a sus necesidades? ¿es responsabilidad absoluta del Estado velar por su protección?
Desde el 2017, Chile incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, contrayendo una serie de obligaciones en la materia como fortalecer y propender a la igualdad, protección, inclusión y libertad de las personas mayores en la sociedad, pero no es menos cierto que los primeros llamados al acompañamiento de este grupo somos nosotros, el núcleo familiar. Esto se hace evidente especialmente en estos tiempos complejos, en que el confinamiento lleva a la gente mayor a una soledad mucho más profunda, donde la tecnología, que libera y comunica a gran parte de la sociedad, a ellos los limita.
Javiera Fernández,UDLA.
Educación, crisis climática y reactivación
En junio de 2018, todos los medios cubrieron el caso del "Colegio Iglú"; un colegio ubicado en San Pedro de la Paz, región del Bíobío, porque los alumnos y apoderados del establecimiento, reclamaron públicamente por las bajas temperaturas en invierno en las salas de clases. Al parecer, la solución fue instalar estufas en las salas, lo que no resuelve el problema de fondo.
El "Colegio Iglú" es simplemente la constatación y visibilización de un problema más profundo de nuestra infraestructura escolar. De hecho, un catastro del año 2013 del Ministerio de Educación declaraba que, en Chile, un alto porcentaje de establecimientos educacionales públicos está por debajo de los estándares adecuados y que, además, estos presentan una amplia brecha para alcanzar dichos estándares.
Hoy, se estima que entre 2.000 y 4.000 establecimientos educacionales están en la condición antes descrita. Esto se traduce en que, durante el invierno, los niños y niñas están en clases con temperaturas bajo los 17ºC, con niveles de CO2 varias veces superior al máximo recomendado de 1.000ppm y además, con altos niveles de humedad y ruido.
Cuando hablamos de mejorar la educación pública y reducir las brechas con la educación privada, no sólo debemos reducir la brecha en la formación y oportunidades de origen de los alumnos, o en la calidad de la educación entregada, sino también en entregar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan aprender, lo que ciertamente se dificulta cuando están respirando un aire más contaminado, cuando pasan frío en las clases, o cuando tienen permanentemente altos niveles de ruido ambiente.
Es por esto que, desde el año 2018, la Agencia de Sostenibilidad Energética junto a los ministerios de Energía y Educación, iniciaron un programa de rehabilitación de infraestructura escolar. A la fecha, hay dos escuelas terminadas, 50 en proceso y 270 con sus estudios de ingeniería listos.
A partir de la experiencia de estas intervenciones, podemos estimar que, con alrededor de $300 millones por escuela, podemos recuperar una infraestructura de varios miles de millones de pesos, muy deteriorada, a través del revestimiento de los muros; incorporando termo paneles; mejorando los sistemas de climatización y ventilación; cambiando la iluminación e; incorporando energías renovables.
Invertir en mejorar la infraestructura pública no sólo mejorará la calidad de vida y el aprendizaje de cientos de miles de niños y niñas, sino que además contribuirá a la lucha contra el cambio climático -al reducir el consumo de energía, utilizar energéticos más limpios e incorporar energías renovables - y ayudará en la reactivación económica del país.
En este sentido, un plan que mejore la totalidad de las escuelas susceptibles de ser intervenidas, en los próximos años, puede ser un elemento clave de la reactivación del sector construcción, con inversiones totales que podrían llegar a los US$1.500 millones; generando miles de nuevos empleos en el sector, además de potenciar el desarrollo de un nuevo mercado de rehabilitación de infraestructura existente, que pueda posteriormente ofrecerse en forma más competitiva y eficiente en viviendas - dos tercios de las cuales fueron construidas sin estándares térmicos -, edificaciones comerciales u otras infraestructuras públicas.
Ignacio Santelices. director ejecutivo de la AgenciaSE
