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La lucha por el medio ambiente

En el país, se han dado pasos importantes con el fin de mitigar los daños que se producen a la naturaleza, como la ley que eliminó la entrega de bolsas plásticas. El aumento de gases de efecto invernadero y el alza de las temperaturas son una bomba de tiempo.
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En las últimas décadas, el discurso medioambientalista ha calado hondo en la discusión mundial. Nadie duda que los efectos nocivos que la acción del hombre está ejerciendo sobre el planeta pueden llevarlo incluso a una situación extrema de poner en peligro la vida humana y de otras especies.

Diferentes estudios dan cuenta del deterioro que ha ocurrido en el último siglo. El aumento de gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas son una bomba de tiempo que amenaza con el derretimiento de los casquetes polares y con ello, un enorme riesgo sobre países y zonas costeras densamente pobladas. Informes de la ONU y otros organismos han insistido en los efectos que ya comienzan a sentirse, como es el caso del cambio climático.

En nuestro país, se han dado pasos importantes con el fin de mitigar los daños que se producen a la naturaleza, como la ley que eliminó la entrega de bolsas plásticas en las tiendas y supermercados, ya que muchas de ellas terminaban en los ríos o en el mar. O el programa acordado en 2019 para la descarbonización en dos etapas de la matriz energética, de manera que ya se ha iniciado el cierre de plantas termoeléctricas a carbón.

La adopción del programa de reciclaje por parte de los países industrializados fue el resultado de la preocupación ciudadana respecto a la acumulación de desechos, el deterioro de los recursos naturales y la salud pública, y el interés gubernamental sobre la crisis ambiental planetaria.

Hoy como nunca, nuestro planeta está sometido a cambios y desafíos de enorme magnitud, los que son causados por el hombre. El calentamiento global que hemos generado es la mejor prueba de ello. Se han adoptado muchas regulaciones, que tal vez no sean suficientes, pero también es cierto que se ha ido formando conciencia de que debemos cambiar nuestro comportamiento y visión respecto a nuestro entorno. Los efectos del cambio climático ya están en marcha y solo nosotros podemos evitar un colapso aún mayor del medioambiente.

Salud sexual y reproductiva en pandemia

La responsabilidad última de asegurar el acceso a la salud reproductiva de todas las personas, es del Estado
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la saturación sanitaria está llevando a los sistemas de salud a redirigir los recursos de los servicios de salud sexual y reproductiva, limitando el acceso a la planificación familiar; lo que supone un riesgo fundamental para las mujeres, quienes siguen necesitando acceso a métodos contraceptivos y a tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado, durante esta crisis sanitaria, para una atención precisa y de apoyo a las necesidades, protegiendo los derechos de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la seguridad y dignidad, evitando perpetuar normas de género dañinas, discriminatorias y desiguales hacia las mujeres.

Lo cierto es que la sobredemanda en el sistema de salud y priorización de atenciones por Covid-19 afectó la capacidad de respuesta para otro tipo de enfermedades o consultas, entre ellas las de salud sexual y reproductiva.

Investigaciones en la región señalan que las restricciones a la movilización para acudir a los centros de atención producto de las cuarentenas, más el temor de las personas a contagiarse del virus, agravaron el problema de atención. Estos antecedentes coinciden con la información levantada por la Corporación Miles, como la disminución en casi un 51% de atenciones en Salud Sexual y Reproductiva, en relación a períodos Enero-Junio 2019.

En marzo del 2020, Corporación MILES llevó a cabo la 1º Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva en pandemia. Sus resultados arrojaron que 1 de cada 3 personas tuvo problemas para obtener métodos anticonceptivos, siendo la población más afectada los adolescentes entre 13 y 19 años (44%), la mayoría pertenecientes al sistema FONASA y luego, aparecían las jóvenes entre 20 y 29 años.

¿Las razones? Falta de stock (35%) aumento de precio (30%) y temor de visitar centros de salud por riesgo de contagio (29%). Ante tales escenarios, 52% de las personas encuestadas señalaron que no pudieron acceder a métodos anticonceptivos; alrededor de un 20% de los encuestados acudió a otro lugar y una cifra similar, aceptó una marca o medicamento alternativo.

En este contexto es importante enfatizar que la responsabilidad última de asegurar el acceso a la salud reproductiva de todas las personas, pero especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, es del Estado. Este deber y compromiso se encuentra explicitado en los diversos acuerdos internacionales que Chile ha pactado y, además, en las normas de regulación de la fertilidad y en la ley 20.418 que exigen al Estado el cumplimiento en la entrega de anticoncepción y servicios de salud sexual aún en estados de emergencia como el actual, por tanto, el llamado a la ciudadanía es a acudir y solicitar los tratamientos comprometidos para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. Esa es la meta, hoy más que nunca.

Michelle Salazar Lobos Jefe de Carrera, Técnico en Enfermería Gineco-Obstétrica y Neonatal Santo Tomás

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