Correo
Propiedad privada
Los derechos de las personas en una sociedad libre están anclados en la institución de la propiedad. Sin propiedad privada no puede haber derechos ni libertades. Un ejemplo práctico es la facultad de las personas a expresarse libremente, asociarse con otros y participar en los procesos políticos. Si no existiera la propiedad privada, si algún gobierno controlara todos los recursos, ¿cómo podrían los candidatos preparar una campaña electoral? Para comunicar su mensaje, deben arrendar sedes, imprimir folletos y difundir sus propuestas. Por lo que, si el gobierno posee todos los lugares de reunión y administra los medios de difusión, le sería posible impugnar alguna campaña, en especial la de quien sea crítico de este o sus políticas. Si los ciudadanos no tuvieran la propiedad de su propia persona, no habría impedimentos para evitar que el gobierno silenciara a sus opositores, censurándolos o incluso arrestándolos. Sin propiedad, no hay justicia. La libertad de expresión junto con la capacidad de los medios de comunicación para reportar y comentar según sus propias definiciones sin la intervención de los gobiernos constituye una de las mayores protecciones de la sociedad civil. Por lo que debemos ser escépticos frente a aquellos candidatos que propongan condiciones arbitrarias a este derecho fundamental.
Martín Durán
Convención Constituyente y obsolescencia programada
Hace unos días, surgió una idea para intentar una relación entre la instalación y cumplimiento de la Convención Constituyente y un concepto muy utilizado en el diseño de productos: la obsolescencia programada.
Interesante analogía, dado que la Convención Constituyente responde a un proceso de movilización social que, mediante un acuerdo político de por medio, nos obliga a iniciar un proceso de cambio constitucional.
Las expectativas que se tienen de esta Convención son justamente un nuevo ordenamiento constitucional para Chile. Es decir, una nueva Carta Magna que explicite las reglas del juego de aquí a 30 o 40 años: esto es, ni más ni menos, pensar en un nuevo país.
Sin embargo, antes de instalar la Convención, ya existen miradas diversas a cuestiones simbólicas y necesarias como quiénes asisten a su instalación, quién dirige la votación, y otras cuestiones que, siendo importantes, no formarían parte del fondo y objetivo principal, que es conversar, debatir y acordar una nueva Constitución.
Un dato clave, es el periodo acotado de tiempo que tiene la Convención: nueve meses, extendiéndose a 12 si fuera necesario, para presentar a la ciudadanía la propuesta de borrador de una nueva Constitución. Esto claramente implica que existe un tiempo finito para conversar, debatir y acordar esta nueva Constitución, incorporando en el seno mismo de la Convención el concepto de obsolescencia programada, es decir, un periodo de vida útil limitado para el cumplimiento de su propósito.
El peligro que puede surgir es que la Convención no cumpla su propósito, que no pueda conversar, debatir y menos acordar un nuevo texto. Con todo, el peligro mayor, es justamente la incapacidad para poner al país primero y que tienda a concentrarse en cuestiones que, quizá siendo importantes, desvíen la atención del propósito principal como es acordar una nueva Carta Magna. No se trata de restar importancia a temas ni debates, pero la capacidad de visualizar al país primero debe permitirnos contar con la capacidad de relevar los acuerdos por encima de todo, no a cualquier costo, por cierto.
Lo que se inicia el 4 de julio es tan importante, que necesitamos un país donde tengamos cabida todos y todas, donde la exclusión y la arrogancia queden atrás y seamos capaces de repensar Chile, con el agradecimiento a quienes se movilizaron para hacer posible este proceso, como también a quienes conforman la Convención Constituyente y pondrán al país primero.
Luis Martínez Cerna, director Administración Pública, UCEN
Conmemoración modo Covid
El 27 de junio de 2017 la ONU instauró el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) como un reconocimiento al impacto que tienen estas organizaciones en la creación de empleo y crecimiento económico.
Estas entidades crean el 70% del empleo y cerca de un 50% del Producto Interno Bruto mundial (PIB), siendo un pilar clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el trabajo y crecimiento económico. En Chile corresponden a más del 50% de las empresas formalmente constituidas, generando el 53% del empleo y aportando el 17% del PIB nacional.
Por ello, es urgente no tan solo potenciar las medidas de apoyo de las autoridades, sino también buscar soluciones acordes a la situación sanitaria para responder a la brevedad a la necesidad de apertura del comercio, pues si estas fundamentales organizaciones no cuentan con ingresos, cualquier ayuda nunca será suficiente para evitar despidos y quiebras.
Ricardo Durán , UDLA