Junto con las medidas del Plan Paso a Paso, que buscan frenar la movilidad de las personas en aquellas zonas con mayores niveles de contagio de covid-19, el exitoso proceso de vacunación desarrollado en nuestro país es el principal responsable en el control de la pandemia, que por estos días ha llegado a los números más bajos desde la llegada del virus Sars-CoV-2 a Chile.

Si bien en un comienzo la inmunización fue pensada para los grupos de mayor riesgo, principalmente las personas de más edad, lo cierto es que los nuevos desafíos para hacerle frente al covid-19 y sus nuevas variantes implican, necesariamente, inmunizar a toda la población.

Y en ese desafío había un segmento que estaba fuera del plan de vacunación: los niños.

Sin embargo, los estudios al respecto ya van avanzados, especialmente para el tramo que va desde los 3 a los 11 años y, de obtener resultados positivos, en septiembre u octubre podrían iniciarse las inoculaciones en ese grupo etario en nuestro país.

La campaña aún se encuentra en fase experimental, pero el centro de investigación de Butantan, en Brasil, ya cuenta con antecedentes que permitirían incluir a los menores en el calendario, ya que ha mostrado muy buenos resultados con Coronavac, fórmula del laboratorio Sinovac. En Chile, en tanto, hay tres laboratorios que están ensayando este tipo de vacunas: Moderna, Pfizer y Sinovac.

Por ello, en caso de ser positivos todos los resultados y solo luego que la vacuna para ese segmento sea aprobada por el Instituto de Salud Pública, podría comenzar la inoculación de los niños. Proceso elemental si se quiere controlar una pandemia que al día de hoy en Chile ha registrado más de un millón 600 mil contagios y cobra casi 36 mil víctimas fatales confirmadas.

El Informe de Finanzas Públicas recientemente entregado por la Dirección de Presupuestos contiene un escenario fiscal para el 2021 altamente deficitario producto de las medidas fiscales de ayuda en el contexto del Covid-19 pero que posteriormente entraría en una senda de convergencia hasta el 2025. Esta senda considera una importante caída del gasto público en 2022 y un posterior crecimiento nulo hasta 2025. La significativa reducción del gasto fiscal estimada para 2022 (-19,6%) se enmarca en la necesidad de retirar el inédito y transitorio estímulo fiscal generado en el contexto del Covid19, de la mano de un mejor escenario sanitario y económico, y es coherente con lo acordado en junio del 2020 en el marco del Plan de Emergencia entre el Gobierno y la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso. Dada la casi extinción del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) hacia fines de este año, todo desembolso adicional al ya considerado deberá ser financiado con nueva deuda. En la discusión pública ya se escuchan peticiones de mayor gasto como son la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y el masivo subsidio a la contratación requerido para hacer resurgir la inversión y la creación de empleo . Escenarios alternativos de mayor gasto fiscal muestran la importancia de contener estas presiones para que la deuda se estabilice en niveles cercanos al 40% del PIB. Un mayor gasto que el considerado para el 2022 y años siguientes podría llevar a la deuda a acercarse al 70% hacia 2025, sin signos de estabilización. Un escenario de continuo crecimiento de la deuda pública terminará impactando la capacidad de financiamiento, no sólo del Gobierno, sino también de las empresas y de las familias. Seguir endeudándonos implica que se destinarán cada vez más recursos públicos para hacer frente al pago de intereses cada vez más altos, por una deuda -cada vez más elevada-, y no podrán ser destinados a otros gastos como a ayudar a los más vulnerables (pensiones, salud, educación o vivienda). Ha sido justamente esta dinámica la que ha llevado a aumentar los recursos fiscales destinados al pago de intereses desde US$ 840 millones en 2008 (0,5% del PIB) a cerca de US$ 3.000 millones en 2021 (1% del PIB) y, si las condiciones de crédito se mantienen, llegaría a gastar cerca de US$ 4.000 a 4.500 millones en 2025. También surge la inquietud por la debilidad en que quedarán las arcas fiscales una vez superada esta crisis. Terminar con un FEES prácticamente sin recursos implica que ya no se cuenta con un "salvavidas" al cual echar mano en caso de necesitar elevados recursos públicos para financiar alguna situación futura imprevista, como una crisis internacional u otra pandemia. Urge avanzar en la generación de más ingresos fiscales para destinarlos hacia las nuevas prioridades que se vayan instalando por la vía del fomento del crecimiento económico; la eliminación de gastos ineficientes, duplicados o innecesarios; la eliminación de exenciones tributarias coherente con el informe de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad; y la reducción de la elevada evasión y elusión de impuestos.

Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble

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