Justicia ordena allanar locales del partido que gobierna Perú
IRREGULARIDADES. El Ministerio Público irrumpió en inmuebles de Perú Libre y su fundador, Vladimir Cerrón, en una investigación por lavado de activos.
Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Perú (PNP) allanaron durante la última jornada varios inmuebles del partido Perú Libre y de su fundador y secretario general, Vladimir Cerrón, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que persigue a esta formación política marxista, con la que el presidente Pedro Castillo ganó las recientes elecciones.
A través de una resolución judicial, difundida por varios medios peruanos, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido fiscal y ordenó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes en siete locales vinculados a Perú Libre.
Entre estos inmuebles figura el domicilio del líder y fundador del partido, el médico Vladimir Cerrón, quien cumple actualmente una condena de 4 años de prisión suspendida (sin cárcel) por un delito de corrupción que cometió cuando era gobernador de la región centro andina de Junín, entre 2011 y 2014.
El operativo, según detalla la resolución, busca "hallar información financiera contable consistente" de Perú Libre desde 2008, dentro de la investigación del caso denominado "Los dinámicos del centro", que indaga la presunta financiación ilegal del partido a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.
Cerrón y otros miembros del partido son investigados por la presunta comisión "del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal en agravio del Estado".
El caso de abrió en 2019 y el año pasado la fiscal Bonnie Bautista decidió incluir a Cerrón en las indagaciones después de analizar un informe de la Procuraduría, que se basó en transcripción de audios así como las declaraciones de colaboradores eficaces. En esos testimonios fue señalada la presunta comisión de delitos del exgobernador.
Compleja indagatoria
Según la tesis del fiscal Richard Rojas a cargo del allanamiento, Cerrón habría liderado esta red de cobros ilegales para financiar las campañas electorales de su partido y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente y que le impidió ser candidato presidencial.
Además de Cerrón, en esta pesquisa también están involucrados otros dirigentes del partido oficialista, entre ellos el primer ministro Guido Bellido, quien supuestamente habría sido uno de los beneficiarios de ese dinero de procedencia ilícita en la última campaña electoral, donde resultó electo como congresista por la región andina de Cusco.
Hasta el momento hay 27 detenidos y según el medio peruano El Comercio, además del presunto lavado de activos, los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
Por su parte, Rafael Vela, fiscal superior de lavado de activos y quien está a cargo en segunda instancia del caso, dijo a El Comercio que se trata de una indagación "muy compleja, donde hay información muy importante de las actividades criminales previas que han sido informadas por parte de la fiscal Bonnie Bautista", sobre el financiamiento irregular del partido Perú Libre.
Por su parte, el abogado de Cerrón, Josué Gutiérrez, reclamó "instrumentalización del Ministerio Público y el Poder Judicial para la "criminalización de la política".
"Volvemos a la canibalización política", arremetió.
Perú pide a Chile ampliar cargos contra Fujimori
El Gobierno de Perú oficializó la solicitud a la Justicia chilena para ampliar los cargos de extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que también sea procesado por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, durante su gestión gubernamental. Aunque Fujimori cumple una condena de 25 años en Perú, el país realiza la solicitud porque Chile autorizó su extradición en 2007, tras detenerlo en 2005 cuando intentaba huir.