Apenas tres meses de vigencia le queda a la Ley de Servicios Básicos, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, como la continuidad del suministro y la suscripción de planes de pago para quienes no puedan cumplir con sus cuentas debido a la pandemia.

Hay un tema de fondo, que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso, lo que podría transformarse en algunos casos en compromisos casi impagables.

A mediados de 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas distribuidoras a fin de no interrumpir el suministro en casos de morosidad. La iniciativa no representaba una condonación, pues luego debería repartirse lo postergado en 12 meses, lo cual significaría un aumento en las cuentas futuras de los usuarios. Inicialmente, la medida estaría vigente mientras durara el Estado de Excepción, pero en el último aplazamiento se acordó prorrogarla hasta diciembre.

No obstante, los alcaldes de variados municipios han planteado que esta fórmula ha generado un alto endeudamiento de los hogares, ya que las cuentas no se han condonado, sino que se han prorrogado, lo que significa que al terminar la vigencia de la medida, en diciembre, esas familias podrían tener serias dificultades para cumplir sus compromisos.

Las autoridades comunales temen que las empresas distribuidoras suspendan el suministro cuando la ley venza y, además, suban las tarifas. También se ha señalado que la deuda va acumulando intereses, por lo cual han pedido al Ejecutivo que se busquen fórmulas de solución, como condonación o generar un subsidio al servicio eléctrico que permita regularizar las deudas de las familias más vulnerables del país. Asimismo, piden que las empresas concesionarias asuman parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento.

Lo claro es que en pocos meses más se abrirá esta caja de Pandora que puede generar un evidente flanco de tensión de cara a la asunción del bloque que resulte ganador en la elección presidencial.

Hace unos días un grupo de diputados ingresó un proyecto de ley que busca prohibir en los currículums vitae, especificar aspectos que se consideran discriminadores en los procesos de selección de personal. Entre ellos, el colegio donde estudió el postulante, la comuna de residencia, la fotografía o documentos que aludan a sus características físicas y la identidad de género, si es que la naturaleza del cargo no lo requiere. Si bien esta práctica ha sido implementada por la Alta Dirección Pública, llevarla a un status legal resulta interesante, estratégico y muy necesario de implementar ya no solo en el ámbito público sino también en el mundo privado.

La iniciativa de los diputados apunta a normar aspectos que promueven la comprensión de las organizaciones como espacios donde se respeten en concreto los derechos fundamentales; y transformarlas en generadoras de una sociedad más justa y equitativa. También posibilita que las organizaciones hagan foco en sus trabajadores en lo que realmente importa; el desempeño y las variables que inciden directamente en él, como la formación, la experiencia y las competencias. Sin embargo, la promulgación de una ley, claramente no es suficiente para terminar con la discriminación. Tampoco lo es la implementación de "currículums ciegos" para seleccionar, omitiendo datos como el sexo, la edad, la etnia y la nacionalidad, para que los reclutadores no discriminen por estas variables y se puedan concentrar en lo verdaderamente importante. Acabar con la discriminación exige un cambio más profundo.

Veamos las cosas desde la otra vereda. La selección, como proceso de gestión de personas, es un acto discriminatorio, pero cuya vocación es positiva: se busca un calce que beneficie tanto a la persona que ingresa como a la organización que la requiere, enfocado en las competencias necesarias para al rol y la cultura de la organización. En este sentido, los procesos de selección parten -o deben partir- de la base de que todos deben tener la opción de ser seleccionados y el postulante que se queda con el puesto, es el mejor dentro de ese grupo en particular. Quizás este es un punto clave: cómo aseguramos que efectivamente, todo postulante tuvo la misma opción de ser seleccionado para el trabajo en cuestión. Es la lógica detrás de los "currículums ciegos" y de otras medidas que se podrían tomar para asegurar la igualdad de oportunidades.

Implementar una medida que busca limitar legalmente la información del currículum, puede dar pie a otras acciones en contra de la equidad y la diversidad; esto es, que las organizaciones comiencen a buscar otros medios para atraer a los postulantes que cumplan con sus expectativas, como, por ejemplo, redes endogámicas (amigos y conocidos de tal o cual colegio o universidad), lo que sabemos es una práctica que se utiliza y, en algunos grupos sociales y estamentos genera verdaderos ghetos organizacionales.

Rosa Osorio Morales Académica Magíster en Dirección y Gestión Pública UCEN

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